{"id":6094,"date":"2026-08-13T14:37:46","date_gmt":"2026-08-13T18:37:46","guid":{"rendered":"https:\/\/venfort.com\/?p=6094"},"modified":"2026-08-16T14:37:56","modified_gmt":"2026-08-16T18:37:56","slug":"prueba-obtenida-extranjero-espana-eeuu-venezuela","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/venfort.com\/ru\/prueba-obtenida-extranjero-espana-eeuu-venezuela\/","title":{"rendered":"\u0414\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430, \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0437\u0430 \u0440\u0443\u0431\u0435\u0436\u043e\u043c: \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0432 \u0418\u0441\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438, \u0421\u0428\u0410 \u0438 \u0412\u0435\u043d\u0435\u0441\u0443\u044d\u043b\u0435"},"content":{"rendered":"

Un correo electr\u00f3nico intervenido en Francia, una cuenta bancaria congelada en Curazao, un tel\u00e9fono m\u00f3vil descifrado en Estados Unidos, una declaraci\u00f3n tomada en Caracas. En la criminalidad econ\u00f3mica transnacional de nuestros d\u00edas, es excepcional que toda la prueba de un proceso se genere dentro de las fronteras del pa\u00eds que juzga. La regla, hoy, es la prueba fragmentada: producida en varias jurisdicciones, bajo distintos est\u00e1ndares de garant\u00eda, y trasladada despu\u00e9s al proceso mediante instrumentos de cooperaci\u00f3n judicial internacional.<\/p>\n\n\n\n

Esa fragmentaci\u00f3n plantea una pregunta que decide procesos enteros: \u00bfbajo qu\u00e9 ley se examina la validez de una prueba producida fuera del pa\u00eds donde se juzga? \u00bfLa del lugar donde se obtuvo, o la del pa\u00eds donde se utiliza? Este estudio analiza c\u00f3mo responden a esa pregunta tres ordenamientos con los que VENFORT Abogados trabaja de forma habitual \u2014Espa\u00f1a, Estados Unidos y Venezuela\u2014 y qu\u00e9 implicaciones pr\u00e1cticas tiene para la estrategia de defensa en investigaciones por delitos econ\u00f3micos, corrupci\u00f3n transnacional y blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n

El marco general: cooperaci\u00f3n judicial internacional y sus instrumentos<\/h2>\n\n\n\n

Ning\u00fan Estado puede, por s\u00ed solo, investigar m\u00e1s all\u00e1 de sus fronteras. Cuando la prueba relevante est\u00e1 en otro pa\u00eds \u2014registros bancarios, correos corporativos, testigos, peritajes\u2014, la \u00fanica v\u00eda leg\u00edtima para obtenerla es la asistencia judicial mutua<\/strong>: un Estado solicita formalmente a otro que practique una diligencia y remita el resultado, conforme a un tratado bilateral o multilateral que ambos han ratificado.<\/p>\n\n\n\n

Los instrumentos m\u00e1s relevantes en la pr\u00e1ctica de los tres pa\u00edses que analizamos son:<\/h3>\n\n\n\n

\u0421\u0430\u0439\u0442 Tratado de Asistencia Jur\u00eddica Mutua en Materia Penal entre el Reino de Espa\u00f1a y los Estados Unidos de Am\u00e9rica<\/strong>, firmado en Washington el 20 de noviembre de 1990, en vigor desde el 30 de junio de 1993 (BOE de 17 de junio de 1993), complementado en 2004 con un instrumento adicional que incorpora el Acuerdo de asistencia judicial entre la Uni\u00f3n Europea y Estados Unidos de 25 de junio de 2003.<\/p>\n\n\n\n

\u0421\u0430\u0439\u0442 Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal<\/strong>, hecho en Estrasburgo el 20 de abril de 1959, ratificado por Espa\u00f1a en 1982, con su Protocolo Adicional de 1978 y su Segundo Protocolo Adicional de 2001 \u2014este \u00faltimo en vigor para Espa\u00f1a desde el 1 de julio de 2018\u2014, que ampli\u00f3 sustancialmente los mecanismos de cooperaci\u00f3n, incluyendo la videoconferencia y los equipos conjuntos de investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

\u0421\u0430\u0439\u0442 Convenci\u00f3n Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal<\/strong>, adoptada en Nassau el 23 de mayo de 1992, de la que Venezuela es Estado parte desde 1996, aplicable entre pa\u00edses americanos.<\/p>\n\n\n\n

