{"id":2734,"date":"2017-12-13T08:00:10","date_gmt":"2017-12-13T12:00:10","guid":{"rendered":"https:\/\/venfort.com\/?p=411"},"modified":"2017-12-13T08:00:10","modified_gmt":"2017-12-13T12:00:10","slug":"paradigma-jurisdiccion-universal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/venfort.com\/es\/paradigma-jurisdiccion-universal\/","title":{"rendered":"El nuevo paradigma de la Jurisdicci\u00f3n Internacional"},"content":{"rendered":"<blockquote><p>La jurisdicci\u00f3n universal de todos los Estados fue absorbida por la Corte Penal Internacional, cuando qued\u00f3 formulado el Estatuto de Roma y todos los Estados suscriptores declinaron a favor de que sea un solo tribunal el que pueda conocer y legislar sobre estos cr\u00edmenes contra la humanidad. Esta facultad redujo las funciones de cada Estado a la persecuci\u00f3n penal de dichos actos cometidos dentro de su territorio o que puedan validar la jurisdicci\u00f3n local, basado en otros principios de extraterritorialidad.<\/p><\/blockquote>\n<p><strong>Esta propuesta va en consonancia con la experiencia acu\u00f1ada en el \u00e1mbito internacional.<\/strong> En aras de mejorar la proyecci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n internacional esta forma de actuar hubiese permitido adelantarse a los acontecimientos para impulsar una justicia en un ambiente m\u00e1s acorde con las expectativas y necesidades del mundo actual contra la violencia y la impunidad. No es extravagante ni desatinado plantear que los casos de genocidio ocurridos luego de la vigencia del Tratado para los Estados Partes puedan ser juzgados ante la Corte Penal Internacional actual, creada para conocer y juzgar estos eventos punibles.<\/p>\n<p><strong>La jurisdicci\u00f3n internacional se define como<\/strong> \u00ab<em>un principio jur\u00eddico que permite o exige a un Estado enjuiciar penalmente ciertos cr\u00edmenes, independientemente del lugar donde se hayan cometido y de la nacionalidad de la v\u00edctima o del autor<\/em>\u00bb. El t\u00e9rmino fue acu\u00f1ado y establecido como principio en 1949 en los cuatro convenios de Ginebra, que regulan el derecho internacional humanitario.<\/p>\n<p><strong>El campo de acci\u00f3n de esta figura es por excelencia la ocurrencia de cr\u00edmenes de lesa humanidad.<\/strong> El concepto de cr\u00edmenes de lesa humanidad data de mediados del siglo XIX, pues aunque la primera lista de estos delitos fue elaborada al culminar la Primera Guerra Mundial, se agruparon en un instrumento internacional posteriormente cuando se redact\u00f3 la Carta Tribunal de N\u00faremberg en 1945.<\/p>\n<p><strong>La intenci\u00f3n de la implementaci\u00f3n del concepto fue determinar responsabilidades y castigar<\/strong> a los agentes estatales que hab\u00edan auspiciado torturas o genocidios contra la poblaci\u00f3n civil durante el conflicto b\u00e9lico. Un a\u00f1o despu\u00e9s los cr\u00edmenes de lesa humanidad establecidos en la Carta de N\u00faremberg fueron reconocidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas para ser incluidos posteriormente en instrumentos legales espec\u00edficos.<\/p>\n<p><strong>Los cr\u00edmenes del listado fueron definidos por primera vez en un tratado internacional tras la aprobaci\u00f3n del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional el 17 de julio de 1998<\/strong>. El estatuto es el instrumento constitutivo de la Corte e identifica conductas calificadas como asesinato, exterminio, deportaci\u00f3n, desplazamiento forzoso, encarcelaci\u00f3n, tortura, violaci\u00f3n, persecuci\u00f3n por motivos pol\u00edticos, ideol\u00f3gicos, raciales o \u00e9tnicos, desaparici\u00f3n forzada, secuestro o cualquier acto que atente contra la integridad, siempre que estas acciones sean parte de un ataque generalizado o sistem\u00e1tico contra una poblaci\u00f3n civil determinada.<\/p>\n<p><strong>Venezuela suscribi\u00f3 y <a href=\"https:\/\/venfort.com\/estatuto-de-roma-jurisdiccion-internacional\/#.Wi15u9LiZdg\">ratific\u00f3 el Estatuto de Roma<\/a> el 7 de junio del 2000<\/strong> y su entrada en vigor en el territorio nacional sucedi\u00f3 dos a\u00f1os despu\u00e9s, el 1 de julio de 2002. La evoluci\u00f3n del Derecho Penal Internacional desde el momento en que la Corte comenz\u00f3 a funcionar le dio cabida a la aplicaci\u00f3n extraterritorial de la ley penal nacional, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n del principio de jurisdicci\u00f3n universal.