Actualmente, estamos en un contexto mundial en el que las políticas energéticas están transformando las relaciones diplomáticas de muchos países. Cada vez son más los tratados, acuerdos, sanciones y normativas que si bien buscan mantener el mercado estable, también tienen repercusiones en las industrias de cada territorio. Por ello, el derecho aparece como una ventana a la cooperación para que todos los países puedan satisfacer sus demandas energéticas. En ese sentido, hoy hablaremos sobre esa influencia del derecho penal internacional en la industria de energía y petróleo en Venezuela.
Industrias energéticas en Venezuela y su relación al derecho internacional
Recientemente, el gobierno norteamericano alivió algunas de las sanciones económicas del sector petrolero venezolano, para que pudiesen comercializar el crudo hacia países europeos. Esto como consecuencia directa de la guerra en Ucrania, y las restricciones de venta de petróleo ruso en la región.
Así que la reciente crisis energética que están atravesando ciertos países europeos, los han llevado a buscar alternativas estratégicas al gas y petróleo que recibían de Rusia. Por lo que el foco global se coloca sobre una industria con reservas millonarias, pero carente de infraestructuras y con un amplio panorama de dificultades. Aunque con las nuevas licencias de explotación otorgadas a empresas como Chevron, se espera triplicar la cuota de producción para esta nueva temporada de extracción. Al mismo tiempo que se cumplen a cabalidad con los deberes fiscales, legales y administrativos adquiridos en los territorios dónde realizan sus operaciones.
Empresas extranjeras ven foco de inversión en la industria petrolera de Venezuela
Gracias a una modificación legal otorgada por Venezuela, la empresa Chevron puede tener mayoría de acciones en esas empresas mixtas que establecieron con el Estado. Así que esa flexibilización en modo de cooperación energética, ha permitido que esta compañía privada siga desarrollando su infraestructura en los pozos del país.
Si bien el caso de las nuevas licencias otorgadas a las empresas petroleras Eni y Repsol, son para compensar la negativa al petróleo ruso. Se estima que estas empresas puedan producir el gas y petróleo en Venezuela, para luego exportarlo a sus mercados naturales. Sin duda es un paso muy grande, que busca mejorar la producción de petróleo venezolano, al mismo tiempo que se retoman los intercambios energéticos por deudas externas.
Esto ayuda a mitigar las restricciones por el covid-19 impuestas por China para la exportación de su petróleo. Aunque no se espera que el volumen de producción impacte fuertemente los precios mundiales. Sin duda, el derecho internacional está abriendo un nuevo panorama en las relaciones diplomáticas, para que el tema de la cooperación internacional y energética esté en las discusiones actuales. Por lo que las normativas y procedimientos sancionatorios comienzan a ser claves para la implementación de programas de cumplimiento y otros requerimientos para el correcto funcionamiento de las industrias.
Desafíos del derecho penal internacional en la industria petrolera
En lo que respecta al desarrollo de las industrias, el derecho penal tiene el rol protagónico para que se prevengan delitos de carácter ambiental y humanista en los contextos dónde se realicen las explotaciones de petróleo. Para ello es importante que se garanticen los debidos procedimientos para disminuir los índices de criminalidad, por lo que estas empresas deben apoyarse en programas de cumplimiento normativo y las certificaciones internacionales que avalan las buenas prácticas en todos sus procedimientos.
Actualmente, el derecho penal internacional ha logrado mantener los acuerdos generados en materia energética para que los mercados no tengan que detenerse y afecten a la población civil. Al mismo tiempo que garantiza que los delitos incurridos en este tipo de industrias sean debidamente canalizados y penalizados según cada legislación.
Para Venezuela esta apertura al mercado internacional representa un gran avance en los últimos años, así que depende del enfoque que tengan las nuevas administraciones para que todo marche bajo el marco de la ley. Sin duda alguna esta es una oportunidad de oro, para enmendar las malas prácticas y la corrupción que tanto ha afectado la industria petrolera venezolana. Así que será interesante ver cómo este nuevo panorama influye en los procesos penales propios del país.
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