\u0421\u0430\u0439\u0442 Convenio de Asistencia Legal Mutua en Materia Penal entre Venezuela y Estados Unidos<\/strong>, firmado en Caracas el 12 de octubre de 1997, marco espec\u00edfico bajo el cual ambos pa\u00edses han cooperado hist\u00f3ricamente en investigaciones de corrupci\u00f3n, narcotr\u00e1fico y delitos financieros con elementos transnacionales.<\/p>\n\n\n\n

Conviene se\u00f1alar un dato relevante para cualquier familia o directivo con intereses simult\u00e1neos en Espa\u00f1a y Venezuela: no existe entre ambos pa\u00edses un tratado bilateral de asistencia judicial en materia penal<\/strong>. El \u00fanico instrumento bilateral vigente es el Tratado de Extradici\u00f3n de Caracas de 4 de enero de 1989, que regula exclusivamente la entrega de personas reclamadas, no el intercambio de prueba. Esa laguna obliga, en la pr\u00e1ctica, a recurrir a la v\u00eda diplom\u00e1tica ordinaria, a la Convenci\u00f3n de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convenci\u00f3n de Palermo, en la medida en que resulte aplicable) o a mecanismos de reciprocidad caso por caso, lo que introduce plazos e incertidumbres que una defensa bien preparada debe anticipar desde el primer momento.<\/p>\n\n\n\n

Espa\u00f1a: el principio de no indagaci\u00f3n con l\u00edmites<\/h2>\n\n\n\n

La jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha construido, a lo largo de los \u00faltimos veinte a\u00f1os, una doctrina relativamente estable sobre la prueba producida en el extranjero: el llamado principio de no indagaci\u00f3n<\/strong>. Conforme a esta doctrina, los tribunales espa\u00f1oles no est\u00e1n obligados a verificar que la diligencia practicada en otro pa\u00eds se ajust\u00f3 punto por punto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal espa\u00f1ola, porque exigir esa conformidad estricta har\u00eda inviable, en la pr\u00e1ctica, toda cooperaci\u00f3n judicial internacional.<\/p>\n\n\n\n

Ese principio, sin embargo, no equivale a una aceptaci\u00f3n acr\u00edtica. La STS 116\/2017, de 23 de febrero<\/strong> \u2014dictada a prop\u00f3sito de la conocida como \u00ablista Falciani\u00bb, relativa a datos bancarios sustra\u00eddos por un particular en Suiza y despu\u00e9s utilizados por las autoridades fiscales espa\u00f1olas\u2014 fij\u00f3 el criterio que hoy sigue gobernando la materia: el tribunal espa\u00f1ol no aplica un test de \u00abdoble conformidad\u00bb estricta con la ley espa\u00f1ola, pero tampoco puede permanecer indiferente ante vulneraciones flagrantes de los derechos fundamentales estructurales del proceso. El est\u00e1ndar de control se centra en los principios esenciales de la actuaci\u00f3n \u2014qui\u00e9n obtuvo la prueba, con qu\u00e9 intervenci\u00f3n de autoridad p\u00fablica, y si existi\u00f3 una vulneraci\u00f3n sustancial de garant\u00edas\u2014, no en un cotejo formal de procedimientos.<\/p>\n\n\n\n

Esta l\u00ednea doctrinal se ha proyectado con especial intensidad sobre la prueba digital transnacional en los \u00faltimos a\u00f1os, a prop\u00f3sito de las comunicaciones cifradas obtenidas mediante la intervenci\u00f3n de servidores de mensajer\u00eda encriptada operados fuera de Espa\u00f1a (el conocido fen\u00f3meno EncroChat), donde autoridades francesas y neerlandesas intervinieron masivamente comunicaciones que despu\u00e9s se compartieron con otros Estados miembros mediante orden europea de investigaci\u00f3n. La tendencia jurisprudencial reciente del Tribunal Supremo, sobre esta materia, sit\u00faa el foco de control de legalidad en la correcci\u00f3n de la orden europea de investigaci\u00f3n emitida por la autoridad espa\u00f1ola receptora, m\u00e1s que en el detalle exhaustivo del procedimiento t\u00e9cnico ejecutado por la autoridad extranjera, aceptando la validez de la actuaci\u00f3n cuando esta cumple est\u00e1ndares suficientes de garant\u00eda procesal equivalente.<\/p>\n\n\n\n

