{"id":4800,"date":"2026-03-26T12:32:04","date_gmt":"2026-03-26T16:32:04","guid":{"rendered":"https:\/\/venfort.com\/?p=4800"},"modified":"2026-03-27T12:32:14","modified_gmt":"2026-03-27T16:32:14","slug":"restitution-of-assets-seized-in-venezuela","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/venfort.com\/en\/restitucion-de-bienes-incautados-en-venezuela\/","title":{"rendered":"The Restitution of Seized Assets in Venezuela: The Silence of the Amnesty Law and the Practical Road Map"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">RESUMEN EJECUTIVO<\/h2>\n\n\n\n<p>La Ley de Amnist\u00eda para la Convivencia Democr\u00e1tica (GO N 6.990, 19\/02\/2026) constituye un instrumento de notable alcance en la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal derivada de 13 episodios de conflictividad pol\u00edtica. Sin embargo, su texto no contempla disposiciones expresas sobre la restituci\u00f3n de bienes incautados, expropiados o sometidos a medidas cautelares reales, lo que representa una laguna jur\u00eddica de primer orden para quienes sufrieron afectaciones patrimoniales en ese contexto. En este art\u00edculo, el Dr. Alan Aldana analiza el texto legal vigente art\u00edculo por art\u00edculo, identifica los instrumentos jur\u00eddicos que sustentaron las privaciones de bienes, y desarrolla la hoja de ruta pr\u00e1ctica \u2014procesal y extrajudicial\u2014 disponible para los afectados y sus representantes legales.<\/p>\n\n\n\n<p>Por: Dr. Alan Aldana<br>Socio Fundador | VENFORT ABOGADOS<br>Especialista en Derecho Penal Internacional y Penal Econ\u00f3mico<br>Acreditado ante la Corte Penal Internacional | Espa\u00f1a y Venezuela<br>Febrero de 2026<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">I. EL CONTEXTO: LA DIMENSI\u00d3N PATRIMONIAL EN LOS PROCESOS DE AMNIST\u00cdA<\/h2>\n\n\n\n<p>En los procesos de amnist\u00eda derivados de per\u00edodos de alta conflictividad pol\u00edtica, la dimensi\u00f3n patrimonial suele quedar en segundo plano frente a la discusi\u00f3n sobre la libertad personal. Sin embargo, desde la perspectiva del derecho penal econ\u00f3mico, las consecuencias sobre el patrimonio de los afectados son frecuentemente las m\u00e1s duraderas y las de mayor impacto pr\u00e1ctico en la vida de personas, familias y empresas.<\/p>\n\n\n\n<p>En Venezuela, un n\u00famero significativo de personas que enfrentaron procesos penales en el marco de los episodios pol\u00edticos contemplados en la ley perdieron o vieron restringido su patrimonio: inmuebles, veh\u00edculos, cuentas bancarias, participaciones empresariales, licencias y activos de distinta naturaleza fueron objeto de medidas cautelares reales, procesos de extinci\u00f3n de dominio o actuaciones administrativas. Muchos de estos afectados nunca fueron privados de libertad, pero el impacto econ\u00f3mico de esas medidas ha persistido hasta hoy.<\/p>\n\n\n\n<p>La Ley de Amnist\u00eda del 19 de febrero de 2026 representa un avance significativo en materia de extinci\u00f3n de responsabilidad penal. No obstante, su alcance en la dimensi\u00f3n patrimonial presenta vac\u00edos importantes que conviene identificar con precisi\u00f3n t\u00e9cnica, a fin de que los afectados y sus representantes legales puedan determinar las v\u00edas de acci\u00f3n disponibles.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">II. LO QUE DICE \u2014Y LO QUE CALLA\u2014 LA LEY DE AMNISTIA<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">A. Lo que la ley S\u00cd hace: extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal<\/h3>\n\n\n\n<p>El art\u00edculo 10 de la ley es su disposici\u00f3n m\u00e1s potente. Establece que con la amnist\u00eda se extinguen de pleno derecho todas las acciones penales, disciplinarias o civiles relacionadas con los hechos amnistiados, en cualquier estado y grado del proceso, incluyendo las solicitudes de extradici\u00f3n. Cesan las medidas de coerci\u00f3n personal, las alternativas a la privaci\u00f3n de libertad y cualquier otra medida acordada.