El 25 de junio de 2026, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) hizo algo que pocas veces ocurre en el \u00e1mbito de la cooperaci\u00f3n policial internacional: nombrar, con cifras y sin eufemismos, el mal uso del sistema de notificaciones de INTERPOL como una herramienta de represi\u00f3n transnacional.<\/p>\n\n\n\n
Menos de un mes despu\u00e9s, el 22 de julio de 2026, INTERPOL public\u00f3 la lista de veinte candidatos que se disputar\u00e1n, en noviembre, los siete asientos de la Comisi\u00f3n de Control de los Ficheros de INTERPOL<\/a> (CCF), el \u00fanico \u00f3rgano capaz de anular una notificaci\u00f3n roja abusiva.<\/p>\n\n\n\n No es una coincidencia menor. Son dos aspectos del mismo problema: qui\u00e9n abusa del sistema y qui\u00e9n debe corregirlo. Para un empresario, un banquero o un directivo con exposici\u00f3n internacional, entender ambos frentes ya no es un ejercicio acad\u00e9mico. Es informaci\u00f3n que puede anticipar una detenci\u00f3n en un aeropuerto o evitar a\u00f1os de desgaste reputacional.<\/p>\n\n\n\n Conviene ser precisos con las fechas, porque en un escrito de defensa la precisi\u00f3n cronol\u00f3gica es tan relevante como el argumento mismo. En junio de 2023, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ya hab\u00eda adoptado la Resoluci\u00f3n 2509<\/a>, sobre la base de un informe de Sir Christopher Chope (Reino Unido), advirtiendo sobre el riesgo que la represi\u00f3n transnacional representa para el Estado de derecho. Aquel texto no mencionaba a INTERPOL de forma central.<\/p>\n\n\n\n Tres a\u00f1os despu\u00e9s, la Comisi\u00f3n de Asuntos Jur\u00eddicos y Derechos Humanos de la Asamblea aprob\u00f3 un nuevo informe, a partir del trabajo del diputado chipriota Constantinos Efstathiou, y el pleno de la Asamblea lo debati\u00f3 y adopt\u00f3 el 25 de junio de 2026: la Resoluci\u00f3n 2669, titulada \u00abFighting Back Against Transnational Repression\u00bb<\/a>. Es esta Resoluci\u00f3n 2669, y no la Resoluci\u00f3n 2509, la que resulta directamente relevante para quien enfrenta o teme una notificaci\u00f3n de INTERPOL.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan los primeros an\u00e1lisis especializados que siguieron el debate, la votaci\u00f3n se resolvi\u00f3 con 52 votos a favor, 5 en contra (la totalidad de la delegaci\u00f3n del partido gobernante turco) y 7 abstenciones. Recomendamos, en cualquier caso, verificar esta cifra directamente contra el acta oficial de resultados en pace.coe.int antes de citarla en un escrito procesal.<\/p>\n\n\n\n Lo que s\u00ed resulta consistente entre las fuentes disponibles es el contenido. El nuevo texto de 2026 condena expresamente \u00abel uso indebido de mecanismos leg\u00edtimos de cooperaci\u00f3n jur\u00eddica internacional, como el sistema de notificaciones de INTERPOL, las solicitudes de extradici\u00f3n, los marcos de asistencia judicial mutua y las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo\u00bb. El texto se apoya en datos de Freedom House: al menos 1.375 incidentes documentados de represi\u00f3n transnacional desde 2014, atribuidos a 54 Estados y con v\u00edctimas en 107 pa\u00edses de acogida.<\/p>\n\n\n\n Turqu\u00eda y Rusia figuran entre los Estados m\u00e1s se\u00f1alados. Rusia, expulsada del Consejo de Europa en 2022, sigue generando preocupaci\u00f3n por el levantamiento parcial de las medidas correctivas que el Comit\u00e9 Ejecutivo de INTERPOL le hab\u00eda impuesto.<\/p>\n\n\n\n La Asamblea recomienda adem\u00e1s que los Estados miembros rechacen el acuerdo actualmente en discusi\u00f3n para ampliar las inmunidades legales de INTERPOL, y llama a designar puntos focales nacionales contra la represi\u00f3n transnacional.