Para la cadena de custodia de prueba digital y bancaria obtenida en el extranjero, la pr\u00e1ctica espa\u00f1ola exige, como m\u00ednimo: identificaci\u00f3n clara de la autoridad extranjera que produjo la prueba, constancia documental de la solicitud de auxilio judicial cursada, certificaci\u00f3n de integridad de los datos remitidos (hash criptogr\u00e1fico cuando se trate de soportes digitales) y, siempre que sea posible, la comparecencia o declaraci\u00f3n del agente extranjero que practic\u00f3 la diligencia, a efectos de contradicci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos: el problema constitucional de la \u00abstate action\u00bb<\/h2>\n\n\n\n

El sistema estadounidense aborda la cuesti\u00f3n desde un \u00e1ngulo distinto, marcado por la naturaleza constitucional de sus garant\u00edas procesales. La Cuarta Enmienda \u2014que protege frente a registros e incautaciones irrazonables\u2014 no se aplica, como regla general, a las actuaciones de autoridades extranjeras que operan sin intervenci\u00f3n sustancial de agentes estadounidenses, porque no existe \u00abacci\u00f3n estatal\u00bb atribuible a Estados Unidos. Este es el principio fijado por el Tribunal Supremo federal en United States v. Verdugo-Urquidez<\/em>, 494 U.S. 259 (1990)<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

La excepci\u00f3n relevante es la conocida como \u00abjoint venture doctrine\u00bb<\/strong>: cuando agentes federales estadounidenses participan de forma activa y sustancial en una operaci\u00f3n conjunta con autoridades extranjeras \u2014no como meros observadores, sino codirigiendo la diligencia\u2014, la prueba obtenida queda sujeta a un est\u00e1ndar de razonabilidad m\u00ednima conocido como \u00abshocks the conscience\u00bb<\/em> (un test derivado originalmente de Rochin v. California<\/em>, 342 U.S. 165, de 1952), sensiblemente m\u00e1s permisivo que el est\u00e1ndar de causa probable exigido para las actuaciones puramente dom\u00e9sticas. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito sistematiz\u00f3 esta doctrina en United States v. Barona<\/em>, 56 F.3d 1087 (9th Cir. 1995), caso de referencia obligada en la materia.<\/p>\n\n\n\n

En el plano de la admisibilidad formal, las Reglas Federales de Prueba<\/strong> (Federal Rules of Evidence) prev\u00e9n mecanismos de autoautenticaci\u00f3n para documentos extranjeros certificados \u2014incluyendo registros comerciales y bancarios\u2014 bajo la Regla 902, en sus apartados relativos a registros comerciales certificados y evidencia electr\u00f3nica certificada. En investigaciones de corrupci\u00f3n transnacional bajo la Foreign Corrupt Practices Act, este mecanismo resulta central: permite incorporar al proceso, sin necesidad de testigo presencial, registros bancarios internacionales obtenidos mediante asistencia judicial mutua o mediante los sistemas de mensajer\u00eda interbancaria internacional, siempre que se acompa\u00f1en de la certificaci\u00f3n exigida por la propia regla.<\/p>\n\n\n\n

Venezuela: cooperaci\u00f3n judicial y control fiscal de la prueba<\/h2>\n\n\n\n

El sistema procesal penal venezolano, de ra\u00edz acusatoria desde la entrada en vigor del C\u00f3digo Org\u00e1nico Procesal Penal, atribuye al Ministerio P\u00fablico la direcci\u00f3n de la investigaci\u00f3n y la solicitud de cooperaci\u00f3n judicial internacional cuando la prueba relevante se encuentra fuera del territorio nacional, mediante los mecanismos de asistencia mutua contemplados en los tratados de los que Venezuela es parte \u2014fundamentalmente la Convenci\u00f3n de Nassau de 1992 en el \u00e1mbito interamericano, y el convenio bilateral con Estados Unidos de 1997 cuando la cooperaci\u00f3n se plantea con ese pa\u00eds\u2014.<\/p>\n\n\n\n

La ausencia de tratado bilateral de asistencia judicial penal con Espa\u00f1a, ya se\u00f1alada, cobra especial relevancia pr\u00e1ctica en los procedimientos \u2014cada vez m\u00e1s frecuentes\u2014 en que se investigan en paralelo hechos con ramificaciones en ambos pa\u00edses: sin ese instrumento espec\u00edfico, la cooperaci\u00f3n depende de la v\u00eda diplom\u00e1tica general o de instrumentos multilaterales de aplicaci\u00f3n m\u00e1s incierta, lo que puede traducirse en plazos considerablemente m\u00e1s largos para la obtenci\u00f3n o el traslado de prueba entre ambas jurisdicciones.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto al control interno de la prueba, el Ministerio P\u00fablico venezolano y los tribunales de control ejercen supervisi\u00f3n sobre la licitud de la prueba incorporada al proceso, incluida la obtenida en el extranjero mediante comisi\u00f3n rogatoria, conforme a los principios generales de legalidad y control judicial de la prueba que estructuran el proceso penal venezolano. Dada la relevancia pr\u00e1ctica de este punto para cualquier investigado con exposici\u00f3n patrimonial en Venezuela, recomendamos siempre verificar la numeraci\u00f3n vigente del articulado aplicable \u2014sujeto a reformas parciales recientes\u2014 directamente con el equipo legal antes de fundamentar cualquier estrategia procesal sobre una referencia normativa concreta.<\/p>\n\n\n\n