<br \/>\nEste alcance legal ha creado un poco de confusi\u00f3n en algunos casos. Los cambios suponen que estos delitos graves deben ser contemplados en dos escalas jurisdiccionales: la de los propios Estados (territorialidad) y la complementaria, refiri\u00e9ndose a la de la Corte en caso de que la primera instancia no pueda resolver el caso.<\/p>\n<p>\u00ab<em>Esa reedici\u00f3n de las reglas de jurisdicci\u00f3n penal internacional limita dr\u00e1sticamente las posibilidades de extensi\u00f3n de la propia jurisdicci\u00f3n de cada Estado, planteada por la ampliaci\u00f3n de la competencia espa\u00f1ola que la jurisdicci\u00f3n constitucional pretende con base en una interpretaci\u00f3n sesgada de los dispositivos de esa legislaci\u00f3n, al endilgarle al principio de jurisdicci\u00f3n universal posibilidades que ya no tiene sentido atribuirle, m\u00e1xime cuando el principio que se viene abriendo paso es el de justicia sustitutoria\u00bb<\/em>, se lee en el documento El Estatuto de Roma y la Jurisdicci\u00f3n Internacional implementada actualmente en Venezuela, elaborado por <a href=\"http:\/\/www.aldanayabogados.com\">Alan Aldana &amp; Asociados<\/a> al respecto.<\/p>\n<h2>Sin las limitaciones de la jurisdicci\u00f3n nacional<\/h2>\n<p><strong>Implementar un sistema procesal que se integre a lo establecido por la Corte Penal Internacional<\/strong> es necesario para que la jurisdicci\u00f3n internacional pueda actuar con mayor facilidad y alcance frente a los delitos tipificados bajo sus lineamientos. De lo contrario, las regulaciones de jurisdicci\u00f3n nacional pudiesen entorpecer el proceso penal.<\/p>\n<p><strong>Los procesos legales que involucran a los casos de jurisdicci\u00f3n universal tienden a ser lentos<\/strong> y complicados. Por manejar una din\u00e1mica diferente a la establecida en otros litigios. Por lo general, en ellos se cuentan diversos implicados, incontables afectados y por si fuese poco intereses pol\u00edtico \u2013 econ\u00f3micos que intentan no ser impactados con las acciones.<\/p>\n<p><strong>Por ello, es importante tener claridad sobre la aplicaci\u00f3n de esta figura,<\/strong> incluso cuando se plantean los lineamientos legales nacionales a seguir, pues se genera un mar de confusiones al ligar delitos de efectos nacionales con incidencia internacional y delitos de car\u00e1cter internacional sensu stricto al momento de legitimar la acci\u00f3n jurisdiccional de un Estado.<\/p>\n<p><strong>Para aportar luces es necesario diferenciar entre los delitos de referencia interna con efectos internacionales<\/strong> tales como el tr\u00e1fico de drogas, comercio de personas, pirater\u00eda, terrorismo, falsificaci\u00f3n de monedas; y aquellos que provienen del Derecho Internacional Humanitario y est\u00e1n referidos a actos de genocidio, cr\u00edmenes de guerra, lesa humanidad y agresi\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>Los primeros mencionados pueden estar circunscritos a una realidad territorial y la afectaci\u00f3n de bienes jur\u00eddicos<\/strong> que cause probablemente tenga el mismo car\u00e1cter territorial. Sin embargo, tambi\u00e9n se puede presentar el caso de que trascienda a otros Estado que tiene la legitimidad para invocar la persecuci\u00f3n penal al considerar que se ha lesionado o puesto en peligro los bienes jur\u00eddicos resguardados por su ordenamiento jur\u00eddico penal.<\/p>\n<p><strong>En estas circunstancias lo m\u00e1s conveniente es apelar por el principio de la administraci\u00f3n de justicia subsidiaria<\/strong>, que dispone que el asunto debe ser resuelto por la m\u00e1xima autoridad m\u00e1s cercana al objeto del problema, es decir habilita a la jurisdicci\u00f3n penal del Estado captor o aprehensor.<\/p>\n<p><strong>Si el delito se comete en tierra de nadie pueden surgir dos posibilidades:<\/strong> la aplicaci\u00f3n del principio de personalidad pasiva que exige que la ley penal nacional sea empleada cuando la v\u00edctima del delito es nacional de un Estado; o la implementaci\u00f3n del principio de administraci\u00f3n de justicia subsidiaria. Ambas figuras incluso pueden convivir en paralelo para legitimar la jurisdicci\u00f3n del Estado accionante.<\/p>\n<h2>Casos Venezuela y Espa\u00f1a<\/h2>\n<p><strong>El C\u00f3digo Penal de Venezuela y la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial espa\u00f1ola<\/strong> concurren tanto en el principio de administraci\u00f3n de justicia subsidiaria como el principio de justicia mundial, que implica la aplicaci\u00f3n de la extraterritorialidad a la hora de hacer cumplir la justicia frente a estos delitos.