<\/p>\n\n\n\n Esta resoluci\u00f3n no llega sola. Le precede la del Parlamento Europeo<\/a>, aprobada el 13 de noviembre de 2025 por 512 votos a favor, 76 en contra y 52 abstenciones, sobre la protecci\u00f3n de defensores de derechos humanos frente a la represi\u00f3n transnacional. Dos instituciones europeas distintas, el Consejo de Europa y la Uni\u00f3n Europea, han llegado a una conclusi\u00f3n convergente en menos de ocho meses.<\/p>\n\n\n\n Conviene ser precisos tambi\u00e9n sobre el alcance: ninguna de estas resoluciones vincula jur\u00eddicamente a la CCF ni ordena la anulaci\u00f3n de ninguna notificaci\u00f3n. Pero constituyen un elemento de contexto institucional de peso considerable. Cuando un abogado invoca ante la Comisi\u00f3n el art\u00edculo 3 de la Constituci\u00f3n de INTERPOL (que proh\u00edbe cualquier intervenci\u00f3n en asuntos de car\u00e1cter pol\u00edtico, militar, racial o religioso), ya no argumenta en el vac\u00edo. Lo hace respaldado por dos parlamentos europeos que han documentado, con cifras, el patr\u00f3n de abuso que denuncia.<\/p>\n\n\n\n Los siete mandatos vigentes en la CCF expiran, todos a la vez, el 11 de marzo de 2027. La coincidencia se explica porque los siete miembros actuales fueron elegidos en el mismo ciclo, en 2022; lo habitual es que las renovaciones se escalonen, pero este a\u00f1o no ser\u00e1 as\u00ed. La elecci\u00f3n se celebrar\u00e1 en la 94.\u00aa Asamblea General de INTERPOL, en Hong Kong, del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2026.<\/p>\n\n\n\n El Comit\u00e9 Ejecutivo de INTERPOL aprob\u00f3 veinte candidaturas procedentes de diecisiete pa\u00edses. Cinco de los siete miembros salientes buscan la reelecci\u00f3n: la presidenta Teresa McHenry (Estados Unidos), Michel Forst (Francia), Hamza Es Said (Marruecos), Mohamed Kamara (L\u00edbano) y Mohamed Elfadhel Miled (T\u00fanez). Los otros dos miembros actuales, de B\u00e9lgica y el Reino Unido, no aparecen en la lista de candidatos. Eso garantiza dos asientos de representaci\u00f3n enteramente nueva.<\/p>\n\n\n\n Entre los quince candidatos que hoy no forman parte de la Comisi\u00f3n figuran juristas y especialistas de Georgia, Camer\u00fan, Italia, Ucrania, M\u00e9xico, Namibia, India, Turqu\u00eda, los Pa\u00edses Bajos y el Reino Unido, entre otros pa\u00edses. Un dato relevante para la regi\u00f3n: Argentina aporta al \u00fanico candidato latinoamericano<\/a> de los veinte, Ramiro Anzit Guerrero, director de Inteligencia Criminal de su pa\u00eds y antiguo oficial de la Secretar\u00eda General de INTERPOL en Lyon.<\/p>\n\n\n\n Michel Forst es, junto con la presidenta McHenry, uno de los perfiles de mayor proyecci\u00f3n internacional entre quienes aspiran a un segundo mandato. Forst es miembro actual por Francia y fue Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situaci\u00f3n de los defensores de derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n La selecci\u00f3n no obedece a cuotas de nacionalidad: ning\u00fan pa\u00eds puede tener a m\u00e1s de un nacional en la CCF. Obedece, en cambio, a categor\u00edas de especializaci\u00f3n exigidas por el Estatuto: cooperaci\u00f3n policial internacional, derecho penal internacional, derechos humanos, protecci\u00f3n de datos, tratamiento electr\u00f3nico de informaci\u00f3n y experiencia judicial o fiscal de alto nivel. Cada categor\u00eda corresponde a uno de los siete asientos. El propio detalle de las candidaturas revela cu\u00e1n desigual es la competencia dentro de cada categor\u00eda: solo dos de los veinte candidatos acreditan experiencia espec\u00edfica en protecci\u00f3n de datos, la especialidad exigida para un \u00fanico puesto, mientras que hasta seis candidatos con trayectoria judicial o fiscal senior se disputan la plaza reservada a ese perfil.