<\/p>\n\n\n\n<p>A este efecto se suman los art\u00edculos 13 y 14: los \u00f3rganos policiales y militares deben dar por finalizadas las averiguaciones y eliminar registros y antecedentes. Las circulares internacionales de aprehensi\u00f3n deben dejarse sin efecto de inmediato.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">B. Lo que la ley guarda silencio: el patrimonio<\/h3>\n\n\n\n<p>Una revisi\u00f3n articulada del texto completo revela una ausencia total de menciones a bienes, patrimonio, activos, cuentas, inmuebles, veh\u00edculos, empresas, acciones, licencias, permisos, medidas cautelares reales, embargos preventivos, prohibiciones de enajenar y gravar, secuestros de bienes o restituci\u00f3n de cualquier tipo.<\/p>\n\n\n\n<p>Tampoco contiene disposici\u00f3n alguna sobre: inhabilitaci\u00f3n pol\u00edticas para ejercer cargos p\u00fablicos, sanciones a medios de comunicaci\u00f3n clausurados, indemnizaci\u00f3n por perjuicios patrimoniales, creaci\u00f3n de comisi\u00f3n de verdad y reparaci\u00f3n, ni mecanismos de compensaci\u00f3n del Estado.<\/p>\n\n\n\n<p><em>NOTA TECNICA: La extinci\u00f3n de la acci\u00f3n civil prevista en el Art. 10 se refiere \u00fanicamente a las acciones surgidas de los hechos delictivos amnistiados \u2014es decir, las reclamaciones civiles derivadas del il\u00edcito penal extinguido\u2014, no a las privaciones patrimoniales que tuvieron su fundamento aut\u00f3nomo en instrumentos como la Ley de Extinci\u00f3n de Dominio, la Ley contra la corrupci\u00f3n o medidas cautelares dictadas en investigaciones separadas.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">C. Cuadro comparativo: lo pedido vs. lo aprobado<\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>LO QUE PIDIERON LAS ORGANIZACIONES<\/strong><\/td><td><strong>LO QUE APROBO LA ASAMBLEA NACIONAL<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Restituci\u00f3n de bienes incautados (PROVEA)<\/td><td>No incluido. Silencio absoluto.<\/td><\/tr><tr><td>Levantamiento inmediato de prohibiciones de enajenar y gravar (PROVEA)<\/td><td>No incluido. Las medidas reales subsisten.<\/td><\/tr><tr><td>reincorporaci\u00f3n a puestos de trabajo (PROVEA)<\/td><td>No incluido.<\/td><\/tr><tr><td>rehabilitaci\u00f3n de inhabilitados pol\u00edticos (PUD)<\/td><td>No incluido. Las inhabilitaciones siguen vigentes.<\/td><\/tr><tr><td>Reapertura de medios clausurados (Plataforma Unitaria)<\/td><td>No incluido.<\/td><\/tr><tr><td>Indemnizaci\u00f3n por perjuicios (m\u00faltiples ONG)<\/td><td>No incluido.<\/td><\/tr><tr><td>Comisi\u00f3n de la Verdad con arbitraje internacional ( Evans)<\/td><td>No incluido.<\/td><\/tr><tr><td>Derogaci\u00f3n de la Ley de Extinci\u00f3n de Dominio (Foro Penal)<\/td><td>No incluido. La ley sigue vigente.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">III. LOS INSTRUMENTOS LEGALES QUE SUSTENTARON LAS PRIVACIONES PATRIMONIALES<\/h2>\n\n\n\n<p>Para plantear cualquier acci\u00f3n de restituci\u00f3n, es imprescindible identificar con precisi\u00f3n el instrumento jur\u00eddico bajo el cual se produjo la privaci\u00f3n. En Venezuela operaron al menos seis r\u00e9gimen es legales distintos:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. Ley Org\u00e1nica de Extinci\u00f3n de Dominio (GO N 6.745 \u2014 28\/04\/2023)<\/h3>\n\n\n\n<p>Este instrumento permite al Estado extinguir el derecho de dominio sobre bienes sin necesidad de condena penal previa, bastando la presunci\u00f3n de origen o destinaci\u00f3n il\u00edcita. El proceso es aut\u00f3nomo e independiente del proceso penal, lo que significa que la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por amnist\u00eda NO arrastra autom\u00e1ticamente la extinci\u00f3n del proceso de dominio.