{"id":4804,"date":"2026-04-02T11:21:34","date_gmt":"2026-04-02T15:21:34","guid":{"rendered":"https:\/\/venfort.com\/?p=4804"},"modified":"2026-04-02T11:22:08","modified_gmt":"2026-04-02T15:22:08","slug":"caso-duterte-ante-la-corte-penal-internacional-analisis-juridico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/venfort.com\/es\/caso-duterte-ante-la-corte-penal-internacional-analisis-juridico\/","title":{"rendered":"Caso Duterte ante la Corte Penal Internacional: audiencia de confirmaci\u00f3n de cargos, estado procesal y claves para la defensa"},"content":{"rendered":"\n

An\u00e1lisis jur\u00eddico desde la perspectiva de la defensa penal internacional<\/em><\/p>\n\n\n\n

Dr. Alan Aldana<\/strong>
Abogado acreditado ante la Corte Penal Internacional
Socio director, VENFORT\u00ae Abogados
Marzo de 2026\u00a0 |\u00a0 Actualizado a 24 de marzo de 2026
Madrid \u00b7 Caracas \u00b7 Bruselas \u00b7 Ginebra<\/p>\n\n\n\n

Resumen ejecutivo<\/h2>\n\n\n\n

El pasado 27 de febrero de 2026, la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional concluy\u00f3 la audiencia de confirmaci\u00f3n de cargos en el caso contra Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas. La audiencia se celebr\u00f3 ante las magistradas Iulia Antoanella Motoc (presidenta), Reine Ad\u00e9la\u00efde Sophie Alapini-Gansou y Mar\u00eda del Socorro Flores Liera.<\/p>\n\n\n\n

Este art\u00edculo analiza, desde la perspectiva de la defensa penal internacional, qu\u00e9 es una audiencia de confirmaci\u00f3n de cargos, c\u00f3mo se desarroll\u00f3 en este caso, qu\u00e9 se ha decidido hasta la fecha, qu\u00e9 queda pendiente y cu\u00e1les son las opciones procesales que se abren a partir de ahora.<\/p>\n\n\n\n

Es fundamental comprender que la audiencia ha concluido, pero la decisi\u00f3n de la Sala a\u00fan no se ha dictado. No estamos ante una condena ni ante una absoluci\u00f3n. Estamos ante una deliberaci\u00f3n en curso. La Sala dispone hasta el 28 de abril de 2026 para emitir su resoluci\u00f3n.<\/em><\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 es una audiencia de confirmaci\u00f3n de cargos y para qu\u00e9 sirve?<\/h2>\n\n\n\n

La confirmaci\u00f3n de cargos es el filtro procesal que separa la fase de investigaci\u00f3n de la fase de juicio en la Corte Penal Internacional. Su funci\u00f3n es sencilla de enunciar, aunque compleja de ejecutar: la Sala debe determinar si existe evidencia suficiente para sostener que hay motivos fundados<\/em> (substantial grounds<\/em>) para creer que el sospechoso cometi\u00f3 cada uno de los cargos que le imputa la Fiscal\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

El procedimiento est\u00e1 regulado en el art\u00edculo 61 del Estatuto de Roma y tiene tres caracter\u00edsticas que cualquier observador debe tener presentes.<\/p>\n\n\n\n

Primera: no es un juicio anticipado<\/h3>\n\n\n\n

La propia Sala ha recordado en sus \u00f3rdenes de conducci\u00f3n del proceso que la confirmaci\u00f3n de cargos tiene un alcance limitado y no debe convertirse en un mini-trial<\/em>, por mucho que el volumen de evidencia y documentaci\u00f3n divulgada sea considerable. Como declar\u00f3 la magistrada presidenta al inicio de la audiencia, la Sala no adoptar\u00e1 ninguna decisi\u00f3n sobre la culpabilidad o inocencia del acusado durante esta vista.<\/p>\n\n\n\n

Segunda: el est\u00e1ndar probatorio es intermedio<\/h3>\n\n\n\n

El Estatuto de Roma establece un sistema escalonado de est\u00e1ndares probatorios. Para emitir una orden de detenci\u00f3n, el art\u00edculo 58 exige motivos razonables<\/em> (reasonable grounds<\/em>). Para confirmar cargos, el art\u00edculo 61(7) exige motivos fundados<\/em> (substantial grounds<\/em>), un umbral m\u00e1s elevado que el de la detenci\u00f3n pero inferior al del juicio, donde la condena requiere prueba m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

