Por el Dr. Alan Aldana · Socio fundador de فينفورت للمحامون · Miembro de pleno derecho del Defence Extradition Lawyers Forum
Defensa en procedimientos de extradición ante la Audiencia Nacional, actuaciones ante INTERPOL y coordinación con abogados en México.
Una orden de aprehensión dictada en México puede tener consecuencias inmediatas para quien reside, trabaja o se encuentra de paso en España. La situación suele hacerse visible al viajar, al producirse una detención policial o al conocerse una notificación roja de INTERPOL.
En ese momento surgen preguntas urgentes. ¿Puedo permanecer en libertad mientras se resuelve el procedimiento? ¿Pueden extraditarme si soy español? ¿Qué valor tiene la orden mexicana en España? Y, sobre todo, ¿qué decisiones debo evitar antes de que un abogado examine el expediente?
تسليم المجرمين no es una entrega automática. España debe aplicar el tratado bilateral, respetar las garantías constitucionales y comprobar que se cumplen las condiciones legales. Pero la Audiencia Nacional tampoco celebra un nuevo juicio sobre la culpabilidad de la persona reclamada. Entender esa diferencia es el punto de partida de una defensa eficaz.
Esta guía explica las reglas vigentes para una solicitud de extradición presentada por México a España, las fases del procedimiento y las cuestiones que la defensa debe examinar.
¿Qué tratado regula la extradición entre México y España?
El marco principal es el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal entre España y México, de 21 de noviembre de 1978, en vigor desde el 1 de junio de 1980. Su régimen de extradición sigue vigente, con tres modificaciones relevantes:
- إن Canje de Notas de 1 de diciembre de 1984 precisa los conductos para las solicitudes urgentes de detención preventiva. En España pueden recibirse a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ministerio de Justicia, de la autoridad judicial competente o de INTERPOL.
- إن Protocolo de 23 de junio de 1995, en vigor desde el 1 de septiembre de 1996, modificó las reglas sobre delitos políticos, delitos fiscales, documentación y plazo de entrega.
- إن Segundo Protocolo de 6 de diciembre de 1999, en vigor desde el 1 de abril de 2001, rebajó el umbral de pena a un año, limitó el examen en España de actuaciones propias del proceso mexicano y creó la extradición simplificada con consentimiento.
En lo que el tratado no regula expresamente se aplica la Ley 4/1985, de Extradición Pasiva, según su artículo 1. También deben respetarse la Constitución española y los derechos reconocidos en los tratados internacionales aplicables.
Una precisión útil: el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua de 2006, en vigor desde 2007, sustituyó la parte del instrumento de 1978 dedicada a la asistencia judicial, no el régimen de extradición, que sigue en vigor.
¿Qué debe hacer una persona reclamada por México durante las primeras horas?
Lo más importante es identificar qué medida existe realmente y evitar decisiones que perjudiquen la defensa.
1. Contar con abogado desde el inicio. Antes de declarar sobre los hechos investigados en México, conviene conocer la documentación disponible y las consecuencias de cualquier manifestación.
2. Determinar el origen de la reclamación. Una investigación penal, una orden de aprehensión, una notificación roja, una solicitud urgente de detención y una solicitud formal de extradición no son lo mismo. Cada instrumento exige una respuesta jurídica distinta.
3. Revisar la documentación mexicana. Hay que comprobar qué juez dictó la orden, por qué hechos, en qué fecha, si sigue vigente y si existen recursos o amparos que hayan alterado su eficacia. En el sistema mexicano, la orden de aprehensión la dicta el juez de control a solicitud del Ministerio Público cuando este advierte necesidad de cautela (artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales).
4. Preparar la defensa de la libertad personal en España. La vivienda, el trabajo, la residencia regular, la familia, la situación de salud y otros vínculos comprobables son relevantes al pedir la libertad provisional o medidas alternativas a la prisión.
5. Coordinar desde el principio a los abogados de los dos países. La oposición en España debe tener en cuenta lo ocurrido en México, aunque las cuestiones de fondo del proceso mexicano no puedan volver a discutirse libremente ante la Audiencia Nacional.