<\/p>\n\n\n\n<p>Este es el riesgo m\u00e1s grave para afectados que se acojan a la amnist\u00eda: pueden recuperar su libertad y limpiar sus antecedentes, pero el proceso de extinci\u00f3n de dominio sobre sus bienes seguir\u00e1 su curso ante el tribunal especializado correspondiente, a menos que se impulse expresamente su terminaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. Medidas cautelares reales en procesos penales<\/h3>\n\n\n\n<p>El C\u00f3digo Org\u00e1nico Procesal Penal (COPP) permite al fiscal y al juez de control dictar medidas cautelares sobre bienes: embargo preventivo, secuestro de bienes, prohibici\u00f3n de enajenar y gravar, inmovilizaci\u00f3n de cuentas. Estas medidas son instrumentales al proceso penal: si el proceso se extingue por amnist\u00eda (Art. 10 de la ley), en principio las medidas reales deben cesar.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, la ley no lo dice expresamente, y la pr\u00e1ctica indica que los jueces exigen solicitud formal de parte para levantar cada medida individualmente, con el riesgo de que algunos tribunales interpreten que la extinci\u00f3n es solo de la acci\u00f3n penal propiamente dicha y no de sus medidas accesorias.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. Ley contra la corrupci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p>El art\u00edculo 9 de la Ley de Amnist\u00eda excluye expresamente los delitos previstos en la Ley contra la corrupci\u00f3n. Esto tiene una consecuencia patrimonial directa y cr\u00edtica: quienes fueron investigados o condenados bajo esta ley \u2014incluyendo muchos funcionarios, empresarios y contratistas p\u00fablicos acusados por motivos pol\u00edticos\u2014 no pueden acogerse a la amnist\u00eda, y por lo tanto sus bienes confiscados tampoco se ven afectados por ella.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta es la exclusi\u00f3n m\u00e1s amplia en t\u00e9rminos patrimoniales, dado que la corrupci\u00f3n fue el delito est\u00e1ndar utilizado para perseguir a opositores pol\u00edticos con apariencia de legalidad.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4. Inhabilitaci\u00f3n para ejercer el comercio<\/h3>\n\n\n\n<p>La condena por ciertos delitos en Venezuela lleva aparejada, como pena accesoria, la inhabilitaci\u00f3n para ejercer el comercio, la industria o el ejercicio profesional por tiempo determinado. Aunque la amnist\u00eda extingue la pena principal, la ley no establece expresamente si las penas accesorias tambi\u00e9n quedan extinguidas, lo que genera incertidumbre para quienes perdieron permisos, licencias o habilitaciones profesionales.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">5. Medidas administrativas sobre empresas<\/h3>\n\n\n\n<p>Durante los a\u00f1os de chavismo, el SENIAT, el INDEPABIS, la Superintendencia de Bancos y otros organismos dictaron medidas administrativas sobre empresas: cierres temporales, intervenciones, suspensi\u00f3n de licencias, multas administrativas. Estas actuaciones tienen una naturaleza administrativa, no penal, por lo que la amnist\u00eda penal no las toca. Requieren acciones contencioso-administrativas separadas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">6. Expropiaciones y nacionalizaciones<\/h3>\n\n\n\n<p>Las expropiaciones formales y las nacionalizaciones del per\u00edodo chavista constituyen el caso m\u00e1s complejo. Son actos de derecho p\u00fablico con fundamento constitucional (Art. 115 CRBV) que establecen la obligaci\u00f3n de indemnizaci\u00f3n justa. La mayor\u00eda de esas indemnizaciones nunca se pagaron o fueron pagadas en condiciones injustas. La amnist\u00eda no menciona este universo, que requiere acciones indemnizatorias ante la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa o arbitraje internacional seg\u00fan el caso.