Tercera: solo existen tres resultados posibles<\/h3>\n\n\n\n

Tras la audiencia, la Sala debe adoptar una de estas tres decisiones: confirmar los cargos y remitir el asunto a juicio; no confirmar los cargos y cerrar el procedimiento respecto de ellos; o aplazar la decisi\u00f3n y solicitar a la Fiscal\u00eda que aporte prueba adicional o modifique los cargos. No hay t\u00e9rminos medios.<\/p>\n\n\n\n

El \u00abtri\u00e1ngulo normativo\u00bb: Estatuto de Roma, Reglas de Procedimiento y Reglamento de la Corte<\/h2>\n\n\n\n

La confirmaci\u00f3n de cargos se apoya en tres cuerpos normativos que operan de manera conjunta.<\/p>\n\n\n\n

El Estatuto de Roma<\/strong> establece la base. Su art\u00edculo 58 regula la orden de detenci\u00f3n. Su art\u00edculo 60 regula la comparecencia inicial, el derecho a solicitar libertad provisional y las revisiones peri\u00f3dicas de la detenci\u00f3n. Y su art\u00edculo 61 regula el objeto, la din\u00e1mica y los resultados de la confirmaci\u00f3n de cargos, incluida la posibilidad de celebrar la audiencia en ausencia cuando el acusado renuncia a estar presente.<\/p>\n\n\n\n

Las Reglas de Procedimiento y Prueba<\/strong> desarrollan el procedimiento. La Regla 121 regula las actuaciones preparatorias, la fijaci\u00f3n de fecha y la divulgaci\u00f3n de prueba. Las Reglas 124 a 126 regulan la renuncia a comparecer, la decisi\u00f3n de celebrar la audiencia en ausencia y el r\u00e9gimen aplicable cuando esto ocurre.<\/p>\n\n\n\n

El Reglamento de la Corte<\/strong> completa el marco. Su Reglamento 53 establece el dato procesal m\u00e1s relevante en este momento: la Sala dispone de un plazo m\u00e1ximo de sesenta d\u00edas naturales<\/strong> desde la conclusi\u00f3n de la audiencia para dictar su decisi\u00f3n escrita. La audiencia concluy\u00f3 el 27 de febrero de 2026, por lo que el plazo vence alrededor del 28 de abril de 2026<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

C\u00f3mo se ha desarrollado el caso: cronolog\u00eda completa y resoluciones clave<\/h2>\n\n\n\n

Los hechos investigados<\/h3>\n\n\n\n

Los cargos se refieren a hechos ocurridos en el territorio de Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, un d\u00eda antes de que la retirada de Filipinas del Estatuto de Roma surtiera efecto. Filipinas, Estado parte desde el 1 de noviembre de 2011, deposit\u00f3 la notificaci\u00f3n escrita de retirada el 17 de marzo de 2018, y dicha retirada se hizo efectiva el 17 de marzo de 2019, conforme al art\u00edculo 127 del Estatuto.<\/p>\n\n\n\n

Cronolog\u00eda procesal<\/h3>\n\n\n\n

10 de febrero de 2025.<\/strong> La Fiscal\u00eda solicita una orden de detenci\u00f3n contra Duterte por cr\u00edmenes de lesa humanidad de asesinato, tortura y violaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

7 de marzo de 2025.<\/strong> La Sala de Cuestiones Preliminares I emite la orden de detenci\u00f3n, inicialmente clasificada como secreta.<\/p>\n\n\n\n

11 de marzo de 2025.<\/strong> La orden de detenci\u00f3n se reclasifica como p\u00fablica. El acusado es arrestado por las autoridades filipinas en Manila, a su llegada desde Hong Kong, y es trasladado a La Haya ese mismo d\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

12 de marzo de 2025.<\/strong> El acusado es entregado formalmente a la custodia de la CPI.<\/p>\n\n\n\n

14 de marzo de 2025.<\/strong> Se celebra la comparecencia inicial por videoconferencia desde el centro de detenci\u00f3n de Scheveningen.<\/p>\n\n\n\n

12 de junio de 2025.<\/strong> La defensa presenta una solicitud de libertad provisional, alegando, entre otros motivos, la edad avanzada del acusado.<\/p>\n\n\n\n