En una firma boutique como la nuestra, esta primera fase la dirige personalmente un socio. Prestamos defensa en procedimientos de extradición ante la Audiencia Nacional y trabajamos de forma habitual con abogados mexicanos que conocen de primera mano la investigación y las resoluciones de origen. Esa coordinación permite contrastar la documentación, evitar contradicciones y asignar cada actuación a la jurisdicción que corresponde.
¿Cómo se tramita una extradición solicitada por México?
El procedimiento español combina intervención judicial y decisiones del Gobierno.
1. Detención y primer control judicial
En los casos de detención preventiva urgente, la persona debe ser puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción de guardia en un plazo máximo de 24 horas (artículo 8 de la Ley 4/1985).
El juez examina la situación y puede acordar prisión provisional o libertad con medidas para evitar la fuga: retirada del pasaporte, presentaciones periódicas, limitación de desplazamientos o fianza. La prisión no es una consecuencia inevitable de toda reclamación.
2. Recepción de la solicitud formal
Si México pidió una detención preventiva, debe enviar después la solicitud formal con la documentación del artículo 15 del tratado. Según el artículo 19, la detención preventiva puede levantarse si esos documentos no se reciben en 45 días, y en ningún caso puede exceder de 60 días en esa fase.
Estos plazos no son la duración total de la extradición. Tras la formalización deben examinarse por separado los plazos y garantías de la Ley 4/1985, en particular su artículo 10, y la necesidad de mantener cualquier privación de libertad.
3. Intervención del Gobierno
El Ministerio de Justicia tramita la petición y eleva una propuesta motivada al Gobierno, que decide si el asunto continúa en vía judicial. El artículo 9 de la Ley 4/1985 fija plazos breves para esta fase.
4. Comparecencia ante el Juzgado Central de Instrucción
Acordada la continuación judicial, el reclamado comparece con abogado y, si es necesario, con intérprete. Se le pregunta si consiente la extradición o se opone a ella (artículo 12 de la Ley). Es una decisión de especial importancia, porque el consentimiento modifica el procedimiento y elimina la protección de la regla de especialidad.
5. Vista ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
Si hay oposición, la Sala celebra una vista y examina los requisitos de la entrega. La prueba admisible se limita a las condiciones del tratado y de la ley, no al enjuiciamiento de los hechos atribuidos en México (artículo 14 de la Ley).
La Sala resuelve por auto motivado. Contra él cabe recurso de súplica ante el Pleno de la Sala de lo Penal (artículo 15 de la Ley).
6. Decisión definitiva y entrega
Si la resolución judicial firme deniega la extradición, no puede concederse. Si la declara procedente, el Gobierno conserva la facultad de denegarla por las razones que prevé la ley (artículos 6 y 18).
Cuando se concede, el tratado fija un plazo de 60 días para la entrega desde que México recibe la comunicación, con reglas sobre fuerza mayor, aplazamientos y puesta en libertad si la entrega no se produce (artículo 21, en la redacción del Protocolo de 1995).
¿Por qué causas puede denegarse una extradición a México?
La defensa debe identificar los límites que el tratado y la ley imponen a los hechos y a la persona reclamada. Los principales son:
- Doble incriminación y gravedad mínima. Los hechos deben estar castigados en los dos países con pena privativa de libertad cuyo máximo no sea inferior a un año. Si se pide cumplir una condena, deben quedar al menos seis meses pendientes. El artículo 2.3 permite extender la extradición a hechos que, por sí solos, no alcancen el umbral cuando se reclaman junto a otros que sí lo alcanzan.
- Delitos políticos y persecución encubierta. El tratado excluye los delitos políticos, aunque la sola alegación de un motivo político no basta para calificar así un delito (artículo 4.1, en la redacción de 1995). Y prohíbe la extradición cuando una solicitud por delito común se presenta para perseguir o castigar a una persona por su raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o cuando su situación pueda agravarse por esos motivos (artículo 4.2). No basta con afirmar la persecución: hay que aportar elementos objetivos.
- Prescripción y extinción de la responsabilidad penal. El artículo 10 remite a la legislación de cualquiera de las dos partes. El cálculo exige revisar fechas, normas penales, actos de interrupción y naturaleza de los hechos.