<\/p>\n<p><strong>Los cambios suscitados en las \u00faltimas cinco d\u00e9cadas en el \u00e1mbito de la <a href=\"https:\/\/venfort.com\/justicia-internacional-crimenes-humanidad\/\">justicia internacional<\/a><\/strong> hacen replantear el tema. Entre esas transformaciones legales resaltan los principios de N\u00faremberg, que resaltan la no obligatoriedad de que en el Estado donde se haya cometido los delitos contra el g\u00e9nero humano estos se contemplen como acciones delictivas, para poder ser procesadas por otras instancias. Esta regla junto con la orientaci\u00f3n del Derecho Internacional Penal da cabida a la aplicaci\u00f3n del llamado principio de jurisdicci\u00f3n universal.<\/p>\n<p><strong>En ese sentido, para lograr la activaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n universal<\/strong> en ausencia de legislaci\u00f3n nacional, los Principios de Princenton establecen que los \u00f3rganos judiciales nacionales pueden basarse en la jurisdicci\u00f3n universal si su legislaci\u00f3n propia no la contempla espec\u00edficamente.<\/p>\n<h2>Cooperaci\u00f3n internacional<\/h2>\n<p>En vista de la necesidad de afianzar la cooperaci\u00f3n internacional para apoyar la resoluci\u00f3n de estos casos, la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas produjo un documento con los principios de colaboraci\u00f3n en la identificaci\u00f3n, detenci\u00f3n, extradici\u00f3n y castigo a los culpables de cr\u00edmenes de guerra o cr\u00edmenes de lesa humanidad durante la Asamblea General del 3 de diciembre de 1973.<\/p>\n<p><strong>A pesar de esta cooperaci\u00f3n la ocurrencia de las guerras mundiales<\/strong> gener\u00f3 la construcci\u00f3n de una instancia penal internacional que pudiera establecer responsabilidades frente a las graves violaciones de los derechos humanos cometidas. Este movimiento internacional para evitar la impunidad se manifest\u00f3 antes de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que ha generado cambios importantes en el \u00e1rea de la justicia internacional, obligando incluso a replantear la situaci\u00f3n actual en lo que concierne al principio de jurisdicci\u00f3n universal.<\/p>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 ocurre en Venezuela?<\/h2>\n<p>El C\u00f3digo Penal venezolano en su art\u00edculo 4.9 comparte una dimensi\u00f3n parecida a la experiencia espa\u00f1ola, al referirse a la posibilidad de extender su jurisdicci\u00f3n a casos fuera de su territorio en materia de \u00ab<em>delitos atroces contra la humanidad\u00bb<\/em>.<\/p>\n<p><strong>Sin embargo, la legislaci\u00f3n venezolana no especifica el sentido de la expresi\u00f3n y tampoco tipifica normas penales que regulen al genocidio, lesa humanidad y otras figuras semejantes<\/strong>. Por su parte, el C\u00f3digo Org\u00e1nico de Justicia Militar y la Agresi\u00f3n considera, en los art\u00edculos 153 y 154, como punible la acci\u00f3n para organizar ataques desde el territorio venezolano contra cualquier otro Estado.<\/p>\n<p>La persecuci\u00f3n de delitos como el genocidio o lesa humanidad no es posible para la jurisdicci\u00f3n venezolana, debido a que \u2014a pesar de la obligaci\u00f3n internacional\u2014 <strong>no se ha generado la reforma legislativa que permita tipificar estas conductas.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Venezuela es Estado parte del Convenio para la Prevenci\u00f3n y la Sanaci\u00f3n del Delito de Genocidio desde el a\u00f1o 1960<\/strong>. Por lo tanto, en territorio nacional el genocidio o el delito de lesa humanidad no es punible, salvo en el caso de las conductas punibles residuales que coincidan con la regulaci\u00f3n internacional.<\/p>\n<p><strong>Aunque suene parad\u00f3jico, de suceder en Venezuela conductas de este orden es indudable la manifestaci\u00f3n de la justicia internacional<\/strong>, pues el pa\u00eds suscribi\u00f3 el Estatuto de Roma sin que prevaleciese ning\u00fan tipo de cuestionamiento sobre los aspectos de sus normativas internas que contradijeran los lineamientos de la jurisdicci\u00f3n internacional.