19 de agosto de 2025.<\/strong> La defensa presenta una solicitud actualizada de libertad provisional.<\/p>\n\n\n\n

8 de septiembre de 2025.<\/strong> La Sala pospone la audiencia de confirmaci\u00f3n, inicialmente prevista para el 23 de septiembre de 2025, para resolver la solicitud de aplazamiento de la defensa, que alegaba que el acusado no estaba en condiciones de participar en el procedimiento por deterioro cognitivo.<\/p>\n\n\n\n

10 de octubre de 2025.<\/strong> La Sala deniega la solicitud de libertad provisional. La decisi\u00f3n es posteriormente confirmada en apelaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

23 de octubre de 2025.<\/strong> La Sala rechaza la impugnaci\u00f3n de jurisdicci\u00f3n planteada por la defensa. No obstante, una apelaci\u00f3n sobre esta cuesti\u00f3n permanece pendiente ante la Sala de Apelaciones a fecha de este art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

5 de diciembre de 2025.<\/strong> Un panel de tres expertos m\u00e9dicos independientes, designados por la Sala, presenta las conclusiones de su examen m\u00e9dico del acusado.<\/p>\n\n\n\n

26 de enero de 2026.<\/strong> La Sala declara al acusado apto para participar en el procedimiento preliminar, rechazando los argumentos de la defensa, y fija la audiencia de confirmaci\u00f3n para el 23 de febrero de 2026. En la misma fecha, la Sala lleva a cabo la primera revisi\u00f3n peri\u00f3dica de la detenci\u00f3n y concluye que no concurren circunstancias nuevas que justifiquen la puesta en libertad.<\/p>\n\n\n\n

23 al 27 de febrero de 2026.<\/strong> Se celebra la audiencia de confirmaci\u00f3n de cargos. El acusado estuvo presente en la audiencia. Desde su detenci\u00f3n, ha cambiado en varias ocasiones de equipo de defensa. La Fiscal\u00eda, la representaci\u00f3n legal de las v\u00edctimas y la defensa formularon sus alegatos orales y sus conclusiones. La Sala adopt\u00f3 medidas especiales recomendadas por el panel m\u00e9dico, como la limitaci\u00f3n de las sesiones a tres horas diarias con descansos cada hora y un m\u00e1ximo de cuatro d\u00edas de audiencia por semana.<\/p>\n\n\n\n

6 de marzo de 2026.<\/strong> La Sala de Apelaciones, integrada por la magistrada Luz del Carmen Ib\u00e1\u00f1ez Carranza (presidenta), las magistradas Tomoko Akane y Solomy Balungi Bossa, y los magistrados Gocha Lordkipanidze y Erdenebalsuren Damdin, emite su sentencia rechazando la apelaci\u00f3n de Duterte contra la decisi\u00f3n de revisi\u00f3n de su detenci\u00f3n, confirmando as\u00ed que el acusado permanece detenido.<\/p>\n\n\n\n

Las partes intervinientes<\/h2>\n\n\n\n

En la fase de confirmaci\u00f3n intervienen cuatro actores procesales. La Fiscal\u00eda de la CPI<\/strong>, representada por el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang y los abogados principales del equipo de enjuiciamiento, que sostiene los cargos y expone la evidencia. La defensa<\/strong>, que impugna la jurisdicci\u00f3n, cuestiona la suficiencia de la prueba y promueve decisiones favorables. La representaci\u00f3n legal com\u00fan de las v\u00edctimas<\/strong>, que act\u00faa en nombre de las 539 v\u00edctimas autorizadas a participar en el procedimiento, representadas por Joel Butuyan, Gilbert Andres y Paolina Massidda (de la Oficina del Consejo P\u00fablico para las V\u00edctimas de la Corte), y que formula observaciones sobre la confirmaci\u00f3n y los intereses de participaci\u00f3n dentro del marco del art\u00edculo 68(3) del Estatuto. Y la Sala de Cuestiones Preliminares I<\/strong>, que dirige el procedimiento, resuelve las incidencias y dictar\u00e1 la decisi\u00f3n final.<\/p>\n\n\n\n

N\u00facleo decisorio de las resoluciones clave<\/h2>\n\n\n\n

Como abogado acreditado ante la Corte Penal Internacional, me interesa aislar el ratio decidendi<\/em> de las resoluciones que han marcado el desarrollo del caso.<\/p>\n\n\n\n

