Cuando la ruptura de un modelo de gobierno precede a la reconstrucción

Los períodos de ruptura política abrupta rara vez producen claridad jurídica o económica inmediata. Ya sea que se originen en una transición negociada, resultados electorales controvertidos, presión externa, colapso interno o una combinación de estos factores, la disrupción del régimen tiende a abrir un interregno prolongado en el que instituciones, normas y mecanismos de ejecución operan de manera fragmentada, disputada y, con frecuencia, contradictoria.

Venezuela ejemplifica este patrón con especial intensidad. El país no ha atravesado un único momento de ruptura, sino una crisis prolongada de más de una década, caracterizada por hiperinflación, deterioro institucional, emigración masiva, colapso sectorial, sanciones internacionales, reclamos paralelos de legitimidad y ciclos reiterados de confrontación política sin resolución. Lo que emerge no es un “Estado fallido” en el sentido clásico, sino un entorno jurídico y económico fracturado en el que las premisas ordinarias que sostienen la actividad comercial dejan de operar con normalidad.

Para los actores corporativos, el desafío central no es predecir la trayectoria exacta del cambio político —ejercicio en gran medida ilusorio en entornos de alta volatilidad—, sino comprender cómo distintos escenarios de transición reconfiguran la exposición jurídica, el riesgo sancionatorio, la estabilidad contractual y la responsabilidad reputacional, y estructurar la participación en consecuencia.

La reconstrucción, en este sentido, no es un instante: es una secuencia —a menudo no lineal, sujeta a retrocesos y condicionada por fuerzas que exceden el control de cualquier actor individual—. Para las empresas, la pregunta relevante no es si Venezuela “se reabrirá”, sino bajo qué configuración de sanciones, con qué disciplina contractual y con qué nivel residual de exposición legal.

La paradoja de la reconstrucción

La Venezuela posterior a una ruptura política presenta una paradoja estructural que los estrategas corporativos deben abordar sin eufemismos.

Por un lado, décadas de colapso económico han generado necesidades extraordinarias de reconstrucción. La infraestructura energética —antaño columna vertebral del país— se ha deteriorado hasta niveles que exigen no simple mantenimiento, sino reconstrucción. La generación y transmisión eléctrica siguen siendo crónicamente inestables. Sistemas de agua, redes de transporte, centros de salud, cadenas de suministro alimentario y servicios financieros han sufrido degradación severa. La magnitud de la demanda insatisfecha es, por cualquier métrica, inmensa.

Por otro lado, el entorno jurídico e institucional que normalmente soporta inversión a gran escala permanece frágil, disputado o incompleto. Los derechos de propiedad son inciertos. La independencia judicial está comprometida. Los marcos regulatorios han sido vaciados o capturados. La corrupción se ha vuelto estructural en amplios segmentos de la administración pública. Y las sanciones internacionales —principalmente de Estados Unidos, la Unión Europea y otras jurisdicciones— continúan restringiendo el acceso a la economía venezolana, limitando transacciones financieras y creando riesgos de cumplimiento que pocas instituciones están dispuestas a absorber.

Para las empresas, esto produce un dilema conocido, pero particularmente agudo:

• Entrada temprana: ofrece posicionamiento estratégico (ventaja de primer movimiento, relaciones con autoridades emergentes, acceso temprano a contratos y capacidad de influir en marcos regulatorios en formación), pero maximiza la exposición (sanciones, riesgo de contraparte, daño reputacional y potencial responsabilidad futura por conductas que puedan ser reinterpretadas como complicidad en abusos o corrupción).
• Entrada tardía: reduce el riesgo inmediato, pero sacrifica influencia, condiciones de negociación y potenciales dividendos. Quien espera “claridad plena” puede descubrir que los espacios estratégicos ya han sido ocupados.

Las señales de mercado reflejan esta recalibración de expectativas. Tras desarrollos políticos recientes, ciertos instrumentos de deuda venezolana —históricamente cotizando a niveles de profundo descuento— han experimentado movimientos de precio asociados a la reevaluación de escenarios de reestructuración. Tales movimientos no equivalen a resolución; indican que el mercado comienza a valorar transiciones posibles, por inciertas que sean.

Al mismo tiempo, los mercados globales de materias primas han mostrado resiliencia relativa frente a disrupciones venezolanas, lo que sugiere que la palanca geoeconómica que Venezuela ejercía como gran exportador de petróleo se ha reducido. En términos estratégicos, esto implica que la reconstrucción puede desenvolverse con menor urgencia externa que en ciclos anteriores y, por ello, la paciencia puede ser más valiosa que la velocidad.

No hay ruta sin riesgo. La cuestión no es si aceptar exposición, sino cómo secuenciarla, estructurarla y documentarla de manera capaz de resistir escrutinio posterior.

Arquitectura de escenarios: planificar la coexistencia, no la convergencia

La planificación corporativa para Venezuela no puede construirse sobre un único resultado anticipado. Suponer que una transición política producirá una “reapertura” clara —un punto a partir del cual el comercio se normaliza— no es solo optimista; es estructuralmente defectuoso.