- Cosa juzgada. El artículo 9 impide la extradición cuando la persona ya fue juzgada en España por los mismos hechos.
- Competencia de los tribunales españoles. El artículo 8 permite denegar la entrega cuando corresponde a España conocer del delito.
- Condenas dictadas en ausencia. El artículo 11 exige garantías de audiencia y de recurso, que se valoran junto con la protección prevista en la ley española.
- Riesgos para los derechos fundamentales. Un riesgo real e individualizado de tortura o de tratos inhumanos o degradantes se examina conforme a la Constitución, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 4.6 de la Ley 4/1985. Tampoco se concede la extradición para ser juzgado por un tribunal de excepción (artículo 13 del tratado).
El tratado también alcanza a los delitos fiscales y aduaneros. Desde el Protocolo de 1995, no cabe descartar una extradición solo porque el hecho sea de naturaleza tributaria o porque los dos países regulen los impuestos de forma distinta (artículo 6). Debe analizarse la doble incriminación y el resto de los requisitos.
¿Puede España extraditar a una persona con nacionalidad española?
Sí, en determinadas circunstancias. Es una de las cuestiones que más confusión genera.
El artículo 3 de la Ley 4/1985 prohíbe con carácter general la extradición de españoles. Pero el artículo 7 del tratado con México, que se aplica con preferencia en lo que regula expresamente, permite a cada Estado denegar la entrega de sus nacionales. Es una facultad, no un impedimento automático.
El Tribunal Constitucional lo ha confirmado. En la STC 87/2000, de 27 de marzo, denegó el amparo a un ciudadano español cuya extradición a Italia había sido declarada procedente al amparo de un convenio que, como el mexicano, permite pero no obliga a denegar la entrega de nacionales. El Tribunal recordó que la ley de extradición tiene carácter supletorio respecto de los tratados y que la Constitución solo prohíbe la extradición por delitos políticos (artículo 13.3), de modo que la protección del nacional deriva de la ley y cede ante lo que el tratado disponga. La STC 102/2000, de 10 de abril, reiteró esa doctrina.
En la práctica, la Audiencia Nacional pondera el arraigo personal y familiar, la relación con México, la gravedad de los hechos, el lugar donde están las pruebas y la posibilidad real de celebrar el juicio en España. La nacionalidad española es un argumento relevante que debe prepararse documentalmente, pero no garantiza por sí sola la denegación de la entrega. Y si la extradición se deniega por razón de nacionalidad, el eventual enjuiciamiento en España depende de sus propios presupuestos: no se produce de forma automática.
¿Puede la Audiencia Nacional revisar las pruebas de la investigación mexicana?
No del mismo modo que el juez penal de México.
La extradición es un procedimiento de cooperación sobre una causa penal seguida en otro Estado. La Audiencia Nacional comprueba los presupuestos de la entrega, la documentación exigible y las garantías que deben respetarse. No decide si el reclamado es culpable o inocente.
Este límite tiene especial importancia en el tratado con México. El Protocolo de 1995 suprimió la exigencia de que la resolución judicial remitida mostrara indicios racionales de la comisión del delito. El Segundo Protocolo añadió al artículo 15 dos apartados que restringen la reiteración en España de motivos de oposición propios del proceso mexicano y la valoración de determinadas actuaciones judiciales del Estado requirente.
Esas previsiones no eliminan el control de los derechos fundamentales. Una orden judicial inexistente o anulada, deficiencias documentales relevantes, una reclamación discriminatoria acreditada o un riesgo individualizado para la integridad personal exigen una valoración distinta de la simple discrepancia sobre la prueba de cargo.
En la práctica, la estrategia exige separar dos trabajos: impugnar en México las cuestiones propias de su proceso penal y plantear en España las causas de oposición y las garantías que son examinables en una extradición.
¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional sobre el control de la solicitud?
La jurisprudencia constitucional exige una motivación especialmente cuidadosa cuando la extradición afecta a la libertad personal y a otros derechos fundamentales.
إن STC 147/2020, de 19 de octubre, anuló una extradición a Colombia que descansaba en un escrito de acusación de la fiscalía, después de que la resolución judicial de detención hubiera quedado sin efecto. La STC 147/2021, de 12 de julio, aplicó el mismo criterio a una reclamación de Angola, país sin tratado con España.