Decisi\u00f3n de posposici\u00f3n (8 de septiembre de 2025)<\/h3>\n\n\n\n

La Sala vac\u00f3 la fecha de audiencia y la pospuso hasta nuevo aviso, con fundamento en la Regla 121(7), suspendiendo los plazos conexos. El n\u00facleo de esta decisi\u00f3n es de gesti\u00f3n procesal: preservar la integridad y el orden del tr\u00e1mite mientras se resolv\u00edan cuestiones previas, incluida la aptitud del acusado para participar. La defensa hab\u00eda alegado un deterioro cognitivo del acusado en m\u00faltiples dominios.<\/p>\n\n\n\n

Decisi\u00f3n sobre aptitud (26 de enero de 2026)<\/h3>\n\n\n\n

Tras recibir el informe del panel de tres expertos m\u00e9dicos independientes, la Sala concluy\u00f3 que el acusado est\u00e1 en condiciones de ejercer eficazmente sus derechos procesales y, por consiguiente, es apto para participar en el procedimiento preliminar. La Sala adopt\u00f3, no obstante, medidas especiales para facilitar su participaci\u00f3n, incluida la limitaci\u00f3n de las sesiones diarias a tres horas y descansos cada hora.<\/p>\n\n\n\n

Decisi\u00f3n sobre jurisdicci\u00f3n (23 de octubre de 2025)<\/h3>\n\n\n\n

La Sala rechaz\u00f3 la impugnaci\u00f3n de la defensa y sostuvo que la Corte puede ejercer jurisdicci\u00f3n pese a la retirada de Filipinas del Estatuto de Roma. El razonamiento se apoya en el art\u00edculo 127(2), que establece que la retirada no afecta a los asuntos que ya estaban bajo consideraci\u00f3n<\/em> antes de hacerse efectiva. La Sala enfatiz\u00f3 que el derecho de retirada no puede utilizarse como mecanismo para sustraer a personas de la justicia por hechos ya sometidos al conocimiento de la Corte.<\/p>\n\n\n\n

Esta decisi\u00f3n resulta especialmente relevante porque sienta un precedente sobre los l\u00edmites del derecho de retirada: la salida del tratado no opera como un escudo retroactivo. No obstante, debe se\u00f1alarse que, a fecha de este art\u00edculo, una apelaci\u00f3n sobre la cuesti\u00f3n jurisdiccional permanece pendiente ante la Sala de Apelaciones.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Denegaci\u00f3n de libertad provisional (10 de octubre de 2025, confirmada en apelaci\u00f3n)<\/h3>\n\n\n\n

La Sala deneg\u00f3 la solicitud de libertad provisional presentada por la defensa en junio de 2025 y actualizada en agosto de 2025. La decisi\u00f3n fue confirmada en apelaci\u00f3n. Posteriormente, en la revisi\u00f3n peri\u00f3dica de 26 de enero de 2026, la Sala concluy\u00f3 que no concurr\u00edan circunstancias nuevas que justificasen la modificaci\u00f3n de su decisi\u00f3n anterior.<\/p>\n\n\n\n

Sentencia de la Sala de Apelaciones sobre detenci\u00f3n (6 de marzo de 2026)<\/h3>\n\n\n\n

La Sala de Apelaciones rechaz\u00f3 la apelaci\u00f3n de Duterte contra la decisi\u00f3n de revisi\u00f3n de su detenci\u00f3n de 26 de enero de 2026. La Sala de Apelaciones constat\u00f3, entre otros extremos, que el informe presentado por la defensa no conten\u00eda informaci\u00f3n m\u00e9dica nueva, dado que los dos profesionales seleccionados por la defensa no hab\u00edan realizado un examen m\u00e9dico nuevo del acusado. Confirm\u00f3 as\u00ed la decisi\u00f3n de la Sala de Cuestiones Preliminares y el acusado permanece detenido.<\/p>\n\n\n\n

Los cargos: qu\u00e9 imputa la Fiscal\u00eda y c\u00f3mo construye su caso<\/h2>\n\n\n\n