Los entornos post-ruptura no convergen hacia estabilidad de forma predecible. Oscilan. Puede haber avances en un dominio y retrocesos en otro. Las sanciones pueden aliviarse parcialmente mientras la autoridad política sigue disputada. Pueden celebrarse elecciones sin producir resultados ampliamente legitimados. Puede otorgarse reconocimiento internacional a autoridades con control territorial imperfecto. Pueden reabrirse canales financieros mientras el sistema judicial permanece capturado.

Por ello, la planificación debe basarse en escenarios coexistentes y en capacidades de ajuste rápido.

Una nota de lectura jurídica sobre la coyuntura venezolana

Una lectura estrictamente jurídica y geopolítica obliga a matizar la narrativa del “colapso absoluto”. En la coyuntura actual pueden observarse elementos que apuntan a una transición controlada y por etapas, más que a un vacío de poder. En esa línea, resultan particularmente relevantes señales normativas y regulatorias orientadas a recuperar funcionalidad económica y previsibilidad jurídica.

Desde esta perspectiva, adquiere importancia de las recientes instrumentos normativos clave, entre ellos:

• La nueva ley hidrocarburos, orientadas a modernizar el marco del sector, redefinir roles del Estado y dotar de mayor previsibilidad a los operadores.
• Ley de simplificación de trámites administrativos, concebida para reducir burocracia, discrecionalidad y fricción regulatoria, incrementando transparencia en la relación Estado–empresa.
• La licencia general 46 de OFAC sobre operaciones con petróleo de origen venezolano del 29 de enero del 2026

Este tipo de reformas, si se implementan con consistencia institucional, y coordinación con el gobierno de los EEUU constituyen condiciones necesarias para una seguridad jurídica progresiva.

La relevancia estructural de Venezuela también se apoya en su dotación de recursos —petróleo, oro, hierro, aluminio y otros minerales críticos— y en una posición geográfica estratégica en el continente americano.

En definitiva, más que ante un Estado “colapsado”, puede tratarse de un Estado en redefinición jurídico-institucional. La diferencia no es retórica: es determinante para el cálculo de riesgo.

Tres escenarios de referencia (12–36 meses)

Escenario I — Estabilización gestionada sin transición plena

Una autoridad provisional o estructura de continuidad mantiene control efectivo y busca normalización selectiva. La oposición se contiene o fragmenta. El alivio de sanciones es parcial y condicionado a concesiones específicas, sin transformación política integral.

Implicaciones corporativas: oportunidades tempranas en servicios esenciales (logística, alimentos, insumos médicos, mantenimiento de telecomunicaciones, reparación básica de infraestructuras). Retornos relativamente rápidos y exposición de capital limitada.

Riesgos clave: alto riesgo contractual y de pago; baja exigibilidad judicial; dependencia de relaciones. Prioridad absoluta a screening sancionatorio, debida diligencia reforzada y contratos diseñados para salida (pagos offshore/escrow, garantías sólidas, auditorías y causales claras de terminación).

Escenario II — Transición negociada y reenganche condicionado

Un acuerdo político activa transición por etapas. El alivio de sanciones se supedita a hitos verificables. Se reabren canales financieros de forma incremental. Reestructuración de deuda se vuelve concebible.

Implicaciones corporativas: mayor amplitud sectorial (servicios energéticos, ingeniería y construcción, intermediación financiera, seguros, shipping, puertos). Mejor acceso a capital y JV más viables.

Riesgo crítico: “snapback” sancionatorio. El alivio condicionado puede revertirse. La arquitectura de cumplimiento debe integrarse como disciplina central del negocio.

Señales exógenas y realismo probatorio: en foros políticos y corporativos se ha reportado interés internacional por el reposicionamiento energético de Venezuela y por fórmulas de inversión, ventas futuras y compensación de pasivos históricos. Sin perjuicio de la verificación puntual de cada instrumento y de su viabilidad bajo sanciones, estas señales sugieren un reposicionamiento estratégico del país en el mapa energético.

En términos estrictamente técnicos, Venezuela conserva ventajas comparativas: costos de producción competitivos en determinados yacimientos, posición geográfica favorable y logística regional eficiente. A ello se suma infraestructura histórica recuperable.

Ventaja energética adicional: Venezuela cuenta con una de las mayores infraestructuras hidroeléctricas del mundo, con el complejo del río Caroní como eje histórico. Esto implica que la recuperación del sistema eléctrico no parte de cero y puede concentrarse en rehabilitación y modernización de transmisión, subestaciones y distribución, con costos potencialmente inferiores a los de desarrollar nueva generación primaria desde cero. La disponibilidad de generación hidroeléctrica a gran escala reduce costos estructurales de energía, mejora competitividad industrial y habilita recuperación de sectores intensivos en consumo eléctrico.

Escenario III — Fragmentación prolongada e incertidumbre jurídica

No emerge una transición consolidada. La autoridad permanece dividida. La comunidad internacional se fragmenta en reconocimiento y sanciones. La incertidumbre se vuelve estructural.