Después, el Pleno precisó en la STC 17/2024, de 31 de enero, que el control debe atender al tratado concreto, a la imparcialidad de la autoridad de origen y a la información disponible sobre la necesidad y la proporcionalidad de la entrega. El Tribunal añadió que la obligación de depurar deficiencias «fácilmente detectables o que hayan sido oportunamente alegadas» exige también un esfuerzo de alegación a quien se opone. La STC 36/2024, de 11 de marzo, siguió esa orientación.
La enseñanza práctica es clara: las decisiones constitucionales no se trasladan de forma mecánica de un país a otro. En cada extradición hay que examinar el texto del tratado y el título judicial concreto que sostiene la reclamación. Para profundizar, puede consultar nuestro análisis sobre las garantías constitucionales en las extradiciones entre España y Colombia.
¿Conviene consentir una extradición a México?
No existe una respuesta válida para todos los casos.
El artículo 19 bis, introducido por el Segundo Protocolo, permite simplificar la extradición cuando la persona reclamada consiente. Pero dispone expresamente que en esos casos no se aplica la regla de especialidad.
Esa regla protege frente al procesamiento, el enjuiciamiento o el cumplimiento de pena por hechos anteriores y distintos de los que motivaron la entrega, salvo las excepciones del tratado (artículo 17). Renunciar a ella puede tener consecuencias graves si existen causas paralelas o investigaciones adicionales en México.
Antes de consentir deben conocerse el alcance de la solicitud, las causas abiertas, el título judicial de origen y las consecuencias de la decisión. Conviene distinguir, además, la especialidad del régimen de reextradición a terceros países, que exige el consentimiento de España (artículo 18).
¿Qué ocurre si hay una notificación roja de INTERPOL?
A notificación roja no es por sí misma una orden de detención internacional. Es una solicitud de localización y detención provisional dirigida a las policías de los países miembros. Las autoridades españolas actúan conforme a sus normas y bajo control judicial.
Si la reclamación se relaciona con INTERPOL, debe distinguirse el procedimiento de extradición español de la revisión de los datos ante la Comisión de Control de los Ficheros (CCF). La Comisión examina solicitudes de acceso, corrección o supresión de información, pero no decide si una extradición es procedente ni sustituye a la Audiencia Nacional.
En muchos asuntos conviene coordinar ambas vías, en especial cuando la orden mexicana ha cambiado, existe un error de identidad o hay indicios documentados de uso indebido de los canales de cooperación policial. Puede conocer nuestra práctica de defensa ante notificaciones rojas de INTERPOL y la CCF.
¿Qué sucede si el reclamado solicita asilo en España?
La protección internacional y la extradición son procedimientos distintos. Cuando existen fundamentos reales de protección, deben analizarse de forma conjunta y sin confundir sus finalidades.
El artículo 4.8 de la Ley 4/1985 impide la extradición de quien tiene reconocida la condición de asilado. Además, el artículo 19.2 de la Ley 12/2009 establece que la solicitud de protección internacional suspende, hasta la decisión definitiva, la ejecución del fallo de cualquier proceso de extradición pendiente.
Solicitar asilo no supone obtener la libertad ni constituye, por sí solo, prueba de persecución política. Requiere fundamentos y documentación propios, y debe usarse con responsabilidad.
Defender una extradición entre España y México exige trabajar en los dos países
La documentación que llega a la Audiencia Nacional procede de un proceso penal mexicano. Para entenderla hay que conocer las competencias de los jueces de control, la actuación de las fiscalías federales o estatales, la validez de las órdenes de aprehensión y los recursos disponibles en origen.
Desde Caracas y Madrid, en VENFORT Abogados conocemos de primera mano cómo funcionan los procesos penales en América Latina y cómo se valoran en España. Los abogados que intervienen en México examinan las actuaciones de aquella jurisdicción; nuestro equipo en España prepara la defensa de la extradición, las medidas sobre libertad personal y los argumentos ante la Audiencia Nacional. Cuando procede, los abogados en México pueden discutir la legalidad de la orden de aprehensión mediante el juicio de amparo indirecto, conforme a la Ley de Amparo.