La pieza central de cualquier audiencia de confirmaci\u00f3n es el Document Containing the Charges<\/em> (DCC), el documento que delimita el per\u00edmetro jur\u00eddico y f\u00e1ctico sobre el que se discute si existe evidencia suficiente. La versi\u00f3n p\u00fablica redactada del DCC, de 13 de febrero de 2026, enumera adem\u00e1s a otras ocho personas como coperpetradoras de los cr\u00edmenes junto a Duterte, si bien hasta la fecha no se han hecho p\u00fablicas otras \u00f3rdenes de detenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La Fiscal\u00eda formula tres cargos por cr\u00edmenes de lesa humanidad de asesinato y tentativa de asesinato, conforme al art\u00edculo 7(1)(a) del Estatuto de Roma, presuntamente cometidos como parte de un ataque generalizado y sistem\u00e1tico contra la poblaci\u00f3n civil en el contexto de la campa\u00f1a denominada \u00abguerra contra las drogas\u00bb, con un periodo de hechos comprendido entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019.<\/p>\n\n\n\n

Cargo primero:<\/strong> asesinatos cometidos en Dav\u00e1o y sus alrededores durante el periodo municipal, atribuidos al denominado Davao Death Squad<\/em> (DDS). La Fiscal\u00eda describe 19 asesinatos cometidos entre 2013 y 2016 mientras el acusado era alcalde de la ciudad.<\/p>\n\n\n\n

Cargo segundo:<\/strong> asesinatos de objetivos clasificados como de alto valor (High-Value Targets<\/em>) durante el periodo presidencial, incluidos incidentes en Manila y otros puntos del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Cargo tercero:<\/strong> asesinatos y tentativas de asesinato en operaciones de limpieza de barrios (barangay clearance<\/em>) durante el periodo presidencial.<\/p>\n\n\n\n

En conjunto, la Fiscal\u00eda present\u00f3 los tres cargos sobre la base de 49 incidentes que afectan a 78 v\u00edctimas, incluidos menores, precisando expresamente que estas cifras representan solo una fracci\u00f3n del total de v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n

La Fiscal\u00eda atribuye responsabilidad individual al acusado bajo tres modalidades: como coautor indirecto, en virtud del art\u00edculo 25(3)(a) del Estatuto de Roma; como persona que orden\u00f3 o indujo la comisi\u00f3n de los cr\u00edmenes, conforme al art\u00edculo 25(3)(b); y como persona que prest\u00f3 asistencia o instig\u00f3, conforme al art\u00edculo 25(3)(c).<\/p>\n\n\n\n

La teor\u00eda del caso se construye sobre la existencia de un plan com\u00fan<\/em> dirigido a neutralizar a supuestos criminales mediante la violencia, ejecutado a trav\u00e9s de una estructura dual: el DDS en el periodo municipal y una red nacional en el periodo presidencial, con participaci\u00f3n de actores estatales, incluidos miembros de la Polic\u00eda Nacional de Filipinas.<\/p>\n\n\n\n

Sobre la evidencia: documental y \u00abresumida\u00bb<\/h3>\n\n\n\n

El Estatuto de Roma prev\u00e9 expresamente que, en la fase de confirmaci\u00f3n, la Fiscal\u00eda puede apoyarse en evidencia documental o resumida y no est\u00e1 obligada a llamar a los testigos que declarar\u00e1n en juicio. La Fiscal\u00eda ha divulgado a la defensa miles de elementos de prueba, incluidas declaraciones de testigos, material documental, material audiovisual y evidencia forense y contextual. Esta es una diferencia crucial respecto de la fase de juicio y condiciona toda la estrategia de la defensa.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 se ha decidido y qu\u00e9 queda pendiente?<\/h2>\n\n\n\n

A fecha de 24 de marzo de 2026, la situaci\u00f3n procesal exige distinguir con precisi\u00f3n entre lo que ya est\u00e1 resuelto y lo que a\u00fan no.<\/p>\n\n\n\n

Lo que s\u00ed est\u00e1 decidido<\/h3>\n\n\n\n

Existe una orden de detenci\u00f3n dictada el 7 de marzo de 2025 y el acusado fue entregado a la Corte el 12 de marzo de 2025. La Sala declar\u00f3 al acusado apto para participar en el procedimiento el 26 de enero de 2026. La Sala rechaz\u00f3 la impugnaci\u00f3n de jurisdicci\u00f3n, aunque una apelaci\u00f3n sobre esta cuesti\u00f3n permanece pendiente ante la Sala de Apelaciones. La solicitud de libertad provisional fue denegada y la denegaci\u00f3n ha sido confirmada tanto en apelaci\u00f3n como en la revisi\u00f3n peri\u00f3dica y en la sentencia de la Sala de Apelaciones de 6 de marzo de 2026. La audiencia de confirmaci\u00f3n se celebr\u00f3 del 23 al 27 de febrero de 2026 con la presencia del acusado.<\/p>\n\n\n\n