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">IV. HOJA DE RUTA PR\u00c1CTICA: LAS ACCIONES QUE DEBEN ACTIVARSE<\/h2>\n\n\n\n<p>Ante el silencio de la ley, la estrategia jur\u00eddica para la restituci\u00f3n patrimonial debe construirse articulando m\u00faltiples v\u00edas de manera simult\u00e1nea y coordinada. A continuaci\u00f3n, se desarrolla la hoja de ruta que Venfort Abogados recomienda para cada tipo de afectaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">PASO 1 \u2014 Auditor\u00eda patrimonial y clasificaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p>Antes de iniciar cualquier acci\u00f3n, es indispensable realizar un mapeo completo del patrimonio afectado que permita: (i) identificar el instrumento jur\u00eddico que fundamento cada privaci\u00f3n; (ii) clasificar los bienes seg\u00fan si la privaci\u00f3n fue penal, administrativa, civil o de extinci\u00f3n de dominio; (iii) determinar si los hechos que originaron la afectaci\u00f3n est\u00e1n o no cubiertos por la amnist\u00eda; y (iv) localizar los expedientes en los tribunales o entes administrativos correspondientes.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta auditor\u00eda es el punto de partida no negociable. Sin ella, cualquier acci\u00f3n jur\u00eddica corre el riesgo de fundarse en premisas err\u00f3neas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">PASO 2 \u2014 Para bienes afectados por medidas cautelares reales en procesos amnistiados<\/h3>\n\n\n\n<p>Si el proceso penal que sustento la medida est\u00e1 cubierto por los hechos del art\u00edculo 8 de la ley, el mecanismo es el siguiente:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Solicitar formalmente al tribunal de control o de juicio competente el decreto del sobreseimiento por amnist\u00eda, conforme al art\u00edculo 11 de la ley (plazo: 15 d\u00edas continuos).<\/li>\n\n\n\n<li>En la misma solicitud o en escrito separado, pedir expresamente el levantamiento de todas las medidas cautelares reales dictadas en el proceso: embargo, prohibici\u00f3n de enajenar y gravar, secuestro, inmovilizaci\u00f3n de cuentas, y cualquier otra restricci\u00f3n acordada.<\/li>\n\n\n\n<li>Fundamentar esta solicitud en el art\u00edculo 10 de la ley (&#8216;cesan todas las medidas que hayan sido acordadas&#8217;), en el art\u00edculo 242 del COPP (car\u00e1cter instrumental de las medidas cautelares) y en el principio de accesoriedad: la medida real no puede subsistir una vez extinguida la acci\u00f3n principal que le dio vida.<\/li>\n\n\n\n<li>Si el tribunal se niega a levantar las medidas reales al decretar el sobreseimiento, interponer recurso de apelaci\u00f3n ante la Corte de Apelaciones correspondiente, con efecto devolutivo conforme al art\u00edculo 12 de la ley.<\/li>\n\n\n\n<li>Paralelamente, gestionar ante el Registro Inmobiliario, el SENIAT, la Oficina de Registros Mercantiles y dem\u00e1s entes el levantamiento de las anotaciones y m\u00e1rgenes registrales, aportando la sentencia de sobreseimiento como instrumento suficiente.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">PASO 3 \u2014 Para bienes sometidos a Extinci\u00f3n de Dominio<\/h3>\n\n\n\n<p>Este es el escenario m\u00e1s complejo y el que requiere mayor urgencia, dado que el proceso de extinci\u00f3n de dominio es aut\u00f3nomo e independiente del proceso penal. Las acciones son:<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"6\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Comparecer ante el Tribunal Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio con la sentencia de sobreseimiento del proceso penal como elemento de prueba, argumentando que el origen l\u00edcito de los bienes ha quedado demostrado con la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal.<\/li>\n\n\n\n<li>Solicitar la suspensi\u00f3n del proceso de extinci\u00f3n de dominio mientras se tramita la acci\u00f3n de restituci\u00f3n, invocando conexidad de la causa y riesgo de decision contradictoria entre el tribunal penal y el tribunal de extinci\u00f3n de dominio.<\/li>\n\n\n\n<li>Presentar pruebas documentales sobre el origen l\u00edcito de los bienes: declaraciones de renta, facturas de adquisici\u00f3n, contratos de compraventa, estados financieros auditados, registros mercantiles y cualquier otro elemento que acredite la licitud patrimonial.