Esta forma de trabajo es especialmente importante en procedimientos vinculados con investigaciones económicas, controversias empresariales que han adquirido dimensión penal, delitos patrimoniales o alegaciones de instrumentalización del proceso. La coordinación no significa que todas las causas sean abusivas: significa que cada afirmación debe contrastarse y sostenerse con documentos.
La persona reclamada necesita una defensa que sepa qué puede discutirse en España, qué debe resolverse en México y cómo evitar que las actuaciones en una jurisdicción contradigan las de la otra. En una firma boutique, ese trabajo lo dirige un socio desde el primer día hasta la decisión final.
أسئلة متكررة
¿Tener pasaporte español impide que me extraditen a México?
No de forma automática. El artículo 7 del tratado permite denegar la entrega de nacionales, pero es una facultad que la Audiencia Nacional valora según las circunstancias. El Tribunal Constitucional ha admitido la extradición de españoles cuando el tratado aplicable lo permite.
¿Cuánto tiempo pueden detenerme antes de que llegue la solicitud formal?
El artículo 19 del tratado permite levantar la detención preventiva si la solicitud y los documentos no se reciben en 45 días, y fija un máximo de 60 días para esa fase. No son los plazos totales del procedimiento.
¿Puedo defenderme en libertad mientras se tramita la extradición?
Sí, cuando el juez lo estime procedente. Puede acordar medidas alternativas a la prisión para asegurar la disponibilidad del reclamado. Deben acreditarse las circunstancias personales y el arraigo.
¿Puede la Audiencia Nacional declarar que soy inocente?
No. El procedimiento de extradición no sustituye al proceso penal mexicano. El tribunal español examina los requisitos de la entrega y las garantías exigibles.
¿Puedo aceptar la extradición simplificada y conservar la regla de especialidad?
No. El artículo 19 bis del tratado dispone que esa regla no se aplica cuando la extradición se concede por la vía simplificada con consentimiento. Por eso la decisión exige asesoramiento previo y conocimiento de las posibles causas adicionales en México.
Una estrategia de defensa comienza antes de la decisión de entrega
Una reclamación de México debe examinarse desde sus primeros documentos. El tratado ofrece causas de oposición y garantías, pero ninguna puede valorarse de forma aislada ni promete un resultado.
Cuanto antes se revisa el expediente, más opciones quedan abiertas. La defensa empieza por conocer bien qué se reclama, quién lo reclama y con qué documentos.
Si necesita una evaluación de su situación, puede solicitar una consulta confidencial sobre extradición en España. Para clientes y abogados que prefieran comunicarse en inglés, ofrecemos información sobre nuestra práctica de defensa en extradiciones en España y nuestra práctica de defensa ante notificaciones rojas de INTERPOL.
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عن المؤلف
إن د. آلان ألدانا es socio fundador de VENFORT Abogados, firma boutique internacional con oficinas en Caracas y Madrid. Abogado en ejercicio en España y Venezuela y acreditado ante la Corte Penal Internacional, cuenta con más de veinte años de experiencia en extradiciones, derecho penal económico internacional, notificaciones rojas de INTERPOL y actuaciones ante la Comisión de Control de los Ficheros. Es miembro de pleno derecho del Defence Extradition Lawyers Forum, miembro de la European Criminal Bar Association y de su sección European Fraud and Compliance Lawyers, miembro del Legal Experts Advisory Panel de Fair Trials y director del Comité Venezolano de la World Compliance Association.
Este artículo tiene finalidad informativa y no constituye asesoramiento jurídico individual. Cada procedimiento exige el examen de su documentación y de sus circunstancias particulares.
شريك مؤسس ورئيس قسم القانون الجنائي الدولي في شركة VENFORT للمحاماة. محامٍ معتمد لدى المحكمة الجنائية الدولية، خبرة تزيد عن عشرين عامًا في قضايا تسليم المجرمين، الإجراءات أمام الإنتربول، القانون الجنائي الاقتصادي، والعقوبات الدولية، يقدم المساعدة لرجال الأعمال والمديرين والمؤسسات والعائلات الذين لهم مصالح في أوروبا وأمريكا.