Un escenario ilustrativo: la investigaci\u00f3n paralela en tres jurisdicciones<\/h2>\n\n\n\n

Para ilustrar c\u00f3mo operan estos mecanismos en la pr\u00e1ctica \u2014sin referirnos a ning\u00fan asunto concreto ni identificable\u2014, consideremos un escenario habitual en nuestra pr\u00e1ctica profesional: una investigaci\u00f3n por presunta corrupci\u00f3n vinculada a contratos de una empresa estatal latinoamericana con proveedores internacionales, en la que participan, simult\u00e1neamente, autoridades del pa\u00eds de origen, una fiscal\u00eda federal estadounidense que investiga bajo la Foreign Corrupt Practices Act por la intervenci\u00f3n de entidades y cuentas bancarias estadounidenses, y eventualmente autoridades espa\u00f1olas por la localizaci\u00f3n de activos o la residencia de alguno de los investigados.<\/p>\n\n\n\n

En un escenario as\u00ed, la prueba t\u00edpica \u2014transferencias bancarias internacionales, comunicaciones corporativas, declaraciones de testigos protegidos\u2014 se genera y se traslada entre jurisdicciones mediante los instrumentos MLAT descritos, y su validez final depende de que cada eslab\u00f3n de esa cadena \u2014producci\u00f3n, certificaci\u00f3n, traslado, incorporaci\u00f3n al proceso receptor\u2014 respete el est\u00e1ndar de legalidad aplicable en el pa\u00eds donde finalmente se utiliza la prueba, conforme a los criterios expuestos en las secciones anteriores. Una defensa t\u00e9cnica seria audita cada uno de esos eslabones de forma independiente: qui\u00e9n produjo la prueba, bajo qu\u00e9 autorizaci\u00f3n, con qu\u00e9 garant\u00edas, y si el traslado a la jurisdicci\u00f3n de destino se realiz\u00f3 conforme al instrumento de cooperaci\u00f3n aplicable.<\/p>\n\n\n\n

Sobre las alegaciones p\u00fablicas de ilicitud de la prueba extranjera<\/h2>\n\n\n\n

Es frecuente, en investigaciones de alto perfil, que la persona investigada o su entorno formulen p\u00fablicamente la alegaci\u00f3n de que la prueba procedente de un pa\u00eds extranjero es \u00abil\u00edcita\u00bb o \u00abpol\u00edticamente motivada\u00bb, sin desarrollar un an\u00e1lisis jur\u00eddico concreto de por qu\u00e9 lo ser\u00eda. Desde una perspectiva estrictamente t\u00e9cnica, esa afirmaci\u00f3n \u2014para tener recorrido procesal real\u2014 exige identificar con precisi\u00f3n cu\u00e1l es el vicio de legalidad alegado: \u00bfse produjo sin la autorizaci\u00f3n judicial exigida en el pa\u00eds de origen? \u00bfSe practic\u00f3 vulnerando un derecho fundamental estructural del proceso? \u00bfEl instrumento de cooperaci\u00f3n bajo el que se traslad\u00f3 al proceso receptor era el correcto?<\/p>\n\n\n\n

La mera circunstancia de que una prueba proceda de un pa\u00eds con el que existan tensiones diplom\u00e1ticas o pol\u00edticas no la convierte, por s\u00ed sola, en il\u00edcita; y, a la inversa, la existencia de un tratado de cooperaci\u00f3n vigente no sana autom\u00e1ticamente cualquier defecto en su producci\u00f3n. El an\u00e1lisis debe hacerse siempre caso por caso, sobre la base de los criterios jurisprudenciales expuestos, y no sobre generalizaciones. Es precisamente en esa auditor\u00eda t\u00e9cnica, eslab\u00f3n por eslab\u00f3n, donde se decide si una prueba resiste el juicio de admisibilidad o si existe un motivo real de exclusi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