Implicaciones corporativas: solo es razonable operar en actividades de baja exposición y corto plazo (asistencia técnica, consultoría, formación, adquisición limitada, servicios a distancia). Elevado riesgo de seguridad, cambiario y reputacional. Inversión de capital mayor resulta difícil de justificar.

Las sanciones como verdadero guardián de acceso

En los tres escenarios, una constante domina: las sanciones —más que declaraciones políticas o apetito comercial.

Esto tiene implicaciones prácticas:

1. El cumplimiento sancionatorio es arquitectura estructural de riesgo, no checklist. Designaciones y guías interpretativas cambian.
2. Licencias, exenciones y guías son tan decisivas como el “delisting”. El detalle importa.
3. La banca se moverá más lento que los gobiernos. Incluso con alivio formal, puede persistir el de-risking.

La consecuencia: el análisis sancionatorio debe preceder a la estrategia comercial. La pregunta no es “qué oportunidades existen”, sino cuáles son legalmente accesibles, financieramente ejecutables y reputacionalmente defendibles.

Exposición sectorial: dónde la oportunidad se cruza con la exposición jurídica

• Energía y extractivas: mayor upside y mayor sensibilidad sancionatoria/legado. Preferibles contratos de servicio antes que equity; arbitraje internacional; compliance anticorrupción reforzado; salida predefinida.
• Finanzas, seguros y pagos: cuello de botella sistémico. Se moverán al final. Diseñar pagos sin depender de banca normalizada.
• Agroalimentación y salud: alto impacto, pero riesgo de captura logística y desvíos. Debida diligencia sobre cadena de custodia.
• Infraestructura digital y telecomunicaciones: fuerte demanda, pero riesgo de vigilancia y derechos humanos. Debida diligencia sectorial específica.

Disciplina contractual en entornos post-ruptura

En entornos de autoridad fluida y ejecución impredecible, los contratos no fallan por mala redacción, sino por presuponer estabilidad inexistente. Las relaciones ayudan, pero no sustituyen el derecho.

Salvaguardas mínimas:

• Ley aplicable neutral y arbitraje internacional.
• Cláusulas robustas de sanciones y change-in-law (incluyendo “snapback”).
• Seguridad de pago (offshore, escrow, garantías de terceros solventes).
• Representaciones anticorrupción con auditoría y terminación (FCPA, UK Bribery Act y equivalentes).
• Estrategias de salida (terminación, transferencia de activos, planes de extracción de personal y gestión reputacional).

La reconstrucción no es amnistía

La reconstrucción económica no neutraliza la exposición legal del pasado. Cambios políticos no extinguen responsabilidades por soborno, lavado, evasión de sanciones o complicidad en abusos. La exposición puede reactivarse por nuevas autoridades, por procesos extraterritoriales o por memoria reputacional.

Implicación: antes de reengancharse, la empresa debe evaluar no solo el riesgo futuro, sino su exposición histórica.

Conclusión estratégica para consejos de administración y direcciones jurídicas

La reconstrucción de Venezuela no será lineal ni jurídicamente limpia. Será disputada, reversible y condicionada por fuerzas geopolíticas e institucionales externas.

El éxito dependerá menos del optimismo que de tres disciplinas operativas:

1. Exposición secuenciada (entrar por fases reversibles).
2. Cumplimiento disciplinado (sanciones como infraestructura central).
3. Tolerancia a la incertidumbre prolongada (estrategias que no dependan de normalización rápida).

La pregunta decisiva no es si Venezuela se reabrirá. En cierta forma, y para determinados fines, ese proceso ya ha comenzado. La verdadera cuestión es cómo, para quién, bajo qué restricciones jurídicas y con qué nivel de riesgo residual se articulará la reapertura.

Aun con riesgos relevantes, existen fundamentos objetivos para sostener que Venezuela representa una oportunidad para empresas que aspiren a recuperar o consolidar posiciones en un mercado que históricamente ha ofrecido alta rentabilidad a corporaciones multinacionales y a conglomerados nacionales. En el nuevo contexto, se observa un proceso de reinversión y modernización empresarial de actores que buscan posicionarse tempranamente ante un eventual ciclo de expansión.

Venezuela, por tanto, no debe analizarse únicamente desde el riesgo, sino desde una ecuación riesgo–oportunidad entendida en términos jurídicos, regulatorios y económicos. Para quienes operen con disciplina contractual, cumplimiento normativo y visión estratégica, el país vuelve a perfilarse como un espacio de oportunidad real.

Autores

Hennebel Avocats
Of Counsel de Venfort Lawyers asesora a empresas, instituciones financieras y entidades soberanas en situaciones complejas que involucran regímenes de sanciones, transiciones políticas y reconstrucción económica post-ruptura. El despacho combina experiencia en derecho internacional con capacidad operativa en entornos de transición, incluida Venezuela.

Alan Aldana
Abogado venezolano. Socio internacional de VENFORT Lawyers. Especialista en derecho penal económico, derecho penal internacional y cumplimiento bajo regímenes sancionatorios. Asesora a empresas multinacionales, grupos familiares y conglomerados del sector financiero y energético en estrategias de gestión de riesgo, debida diligencia, defensa penal corporativa y arquitectura contractual para operaciones transfronterizas de alta exposición.