<\/li>\n\n\n\n<li>Si el tribunal de extinci\u00f3n de dominio no paraliza el proceso, acudir a la Sala Constitucional del TSJ en amparo, invocando la vulneraci\u00f3n del derecho a la defensa, al debido proceso y a la propiedad privada (Arts. 49 y 115 CRBV), con medida cautelar innominada para suspender el remate o transferencia de los bienes.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p><em>NOTA TECNICA IMPORTANTE: El proceso de extinci\u00f3n de dominio tiene sus propios lapsos y plazos preclusivos, independientes del proceso penal. La inactividad del afectado puede derivar en la consolidaci\u00f3n definitiva de medidas sobre sus bienes, incluso cuando el proceso penal subyacente haya sido sobrese\u00eddo por amnist\u00eda. La atenci\u00f3n oportuna a estos procesos es indispensable.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">PASO 4 \u2014 Para bienes afectados por la Ley contra la corrupci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p>Al estar excluidos expresamente de la amnist\u00eda, estos casos requieren una estrategia distinta que no puede apoyarse en la ley del 19 de febrero. Las v\u00edas son:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Revisi\u00f3n de sentencia ante la Sala Penal del TSJ si la condena se bas\u00f3 en pruebas obtenidas ilegalmente o en violaci\u00f3n del debido proceso, invocando el art\u00edculo 49 CRBV y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Venezuela.<\/li>\n\n\n\n<li>Acci\u00f3n de nulidad contencioso-administrativa si la confiscaci\u00f3n tuvo un componente administrativo, ante la Sala Pol\u00edtico-Administrativa.<\/li>\n\n\n\n<li>Peticion ante la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o ante la Comisi\u00f3n de Determinaci\u00f3n de Hechos de la ONU, documentando el car\u00e1cter pol\u00edtico de la persecuci\u00f3n y la desproporci\u00f3n de la medida patrimonial.<\/li>\n\n\n\n<li>Arbitraje internacional si el afectado es un empresario extranjero o socio de empresa con capital extranjero, bajo los tratados bilaterales de inversi\u00f3n (TBI) suscritos por Venezuela o bajo las reglas CIADI.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">PASO 5 \u2014 Para medidas administrativas sobre empresas y licencias<\/h3>\n\n\n\n<p>Las medidas dictadas por entes administrativos (SENIAT, SUDEBAN, INDEPABIS, SUNDECOP y similares) tienen su propia v\u00eda de impugnaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"10\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Recurso de reconsideraci\u00f3n ante el mismo \u00f3rgano que dicto la medida, si a\u00fan est\u00e1 dentro del lapso legal.<\/li>\n\n\n\n<li>Recurso jer\u00e1rquico ante el superior jer\u00e1rquico del \u00f3rgano, si el recurso de reconsideraci\u00f3n fue declarado sin lugar o no fue decidido en el lapso.<\/li>\n\n\n\n<li>Recurso contencioso-administrativo de nulidad ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo competente, si la v\u00eda administrativa se agot\u00f3, con solicitud de amparo cautelar para suspender los efectos del acto impugnado mientras dura el proceso.<\/li>\n\n\n\n<li>En el escrito de nulidad, documentar con precisi\u00f3n el nexo entre la medida administrativa y la persecuci\u00f3n pol\u00edtica del proceso penal sobrese\u00eddo, para fundamentar la desviaci\u00f3n de poder como vicio del acto administrativo.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">PASO 6 \u2014 Para expropiaciones e indemnizaciones impagas<\/h3>\n\n\n\n<p>Las expropiaciones formales son las que presentan mayor complejidad institucional y pol\u00edtica. La hoja de ruta es:<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"14\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Verificar si existi\u00f3 un decreto expropiatorio formal publicado en Gaceta Oficial y si se realiz\u00f3 el aval\u00fao y pago de la indemnizaci\u00f3n justa exigida por el Art. 115 CRBV.<\/li>\n\n\n\n<li>Si el pago no se realiz\u00f3 o fue manifiestamente insuficiente, interponer acci\u00f3n de indemnizaci\u00f3n por expropiaci\u00f3n irregular ante la Sala Pol\u00edtico-Administrativa del TSJ.