\u0427\u0430\u0441\u0442\u043e \u0437\u0430\u0434\u0430\u0432\u0430\u0435\u043c\u044b\u0435 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u044b<\/h2>\n\n\n\n
    \n
  1. \u00bfPuede usarse en Espa\u00f1a una prueba obtenida por un pa\u00eds que no respet\u00f3 exactamente el procedimiento espa\u00f1ol?<\/strong> S\u00ed, en principio, conforme al principio de no indagaci\u00f3n, siempre que no exista una vulneraci\u00f3n flagrante de derechos fundamentales estructurales. El control se centra en las garant\u00edas esenciales, no en la conformidad formal absoluta con la ley espa\u00f1ola.<\/li>\n\n\n\n
  2. \u00bfQu\u00e9 ocurre si un agente estadounidense particip\u00f3 en una diligencia practicada en otro pa\u00eds?<\/strong> Si su participaci\u00f3n fue activa y sustancial, la prueba queda sujeta al est\u00e1ndar constitucional estadounidense correspondiente (\u00abjoint venture doctrine\u00bb), en lugar de regirse \u00fanicamente por el derecho del pa\u00eds donde se practic\u00f3 la diligencia.<\/li>\n\n\n\n
  3. \u00bfExiste cooperaci\u00f3n judicial penal directa entre Espa\u00f1a y Venezuela?<\/strong> No mediante un tratado bilateral espec\u00edfico de asistencia judicial en materia penal; solo existe el Tratado de Extradici\u00f3n de 1989. La cooperaci\u00f3n probatoria depende de otros mecanismos, generalmente m\u00e1s lentos.<\/li>\n\n\n\n
  4. \u00bfLa cadena de custodia de un correo electr\u00f3nico o un tel\u00e9fono intervenido en otro pa\u00eds es siempre v\u00e1lida?<\/strong> No de forma autom\u00e1tica. Requiere documentaci\u00f3n completa de la solicitud de auxilio judicial, certificaci\u00f3n de integridad de los datos y, siempre que sea posible, la posibilidad de contradicci\u00f3n sobre la actuaci\u00f3n de la autoridad extranjera.<\/li>\n\n\n\n
  5. \u00bfBasta con alegar que la prueba es \u00abpol\u00edtica\u00bb para excluirla del proceso?<\/strong> No. La exclusi\u00f3n de prueba exige identificar un vicio jur\u00eddico concreto y verificable \u2014de producci\u00f3n, de garant\u00eda o de cauce de cooperaci\u00f3n\u2014, no una descalificaci\u00f3n gen\u00e9rica sin fundamento t\u00e9cnico.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    \u0417\u0430\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435<\/h2>\n\n\n\n

    La prueba obtenida en el extranjero se ha convertido en la columna vertebral de la mayor\u00eda de los procesos penales econ\u00f3micos de alcance transnacional. Su validez no se decide en un \u00fanico punto, sino en cada eslab\u00f3n de una cadena que atraviesa fronteras, sistemas jur\u00eddicos y est\u00e1ndares de garant\u00eda distintos. Espa\u00f1a, Estados Unidos y Venezuela comparten el objetivo de facilitar la cooperaci\u00f3n judicial internacional, pero difieren de forma significativa en el est\u00e1ndar concreto de control que aplican a esa prueba una vez llega al proceso.<\/p>\n\n\n\n

    Para quien enfrenta una investigaci\u00f3n de esta naturaleza, la defensa eficaz no consiste en descalificar en bloque la prueba extranjera, sino en auditarla con precisi\u00f3n t\u00e9cnica, jurisdicci\u00f3n por jurisdicci\u00f3n, instrumento por instrumento. Esa es, precisamente, la ventaja de contar con un equipo capaz de operar con conocimiento directo de los tres sistemas y de coordinar la estrategia de forma simult\u00e1nea, en lugar de fragmentada.<\/p>\n\n\n\n

    \u041a\u043e\u043d\u0441\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f \u043a\u043e\u043d\u0444\u0438\u0434\u0435\u043d\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430<\/a>: contacto@venfort.com<\/p>\n\n\n\n

    VENFORT \u043e\u0442 Aldana & Abogados \u00b7 \u041c\u0430\u0434\u0440\u0438\u0434 \u00b7 \u041a\u0430\u0440\u0430\u043a\u0430\u0441 \u00b7 \u041f\u0440\u0438\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u0432 15 \u044e\u0440\u0438\u0441\u0434\u0438\u043a\u0446\u0438\u044f\u0445
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