En los procesos que determinan si es procedente una solicitud de extradición no sólo están relacionados estrictamente con los órganos jurisdiccionales de los países involucrados, sino también están relacionados los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia, inclusive algunas jurisdicciones faculta para decretar la aceptación o no de la extradición pasiva al presidente del país donde se encuentra el procesado.
La extradición es un proceso legal que ocurre cuando un Estado hace la petición —denominado extradición activa— sobre la entrega de un imputado detenido o ubicado a disposición de un juzgado en otro país, que se ha producido de una orden de detención internacional y con la intención de enjuiciarlo o continuar la pena ya impuesta en otro territorio. Esta figura está regulada por tratados internacionales y por las leyes de cada país, por lo que para garantizarla debe existir el acuerdo previo entre las naciones.
Por tal razón, los tratados o convenios bilaterales específicos contienen los lapsos que determinan el proceso, incluyendo los lapsos del procedimiento como los de la formalización de la petición de la extradición activa.
Es por ello que los procesos tienen distintas etapas, dependiendo de los países involucrados. En este sentido, la decisión sobre la extradición del expresidente peruano, Alejandro Toledo, ya tiene fecha límite ante el juez Thomas Hixson de la Corte del Distrito Norte de California que aceptó la propuesta de calendario para el caso, en la que se establece el 11 de marzo de 2021 como día tope para dar una sentencia.
Ante condiciones extraordinarias, como la generada por la pandemia, muchos procedimientos legales han tenido que ser reprogramados por la suspensión de los lapsos de los procesos legales, modificando el tiempo de los procesos, mientras se van adecuando a las nuevas dinámicas de bioseguridad las audiencias y actos presenciales o sustitución de actos telemáticos en donde no sea necesario la forma estrictamente presencial de las audiencias. Es por ello que la decisión final del caso de extradición de Alejandro Toledo, ha influido para que se decida finalmente en marzo de 2021.
Además, la justicia norteamericana desestimó los argumentos de la defensa del expresidente peruano para evitar la extradición, argumentando que se cumplen todos los requisitos legales necesarios para llevarla a cabo. En ese sentido, se alegó que Toledo es buscado para ser enjuiciado en Perú, país que lo ha imputado debidamente y con documentación por los delitos a los que se le investiga.
En una extradición la defensa debe velar y verificar los principios jurídicos de (I) doble incriminación, (II) legalidad, (III) reciprocidad, (IV) de no entrega a los nacionales, (V) de especialidad, (VI) de respeto a la pena y por último (VII) el «non bis in ídem».
El caso de Toledo inició en mayo de 2018, cuando el Ministerio Público de Perú solicitó al gobierno de Estados Unidos su extradición. En julio de 2019 se determinó que el expresidente peruano tenía que enfrentar el procedimiento legal en condición de detenido debido a sus intentos de fuga, sin embargo, en marzo de 2020 el juez encargado accedió a dejarlo bajo arresto domiciliario en su vivienda por el riesgo de contagio al estar en prisión durante la pandemia por COVID-19.
Cómo ha sido el proceso de extradición de Alejandro Toledo
La acusación de recibir más de 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht es el motivo de la extradición al expresidente. Para las investigaciones se contó con la colaboración de confesión del testaferro principal del acusado, el empresario peruano – israelí Josef Mainman, quien aseguró haber recibido depósitos de más de 21 millones de dólares, bajo la autorización de Toledo, a cambio de la concesión de obras de construcción de la infraestructura vial de Perú, a cargo de las empresas Odebrecht y Camargo Correa. Para el país latinoamericano la pena impuesta por este crimen puede implicar 16 años y ocho meses de prisión.
Perú y Estados Unidos forman parte de los países que han formalizado su participación en los convenios de extradición, por lo que la colaboración de las autoridades en estos casos suele ser más fluida y sólida. Los países pertenecientes a la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptaron una convención interamericana sobre extradición, en donde las naciones se comprometen a entregar a otros países firmantes que lo soliciten, a las personas requeridas judicialmente para procesarlas, así como a las procesadas, las declaradas culpables o las condenadas a cumplir una pena de privación de libertad.
