El objetivo del compliance debe ser entendido como la privatización de la lucha contra la corrupción, en virtud que los órganos de administración de las empresas deben adoptar y ejecutar con eficacia, antes de la comisión de un delito, programas de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de comisión.
Un caso ilustrativo que impulsó los orígenes del compliance fue el de Arthur Andersen cuando fue sentenciada por los tribunales federales de Houston el sábado 16 de junio de 2002 por delitos de obstrucción a la justicia, y de destrucción y alteración de documentos relacionados con la quiebra de Enron y las irregularidades cometidas por dicha corporación, condenaron en primera instancia a una de las grandes compañías del sector en el mundo quedará privada de poder seguir ejerciendo sus funciones de auditoría y asesoría para las sociedades registradas en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Esto motivó el cese de casi todas sus actividades. A partir de entonces, las sociedades de Arthur Andersen en los diferentes países se fueron disolviendo y sus equipos profesionales se fusionaron o fueron absorbidos por otras empresas del sector.
Por tal razón, es necesario tener un plan eficaz de auto regulación en las empresas, a los fines de evitar su responsabilidad penal como persona jurídica, con el añadido que mejorarán positivamente el prestigio de la sociedades mercantiles que lo tengan, ya que serán considerados parte de los buenos ciudadanos corporativos del mundo.
El compliance penal es ese plan de medidas y prácticas que deben adoptar las empresas para reducir el riesgo a ser víctimas de acciones criminales, o en su defecto saber cómo actuar en caso de que ocurran a los fines que su responsabilidad penal pueda ser excluida siempre que el sistema sea eficaz.
El compliance penal está definido como una serie de herramientas preventivas cuyo propósito es evitar sanciones penales que devengan en responsabilidades a una empresa.
Según la World Compliance Association, el compliance penal es «un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos».
Entre los delitos en los que puede incurrir una compañía destacamos delitos contra la hacienda pública, insolvencias punibles, la corrupción en los negocios, el blanqueo de capitales, delitos contra el mercado y consumidores, entre otros. En vista del avance en el mundo legal, la especificidad en las regulaciones y a las repercusiones que tienen las implicaciones de estos delitos en la vida de una empresa, el compliance penal se ha convertido en un plan indispensable en la actividad empresarial y no una opción voluntaria de ciertas compañías.
Parte de los riesgos a prevenir al crear el programa de compliance penal son aquellos que conllevan consecuencias como el daño reputacional, la imposición de importantes multas y sanciones, las pérdidas de negocio por contratos no ejecutables o la exclusión de licitaciones o subvenciones públicas, sentencias que también decreten la disolución, transformación, absorción o escisión o extinción de la empresa.
Los principales razones por las que es importante contar con este sistema del cumplimiento normativo son:
- Minimización de la responsabilidad legal y penal de las empresas.
- Es un detector para identificar claramente las malas prácticas de directivos y empleados.
- Organiza las actividades, tomando en cuenta los marcos regulatorios pertinentes.
- Genera confianza en inversionistas, personal y clientes, debido al cumplimiento de los estándares internacionales.
- Aumenta la reputación, prestigio e imagen de la empresa.
- La prevención penal ofrece una ventaja competitiva en la licitación pública e internacional.
- Aumenta la transparencia y la ética en las compañías.
- Es un causal de exclusión o atenuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, siempre su sistema sea eficaz.
Es por ello que en Alan Aldana & Abogados además de incentivar a nuestros clientes para lograr que sean considerados buenos ciudadanos corporativos del mundo, contamos con los especialistas acreditados para implementar los programas de compliance en su empresa, realizar los análisis técnicos para verificar la ejecución y eficacia, así como, realizar las auditorias periódicas requeridas.
Fuentes consultadas:
- worldcomplianceassociation.com
- gestiondelriesgo.com
- legaltoday.com
- compromisoempresarial.com
- diariojuridico.com
- conceptosjuridicos.com
- Código Penal, Español (Ley orgánica 10/1995 del 23 de noviembre).