<\/li>\n\n\n\n<li>Documentar el valor real del bien al momento de la expropiaci\u00f3n con peritos independientes, informes bancarios, aval\u00faos catastrales e \u00edndices de inflaci\u00f3n para la actualizaci\u00f3n monetaria.<\/li>\n\n\n\n<li>Para empresas con socios extranjeros, evaluar la v\u00eda arbitral internacional como alternativa m\u00e1s eficiente y predecible que la v\u00eda judicial interna venezolana.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">V. EL ARGUMENTO CONSTITUCIONAL: LA BASE SOLIDA PARA LAS RECLAMACIONES<\/h2>\n\n\n\n<p>Aunque la Ley de Amnist\u00eda no reconoce el derecho a la restituci\u00f3n, la Constituci\u00f3n venezolana de 1999 s\u00ed lo hace, y con jerarqu\u00eda superior a cualquier ley ordinaria. Los fundamentos constitucionales son:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>NORMA CONSTITUCIONAL<\/strong><\/td><td><strong>CONTENIDO APLICABLE A LA RESTITUCION<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Art. 115 CRBV<\/td><td>Derecho a la propiedad privada. Toda privaci\u00f3n requiere sentencia firme o acto administrativo fundado en ley, con indemnizaci\u00f3n justa y oportuna.<\/td><\/tr><tr><td>Art. 49.8 CRBV<\/td><td>Toda persona tiene derecho a que se le repare el da\u00f1o causado como consecuencia de actuaciones judiciales o administrativas ilegales.<\/td><\/tr><tr><td>Art. 140 CRBV<\/td><td>El Estado responder\u00e1 patrimonialmente por los da\u00f1os que cause a los particulares mediante el funcionamiento de sus \u00f3rganos.<\/td><\/tr><tr><td>Art. 26 CRBV<\/td><td>Tutela judicial efectiva: todo ciudadano tiene derecho a obtener de los tribunales tutela efectiva de sus derechos e intereses.<\/td><\/tr><tr><td>Art. 29 CRBV<\/td><td>Imprescriptibilidad de la acci\u00f3n para exigir la reparaci\u00f3n de violaciones de derechos humanos.<\/td><\/tr><tr><td>Art. 5 CADH \/ Art. 21 CADH<\/td><td>Protecci\u00f3n del derecho a la propiedad y garant\u00eda de indemnizaci\u00f3n en caso de privaci\u00f3n \u2014vinculante para Venezuela bajo la Convenci\u00f3n Americana.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>La combinaci\u00f3n del art\u00edculo 49.8 (reparaci\u00f3n por actuaciones judiciales ilegales) con el art\u00edculo 140 (responsabilidad patrimonial del Estado) y el art\u00edculo 115 (propiedad privada) construye un tri\u00e1ngulo constitucional que fundamenta de manera s\u00f3lida una acci\u00f3n de indemnizaci\u00f3n por las privaciones patrimoniales derivadas de persecuciones pol\u00edticas, con independencia de lo que diga o deje de decir la Ley de Amnist\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p><em>CLAVE ESTRAT\u00c9GICA: El sobreseimiento por amnist\u00eda es, en s\u00ed mismo, un reconocimiento impl\u00edcito de que la persecuci\u00f3n penal no deb\u00eda haberse iniciado o no ten\u00eda fundamento suficiente para prosperar. Ese reconocimiento puede y debe utilizarse como prueba del car\u00e1cter ilegal o desviado de las medidas patrimoniales que instrumentalizaron esa persecuci\u00f3n.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">VI. LA DIMENSI\u00d3N INTERNACIONAL: CUANDO LA V\u00cdA INTERNA NO ES SUFICIENTE<\/h2>\n\n\n\n<p>Para afectados que agoten la v\u00eda interna sin resultado o que desconf\u00eden estructuralmente de los tribunales venezolanos \u2014y hay raz\u00f3n fundada para hacerlo, dado que Venezuela ocupa el \u00faltimo lugar mundial en el \u00cdndice de Estado de Derecho del World Justice Project desde hace una d\u00e9cada\u2014 existen v\u00edas internacionales que deben activarse en paralelo:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">A. Sistema Interamericano de Derechos Humanos<\/h3>\n\n\n\n<p>La CIDH puede conocer casos de privaci\u00f3n patrimoniales que constituyan violaciones al art\u00edculo 21 de la Convenci\u00f3n Americana (propiedad) y al art\u00edculo 8 (garant\u00edas judiciales). Condici\u00f3n: agotar previamente los recursos internos o demostrar que dichos recursos son ineficaces, lo cual en el contexto venezolano actual puede acreditarse documentalmente.