<\/p>\n\n\n\n Hay un dato que interesa directamente a quien ha presentado, o est\u00e1 considerando presentar, una solicitud ante la CCF. El Estatuto de la Comisi\u00f3n fija mandatos de cinco a\u00f1os, renovables una sola vez por un per\u00edodo adicional de tres a\u00f1os. En la pr\u00e1ctica, esto significa que quienes resulten elegidos por primera vez en Hong Kong permanecer\u00e1n en el cargo hasta 2032, mientras que quienes sean reelegidos, previsiblemente entre ellos la presidenta McHenry, completar\u00e1n un segundo y \u00faltimo mandato de solo tres a\u00f1os, hasta 2029. La propia arquitectura institucional de la CCF impide as\u00ed la permanencia indefinida de sus miembros, lo que refuerza su independencia frente a cualquier pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Los veinte candidatos aprobados por el Comit\u00e9 Ejecutivo no compiten en igualdad de condiciones entre s\u00ed: cada uno acredita el perfil espec\u00edfico que exige su categor\u00eda: cooperaci\u00f3n policial internacional, derecho penal internacional, derechos humanos, protecci\u00f3n de datos, tratamiento electr\u00f3nico de informaci\u00f3n o experiencia judicial o fiscal senior. Esa exigencia de especializaci\u00f3n, asiento por asiento, es en s\u00ed misma un voto de confianza hacia la nueva Comisi\u00f3n: quien la integre a partir de marzo de 2027 llegar\u00e1 acreditado precisamente en la materia que le corresponder\u00e1 juzgar.<\/p>\n\n\n\n Pero la CCF es, por dise\u00f1o, la \u00faltima instancia de control. La primera l\u00ednea de defensa contra el abuso est\u00e1 mucho m\u00e1s atr\u00e1s: en las Oficinas Centrales Nacionales (OCN) de cada pa\u00eds, que son las que introducen, o deber\u00edan rechazar, una solicitud de notificaci\u00f3n roja o difusi\u00f3n antes de que esta llegue siquiera a la Secretar\u00eda General. Ninguna reforma de la CCF, por sofisticada que sea, sustituye el rigor que debe ejercerse en ese primer filtro.<\/p>\n\n\n\n Me permito, a t\u00edtulo personal y tras m\u00e1s de dos d\u00e9cadas litigando estos casos, formular aqu\u00ed una recomendaci\u00f3n concreta. Las OCN deber\u00edan contar con protocolos internos, no solo con declaraciones de principios, para que un funcionario sometido a presi\u00f3n pol\u00edtica indebida, dirigida a tramitar una solicitud sin el respaldo de un control judicial previo, pueda reportarlo por un canal interno protegido, sin temor a represalias. Ese reporte deber\u00eda tener, adem\u00e1s, consecuencias disciplinarias reales cuando el abuso se confirme. La formaci\u00f3n especializada y \u00e9tica de quienes deciden qu\u00e9 solicitud sale de un pa\u00eds hacia INTERPOL no es un lujo administrativo: es, a mi juicio, la inversi\u00f3n m\u00e1s rentable que puede hacer cualquier Estado para evitar que sus propias instituciones terminen respondiendo ante el Consejo de Europa.<\/p>\n\n\n\n En paralelo, conviene reforzar algo que ya documentamos en nuestro an\u00e1lisis de las reformas de 2025: desde entonces, la Secretar\u00eda General de INTERPOL desempe\u00f1a un papel m\u00e1s activo en la revisi\u00f3n de conformidad antes de que una notificaci\u00f3n se publique y quede visible para 196 pa\u00edses. Ese doble filtro, nacional y central, es en teor\u00eda la arquitectura correcta. Lo que exige el momento actual es que ambos eslabones, y no solo el segundo, operen con el mismo est\u00e1ndar de rigor.<\/p>\n\n\n\n Mientras se decide qui\u00e9n compone la CCF, la propia Comisi\u00f3n ha empezado a cambiar su forma de trabajar. Desde 2026 sustituye sus cuatro sesiones anuales de cinco d\u00edas por tres sesiones m\u00e1s largas, de aproximadamente dos semanas cada una, distribuidas entre finales de enero, junio y septiembre-octubre. Es un programa piloto que responde a un dato preocupante: en 2024, hasta un 70% de las solicitudes de acceso no llegaron a resolverse dentro del plazo estatutario.