Lo que a\u00fan no est\u00e1 decidido<\/h3>\n\n\n\n

La decisi\u00f3n de confirmaci\u00f3n de cargos no se ha dictado todav\u00eda.<\/strong> Esta es la decisi\u00f3n determinante. Es la que establece si el caso se remite a una Sala de Primera Instancia para juicio, si el procedimiento se detiene por insuficiencia probatoria o si se ordena un aplazamiento para completar la prueba o modificar los cargos. La Sala dispone hasta aproximadamente el 28 de abril de 2026 para dictar esta resoluci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

No estamos ante una condena. No estamos ante una absoluci\u00f3n. Estamos ante una deliberaci\u00f3n en curso, cuyo resultado determinar\u00e1 el futuro procesal del caso.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Un matiz procesal que a menudo pasa inadvertido: la decisi\u00f3n de confirmaci\u00f3n no es directamente apelable. Tanto la Fiscal\u00eda como la defensa deben solicitar autorizaci\u00f3n (leave to appeal<\/em>) a la propia Sala. Esto es coherente con el sistema de recursos interlocutorios de la CPI, donde no toda resoluci\u00f3n es impugnable de pleno derecho.<\/p>\n\n\n\n

Los tres escenarios posibles y sus consecuencias<\/h2>\n\n\n\n

Escenario primero: confirmaci\u00f3n total de cargos<\/h3>\n\n\n\n

Si la Sala confirma todos los cargos, el asunto se remite a una Sala de Primera Instancia y se abre la fase de juicio. El sospechoso pasa a tener la condici\u00f3n de acusado. Para la defensa, la estrategia pivota hacia la exclusi\u00f3n e impugnaci\u00f3n de pruebas, la preparaci\u00f3n del contrainterrogatorio y la construcci\u00f3n de una teor\u00eda alternativa del caso. Las revisiones de la detenci\u00f3n y las medidas de protecci\u00f3n se intensifican.<\/p>\n\n\n\n

Escenario segundo: confirmaci\u00f3n parcial<\/h3>\n\n\n\n

Si la Sala confirma algunos cargos y rechaza otros, solo los confirmados pasan a juicio. Esto obliga a un reencuadre t\u00e1ctico: concentrar la defensa en los cargos que subsisten y vigilar eventuales intentos de la Fiscal\u00eda de recomponer el caso mediante solicitudes posteriores de prueba adicional.<\/p>\n\n\n\n

Escenario tercero: no confirmaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n

Si la Sala no confirma ninguno de los cargos, el procedimiento se detiene. La detenci\u00f3n preventiva pierde su fundamento instrumental respecto del caso, lo que abre una discusi\u00f3n inmediata sobre la situaci\u00f3n de libertad del acusado. No obstante, el art\u00edculo 61(8) del Estatuto permite que la Fiscal\u00eda solicite una nueva confirmaci\u00f3n si aporta evidencia adicional. Como se\u00f1ala la propia CPI en su documentaci\u00f3n p\u00fablica, la no confirmaci\u00f3n de cargos no significa que el procedimiento haya concluido de forma definitiva.<\/p>\n\n\n\n

Escenario adicional: aplazamiento<\/h3>\n\n\n\n

La Sala tambi\u00e9n puede aplazar la decisi\u00f3n y solicitar a la Fiscal\u00eda que complete la investigaci\u00f3n o que modifique los cargos. Este escenario prolonga el procedimiento y genera una discusi\u00f3n reforzada sobre la detenci\u00f3n y las dilaciones.<\/p>\n\n\n\n

Opciones de la defensa en este estadio procesal<\/h2>\n\n\n\n

Sin prejuzgar el resultado de la deliberaci\u00f3n, las l\u00edneas de defensa razonables en este momento procesal son las siguientes.<\/p>\n\n\n\n