<\/p>\n\n\n\n<p>El precedente m\u00e1s relevante es la serie de casos contra Venezuela ante la Corte IDH por expropiaciones y persecuciones empresariales durante el per\u00edodo chavista, donde la Corte conden\u00f3 al Estado venezolano a indemnizar y a reintegrar los bienes o su valor equivalente.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">B. Arbitraje Internacional bajo TBI<\/h3>\n\n\n\n<p>Venezuela suscribi\u00f3 m\u00e1s de treinta Tratados Bilaterales de Inversi\u00f3n (TBI) con distintos pa\u00edses. Aunque el pa\u00eds denunci\u00f3 el convenio CIADI en 2012, los TBI pueden contener cl\u00e1usulas de soluci\u00f3n de controversias alternativas (UNCITRAL, CCI, CPA) que mantienen vigencia. Para empresas con capital o socios extranjeros de pa\u00edses con TBI vigente con Venezuela, el arbitraje internacional es frecuentemente la v\u00eda m\u00e1s eficiente y la que genera mayor presi\u00f3n sobre el Estado.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">C. Acci\u00f3n ante la Corte Penal Internacional<\/h3>\n\n\n\n<p>La CPI tiene abierta una investigaci\u00f3n formal sobre Venezuela desde noviembre de 2021, centrada en cr\u00edmenes contra la humanidad. Aunque la CPI no tiene competencia para ordenar restituci\u00f3n de bienes directamente, una eventual condena o avance del proceso genera presi\u00f3n pol\u00edtica y jur\u00eddica sobre las autoridades venezolanas que puede coadyuvar con los procesos internos de restituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">VII. CRONOGRAMA ESTRAT\u00c9GICO RECOMENDADO<\/h2>\n\n\n\n<p>La naturaleza simult\u00e1nea de las acciones requeridas y la existencia de lapsos preclusivos hace que el tiempo sea un factor cr\u00edtico. El siguiente esquema resume las prioridades temporales:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>PLAZO<\/strong><\/td><td><strong>ACCI\u00d3N PRIORITARIA<\/strong><\/td><td><strong>FUNDAMENTO LEGAL<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>INMEDIATO (0-30 d\u00edas)<\/strong><\/td><td>Auditor\u00eda patrimonial completa. Solicitud de sobreseimiento + levantamiento de medidas reales. Verificar estado de procesos de extinci\u00f3n de dominio.<\/td><td>Arts. 10, 11 y 13 Ley de Amnist\u00eda. Art. 242 COPP.<\/td><\/tr><tr><td><strong>CORTO PLAZO (30-90 d\u00edas)<\/strong><\/td><td>Interponer acciones ante tribunales de extinci\u00f3n de dominio. Recursos contencioso-administrativos sobre medidas de entes reguladores. recopilaci\u00f3n de prueba documental patrimonial.<\/td><td>Arts. 115, 49.8 y 140 CRBV. Ley de Extinci\u00f3n de Dominio. LOPA.<\/td><\/tr><tr><td><strong>MEDIANO PLAZO (90-180 d\u00edas)<\/strong><\/td><td>acciones de indemnizaci\u00f3n patrimonial del Estado. petici\u00f3n ante CIDH. Evaluaci\u00f3n de arbitraje internacional bajo TBI. Acci\u00f3n penal contra funcionarios responsables de privaci\u00f3n ilegales.<\/td><td>Art. 140 CRBV. CADH. TBI. Convenio UNCITRAL.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">VIII. LO QUE DEBER\u00cdA HACER EL LEGISLADOR: LA REFORMA QUE LA LEY NECESITA<\/h2>\n\n\n\n<p>La amnist\u00eda aprobada es un primer paso, pero resulta insuficiente. Desde la perspectiva t\u00e9cnica jur\u00eddica, la Asamblea Nacional deber\u00eda complementarla con un conjunto de instrumentos normativos adicionales que Venfort Abogados propone como agenda legislativa m\u00ednima para una restituci\u00f3n patrimonial efectiva:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Decreto legislativo de levantamiento autom\u00e1tico de medidas cautelares reales en todos los procesos sobrese\u00eddos por amnist\u00eda, con efecto erga omnes y sin necesidad de solicitud individual.