<\/p>\n\n\n\n El cambio con mayor impacto pr\u00e1ctico es la ampliaci\u00f3n de la delegaci\u00f3n de facultades al ponente y a la presidencia para los casos \u00abapropiadamente no complejos\u00bb, combinada con un mayor uso de revisiones remotas entre sesiones plenarias. Un expediente sencillo y bien documentado puede resolverse hoy sin esperar a que los siete miembros se re\u00fanan en pleno. Es el caso, por ejemplo, de una notificaci\u00f3n roja manifiestamente contraria al art\u00edculo 83 del Reglamento de Tratamiento de Datos de INTERPOL, por derivar de un conflicto administrativo, laboral o mercantil. Los casos complejos, pol\u00edticamente sensibles o con indicios de persecuci\u00f3n, en cambio, seguir\u00e1n reservados a la deliberaci\u00f3n completa de la Comisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Esta reforma se suma a la que ya analizamos en nuestro estudio de la 93.\u00aa Asamblea General, celebrada en Marrakech en noviembre de 2025: desde 2024, los miembros de la CCF cuentan con hasta 80 d\u00edas de trabajo remunerado al a\u00f1o (125 en el caso de la presidencia), frente a los 26 d\u00edas anteriores. La conclusi\u00f3n pr\u00e1ctica es doble. Los expedientes bien construidos, con un dossier t\u00e9cnico s\u00f3lido desde el primer momento, tienen hoy una v\u00eda m\u00e1s r\u00e1pida hacia una resoluci\u00f3n favorable. Los casos complejos seguir\u00e1n exigiendo paciencia, rigor probatorio y un acompa\u00f1amiento constante ante la Secretar\u00eda de la Comisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n No siempre fue as\u00ed. En etapas anteriores, la integridad de la CCF fue objeto de cuestionamientos serios en foros especializados internacionales. Bajo la presidencia de Teresa McHenry, ese cap\u00edtulo parece superado: seg\u00fan cifras que la propia INTERPOL ha hecho p\u00fablicas, en 2024 el 40% de los datos examinados por la Comisi\u00f3n resultaron conformes con las normas de la organizaci\u00f3n, en el marco de una mejora sostenida en la calidad y la celeridad de las decisiones. Ning\u00fan pa\u00eds actualmente sujeto a medidas correctivas del Comit\u00e9 Ejecutivo de INTERPOL figura, adem\u00e1s, entre los candidatos aprobados para 2026.<\/p>\n\n\n\n En VENFORT hemos representado ante la CCF a empresarios de alto patrimonio y a antiguos altos funcionarios de gobierno se\u00f1alados mediante notificaciones fabricadas tras un cambio de poder pol\u00edtico. Es el patr\u00f3n cl\u00e1sico del lawfare transfronterizo. Esa experiencia directa ante la Comisi\u00f3n, sesi\u00f3n tras sesi\u00f3n, es la que permite anticipar c\u00f3mo se leer\u00e1 un expediente y qu\u00e9 argumentos realmente mueven una decisi\u00f3n, mucho antes de que el caso llegue a Hong Kong o a cualquier otra sede de la Asamblea General.<\/p>\n\n\n\n Es, en ese sentido, una buena noticia tanto para quienes buscan renovar su mandato como para quienes llegan por primera vez. A los cinco miembros que se postulan a la reelecci\u00f3n hay que reconocerles algo que no es menor: haber sostenido, durante cinco a\u00f1os, un est\u00e1ndar de trabajo que hoy sirve de referencia para toda la organizaci\u00f3n. A los quince candidatos nuevos, la oportunidad de incorporar a la Comisi\u00f3n perfiles frescos justo en el momento en que dos parlamentos europeos han examinado, con datos y sin ambig\u00fcedad, el uso indebido de los mecanismos que la CCF est\u00e1 llamada a controlar. La experiencia acumulada y la renovaci\u00f3n no compiten entre s\u00ed: ambas son, en \u00faltima instancia, lo que sostiene la confianza institucional que un cliente necesita cuando su libertad de movimiento depende de la decisi\u00f3n de siete personas.<\/p>\n\n\n\nLo que Europa advirti\u00f3 en 2023 y repiti\u00f3 con m\u00e1s fuerza en 2026<\/h2>\n\n\n\n
Siete asientos, veinte candidatos: la elecci\u00f3n que decide qui\u00e9n controla su expediente<\/h2>\n\n\n\n
Un voto de confianza y una tarea pendiente en el eslab\u00f3n nacional<\/h2>\n\n\n\n
Aporte personal del autor<\/em><\/h3>\n\n\n\n
La reforma silenciosa: menos plazos incumplidos, m\u00e1s agilidad en lo sencillo<\/h2>\n\n\n\n
Una comisi\u00f3n que se juega su propia credibilidad<\/h2>\n\n\n\n
Tres preguntas frecuentes sobre su expediente ante la CCF<\/h2>\n\n\n\n