Atacar la coherencia interna de los cargos.<\/strong> Cuestionar los v\u00ednculos causales y, especialmente, el salto l\u00f3gico entre el contexto general \u2014la existencia de un ataque generalizado y sistem\u00e1tico\u2014 y la responsabilidad individual del acusado bajo las modalidades de coautor\u00eda indirecta, inducci\u00f3n o asistencia.<\/p>\n\n\n\n

Preservar objeciones de jurisdicci\u00f3n para etapas futuras.<\/strong> La Sala rechaz\u00f3 la impugnaci\u00f3n principal, pero una apelaci\u00f3n sobre esta cuesti\u00f3n permanece pendiente. La defensa debe mantener vivas estas objeciones, especialmente si la configuraci\u00f3n f\u00e1ctica del caso var\u00eda o si se intentan nuevas v\u00edas de imputaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Impugnar la detenci\u00f3n y solicitar libertad provisional.<\/strong> Pese a las denegaciones anteriores, el Estatuto de Roma reconoce el derecho a que la detenci\u00f3n sea revisada de forma peri\u00f3dica. Las condiciones de salud del acusado, acreditadas por el panel de expertos, y su edad avanzada siguen siendo argumentos que la defensa puede invocar ante cualquier cambio de circunstancias.<\/p>\n\n\n\n

Exigir igualdad de armas en la divulgaci\u00f3n de prueba.<\/strong> La propia Sala ha subrayado que una divulgaci\u00f3n masiva y poco selectiva puede impedir el ejercicio real del derecho de defensa, y que la Fiscal\u00eda debe divulgar \u00fanicamente prueba relevante y apta para sostener alegaciones f\u00e1cticas espec\u00edficas.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfPor qu\u00e9 importa este caso?<\/h2>\n\n\n\n

El caso Duterte no es solo un asunto de derecho penal internacional. Es un punto de inflexi\u00f3n en la pr\u00e1ctica de la Corte Penal Internacional que afecta a cualquier persona o entidad con exposici\u00f3n a la jurisdicci\u00f3n de la CPI.<\/p>\n\n\n\n

La decisi\u00f3n sobre jurisdicci\u00f3n establece que la retirada de un Estado del Estatuto de Roma no protege a los investigados por hechos ocurridos antes de la salida efectiva. La audiencia de confirmaci\u00f3n, celebrada con medidas especiales adaptadas a la condici\u00f3n de salud del acusado, sienta precedentes sobre el alcance de las garant\u00edas procesales en circunstancias excepcionales. Y la pr\u00f3xima decisi\u00f3n de confirmaci\u00f3n definir\u00e1 el est\u00e1ndar de prueba que la Sala exige para remitir un caso a juicio en un asunto de esta complejidad.<\/p>\n\n\n\n

Para jefes de Estado, altos funcionarios, directivos corporativos y cualquier persona que pueda encontrarse en el \u00e1mbito de actuaci\u00f3n de la CPI, este caso contiene lecciones pr\u00e1cticas que conviene estudiar con detenimiento.<\/p>\n\n\n\n

Sobre el autor<\/h3>\n\n\n\n

El Dr. Alan Aldana es abogado acreditado ante la Corte Penal Internacional, con m\u00e1s de veinte a\u00f1os de ejercicio en derecho penal internacional, procedimientos de extradici\u00f3n<\/a>, litigio ante INTERPOL y defensa econ\u00f3mica transfronteriza<\/a>. Es socio director de VENFORT\u00ae Abogados, con oficinas en Madrid y Caracas, y dirige la pr\u00e1ctica de defensa penal internacional de la firma junto al profesor Ludovic Hennebel, miembro del Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y counsel<\/em> en Doughty Street Chambers (Londres).<\/p>\n\n\n\n

Consulta confidencial<\/h3>\n\n\n\n

Si su organizaci\u00f3n o sus directivos afrontan una exposici\u00f3n ante la Corte Penal Internacional, procedimientos de jurisdicci\u00f3n universal, alertas de INTERPOL o cualquier forma de riesgo penal internacional, VENFORT ofrece una primera consulta confidencial y sin compromiso.<\/p>\n\n\n\n

Dr. Alan Aldana<\/strong>\u00a0 \u2014\u00a0\u00a0Solicite una llamada en www.venfort.com\/contacto<\/a><\/strong>.
Todas las comunicaciones est\u00e1n protegidas por el secreto profesional.<\/p>\n\n\n\n

Fuentes primarias consultadas<\/strong><\/p>\n\n\n\n