<\/li>\n\n\n\n<li>Reforma de la Ley de Extinci\u00f3n de Dominio para establecer un mecanismo expedito de revisi\u00f3n de los procesos abiertos contra personas beneficiadas por la amnist\u00eda, con inversi\u00f3n de la carga de la prueba a favor del afectado.<\/li>\n\n\n\n<li>Ley de Reparaci\u00f3n Patrimonial a V\u00edctimas de Persecuci\u00f3n Pol\u00edtica, que establezca un fondo estatal de indemnizaci\u00f3n, criterios objetivos de valuaci\u00f3n de los da\u00f1os y un procedimiento administrativo simplificado para la reclamaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Reforma del art\u00edculo 9 de la Ley de Amnist\u00eda para excluir de la categor\u00eda &#8216;corrupci\u00f3n&#8217; los casos en que se demuestre que la acusaci\u00f3n fue instrumentalizada con fines pol\u00edticos.<\/li>\n\n\n\n<li>Derogaci\u00f3n de la Ley Org\u00e1nica de Extinci\u00f3n de Dominio o, al menos, reforma que exija condena penal firme como presupuesto necesario para la extinci\u00f3n del dominio, eliminando el procedimiento aut\u00f3nomo que permite actuar sin sentencia previa.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">IX. CONCLUSI\u00d3N: EL PATRIMONIO NO SE AMNISTIA SOLO<\/h2>\n\n\n\n<p>La Ley de Amnist\u00eda para la Convivencia Democr\u00e1tica del 19 de febrero de 2026 es un instrumento valioso, pero radicalmente incompleto. En materia patrimonial, su silencio es estruendoso: no hay un solo articulado que ordene devolver lo que el Estado tom\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p>Esa omisi\u00f3n no convierte el reclamo en imposible. La Constituci\u00f3n venezolana, los tratados internacionales de derechos humanos y el bloque de principios del derecho p\u00fablico ofrecen fundamentos s\u00f3lidos para acciones de restituci\u00f3n e indemnizaci\u00f3n que son exigibles hoy mismo, con o sin apoyo expreso de la ley de amnist\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>La clave est\u00e1 en la estrategia: no existe una v\u00eda \u00fanica, sino un conjunto de acciones que deben activarse de manera coordinada, en los plazos correctos y ante las instancias correctas. La inactividad tiene un costo alt\u00edsimo: la preclusi\u00f3n de plazos, la consolidaci\u00f3n de medidas que deber\u00edan haberse levantado y la p\u00e9rdida definitiva de bienes que a\u00fan pueden recuperarse.<\/p>\n\n\n\n<p>El momento de actuar es ahora. El Estado venezolano est\u00e1 en un proceso de transformaci\u00f3n cuya velocidad e intensidad son inciertas. La ventana de oportunidad para plantear reclamaciones patrimoniales con respaldo pol\u00edtico e institucional es estrecha y puede cerrarse antes de lo esperado.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Este art\u00edculo tiene car\u00e1cter informativo y no constituye asesoramiento jur\u00eddico<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">SOBRE EL AUTOR<\/h3>\n\n\n\n<p>El Dr. Alan Aldana es Socio Fundador de VENFORT ABOGADOS, firma especializada en Derecho Penal Internacional y Penal Econ\u00f3mico con presencia en Espa\u00f1a y Venezuela. Con m\u00e1s de dos d\u00e9cadas de trayectoria en la defensa de clientes de alto perfil, est\u00e1 acreditado ante la Corte Penal Internacional y ha participado en casos de referencia internacional como los Panam\u00e1 Papers, la crisis financiera de 2009 y el caso ODEBRECHT (2023).<\/p>\n\n\n\n<p>Representa a firmas legales de Reino Unido, Portugal, Francia, B\u00e9lgica, Singapur, Dub\u00e1i, Colombia, Estados Unidos, Panam\u00e1 y Rep\u00fablica Dominicana. Es vocal de la Fundaci\u00f3n Aldana, articulista y conferencista internacional en derechos humanos, derecho penal econ\u00f3mico e internacional.<\/p>\n\n\n\n<p>Para consultas espec\u00edficas sobre los temas tratados en este art\u00edculo: contacto[@]venfort.com | <a href=\"https:\/\/venfort.com\/contacto\/\" type=\"page\" id=\"1158\">venfort.com<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>The amnesty law does not include express provisions on the restitution of assets seized in Venezuela. 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