<\/p>\n<p><strong>Debido a los reglamentos internos de Venezuela, la naci\u00f3n no puede extender su fuero jurisdiccional<\/strong> a los casos acontecidos fuera de sus fronteras, salvo en las situaciones de extraterritorialidad que ajustadas a la tipicidad sean reconocidas internamente como \u00ab<em>objetos de persecuci\u00f3n\u00bb<\/em>, bajo los principios de defensa y protecci\u00f3n, jurisdicci\u00f3n complementaria, justicia sustitutoria y personalidad activa o pasiva.<\/p>\n<blockquote><p>Sin embargo, hay que acotar que al momento de suscribir el Tratado de Roma, Venezuela reconoci\u00f3 que la \u00fanica instancia internacional para ejercer la jurisdicci\u00f3n universal es la Corte Penal Internacional y bajo este pasa a ser un mandato superior.<\/p><\/blockquote>\n<h2>La legislaci\u00f3n Venezolana y la Jurisdicci\u00f3n Internacional<\/h2>\n<p><strong>De igual forma, la legislaci\u00f3n venezolana adem\u00e1s de se\u00f1alar la competencia natural de juzgamiento<\/strong> en el territorio para los delitos cometidos en el espacio geogr\u00e1fico del pa\u00eds, tambi\u00e9n establece de forma excepcional la jurisdicci\u00f3n extraterritorialidad, aplicada a situaciones espec\u00edficas establecidas en la ley. Esta excepci\u00f3n obliga al Estado venezolano a reconocer faltas cometidas en el extranjero. Est\u00e1 descrita de la siguiente forma en el art\u00edculo 60 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Procesal Penal:<\/p>\n<p>\u00ab<em>En las causas por delitos cometidos fuera del territorio de la Rep\u00fablica, cuando el proceso pueda o deba seguirse en Venezuela, ser\u00e1 competente, si no existe tribunal designado expresamente por ley especial, el que ejerza la jurisdicci\u00f3n en el lugar donde est\u00e9 situada la \u00faltima residencia del imputado o imputada; y, si \u00e9ste o \u00e9sta no ha residido en la Rep\u00fablica, ser\u00e1 competente el del lugar donde arribe o se encuentre para el momento de solicitarse el enjuiciamiento.<\/em>\u00bb<\/p>\n<p><strong>El art\u00edculo 3 del mismo instrumento legal establece la competencia territorial para la persecuci\u00f3n penal de todo el que cometa un delito en el espacio geogr\u00e1fico.<\/strong> Por su parte el art\u00edculo 4 evidencia que est\u00e1n sujetos al enjuiciamiento en Venezuela y se castigar\u00e1n de acuerdo a la ley penal venezolana los individuos que, a\u00fan encontr\u00e1ndose fuera del territorio cometan ciertos actos como hacerse reos de traici\u00f3n contra la Rep\u00fablica, cometer alg\u00fan delito contra la seguridad del pa\u00eds o alguno de sus ciudadanos siendo extranjero, fabricar o despachar armas o municiones con destino a Venezuela sin autorizaci\u00f3n del Gobierno de la Rep\u00fablica, entre otras acciones penales.<\/p>\n<p><strong>Este reglamento es reforzado en el art\u00edculo 73 de la Ley Org\u00e1nica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo<\/strong>, promulgada el 20 de abril de 2012, que se\u00f1ala de forma clara que est\u00e1n sujetos al enjuiciamiento conforme a la ley nacional, los venezolanos o extranjeros que cometan delitos que atenten contra los intereses patrimoniales de integridad o seguridad de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela.<\/p>\n<p><strong>Al suscribir y ratificar el Estatuto de Roma, Venezuela debe legislar a los fines de garantizar la tutela judicial efectiva en la competencia internacional a la que se comprometi\u00f3.<\/strong> Esto implica no limitarse a la aplicaci\u00f3n adjetiva gen\u00e9rica ofrecida por el C\u00f3digo Org\u00e1nico Procesal Venezolana y la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, sino desarrollar tambi\u00e9n sistemas expedidos de la aplicaci\u00f3n internacional. Siendo uno de los primeros pa\u00edses en suscribir el tratado, la intenci\u00f3n debe ser avanzar tal como se ordena en el Principio de Progresividad de los Derechos Humanos, establecido en el art\u00edculo 19 de la carta magna venezolana.<\/p>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/venfort.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/EL-ESTATUTO-DE-ROMA-Y-SU-APLICACION-EN-VENEZUELA.pdf\">Descargue el documento gratuito: Estatuto de Roma y su aplicaci\u00f3n en Venezuela.<\/a><\/h4>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La jurisdicci\u00f3n universal de todos los Estados fue absorbida por la Corte Penal Internacional, cuando qued\u00f3 formulado el Estatuto de Roma y todos los Estados suscriptores declinaron a favor de que sea un solo tribunal el que pueda conocer y legislar sobre estos cr\u00edmenes contra la humanidad. 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