¿Qué es una alerta verde?

Una alerta verde de INTERPOL es una notificación preventiva que avisa a las policías de los 196 países miembros sobre personas que podrían suponer una amenaza para la seguridad pública. A diferencia de la notificación roja, que busca la detención para extradición, la alerta verde no es una orden de arresto; se utiliza para compartir inteligencia policial sobre individuos con historial delictivo y prevenir que vuelvan a delinquir[1]. Es una medida de cooperación internacional que se basa en evaluaciones de las autoridades nacionales o de entidades internacionales y en condenas previas o datos verosímiles.

Consecuencias para empresarios y figuras influyentes

Aunque estas notificaciones no son públicas, su existencia puede tener consecuencias serias para empresarios del sector financiero, industriales y miembros de familias adineradas:

• Restricciones en viajes y negocios. Las alertas verdes provocan mayor escrutinio en fronteras y aeropuertos; las autoridades de migración pueden retrasar los desplazamientos, dificultando reuniones y proyectos internacionales. También pueden afectar la obtención de visados o permisos de entrada.
• Daño reputacional. Si la existencia de la alerta trasciende a la prensa u organismos financieros, puede erosionar la reputación y la confianza de socios y clientes. Incluso sin hacerse pública, la difusión global de datos negativos deteriora la imagen del afectado.
• Impacto en derechos y privacidad. La alerta implica que información personal y antecedentes penales se comparten entre cuerpos policiales del mundo. Esto puede influir en decisiones administrativas (negación de visados o de productos financieros) y dar lugar a detenciones para verificación, limitando la libertad de movimiento y negocios.

Criterios legales para emitir una alerta verde

El artículo 89 del Reglamento sobre el Tratamiento de Datos de INTERPOL (RPD) establece que las alertas verdes pueden publicarse para advertir de las actividades criminales de una persona cuando representa una amenaza continua para la seguridad pública. Según la Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL (CCF), los datos deben cumplir tres requisitos:

1. Finalidad clara y lícita. Los datos solo pueden procesarse para un propósito policial concreto; deben ser relevantes y no excesivos.
2. Fundamento objetivo. La alerta debe basarse en sentencias previas o en una evaluación razonable de amenaza por parte de las autoridades nacionales.
3. Conformidad con la legislación del país solicitante. La CCF recuerda que las alertas deben ajustarse a las leyes internas del país que las emite; si la oficina nacional no confirma esa legalidad en el plazo fijado, la notificación puede eliminarse.

Estas garantías buscan evitar abusos. Sin embargo, la CCF ha reiterado que las alegaciones de desproporción o antigüedad de los antecedentes no bastan por sí solas; en una decisión reciente, mantuvo una alerta verde porque el solicitante tenía múltiples condenas y seguía siendo considerado riesgo para la seguridad, a pesar de que su último delito databa de 2015. La comisión concluyó que la alerta era proporcionada y que el interés público prevalecía sobre las restricciones al derecho a viajar.

¿Se puede impugnar una alerta verde?

Sí. Aunque más difíciles de cuestionar que las rojas, las alertas verdes son recurribles ante la Comisión de Control de los Ficheros (CCF). Las estadísticas recientes revelan que los recursos tienen buena probabilidad de éxito: la CCF encontró que aproximadamente el 50,8 % de los avisos revisados eran contrarios a las normas de INTERPOL. Esta tasa de invalidez muestra que muchas notificaciones se emiten sin cumplir los requisitos legales y que existe un margen real para su anulación.

Además, la cantidad de solicitudes de revisión se ha disparado en más de un 2000% en los últimos 20 años. Este crecimiento refleja el aumento de las quejas por abusos y demuestra que las personas cada vez utilizan más el mecanismo de control para defender sus derechos.

Factores de éxito en la impugnación

Los defensores de clientes ante la CCF saben que la clave no es el tiempo transcurrido sino la falta de finalidad y la falta de legalidad. Según la jurisprudencia de 2024–2025:

• Las reclamaciones basadas solo en la antigüedad o en el impacto en derechos fundamentales suelen ser desestimadas si persiste el historial de delitos.
• Es determinante demostrar que el aviso ya no cumple una función policial válida o que se emitió sin un fundamento legal. La CCF exige que la oficina nacional confirme la conformidad de la alerta con su normativa interna; si no lo hace, la notificación debe eliminarse.

Proceso para solicitar la eliminación de una alerta verde

El procedimiento se inicia con una solicitud formal presentada por el afectado o su abogado ante la CCF. Debe incluir documentación que acredite la identidad, una explicación detallada del caso, los motivos de la impugnación y pruebas concretas de la irregularidad o desproporción de la notificación. El proceso, simplificado, sigue estos pasos:

1. Admisibilidad. La CCF verifica que la solicitud contiene toda la información necesaria y que entra en su competencia. Si falta algún dato, se solicita subsanación.
2. Examen de los datos. Se comprueba si la alerta sigue vigente. Si ya ha sido retirada, se notifica al solicitante. Si no, se abre expediente y se analizan los datos registrados.
3. Solicitud de informes. La CCF pide información adicional a la Oficina Central Nacional que emitió la notificación y al solicitante para evaluar la conformidad con el Reglamento de INTERPOL. Se revisan la relevancia y proporción de los datos y se verifica que no haya fines políticos, militares, religiosos o raciales.
4. Decisión. Tras deliberar, la CCF puede ordenar la eliminación de la alerta verde si concluye que los datos son injustificados, obsoletos o ilegales. En caso contrario, mantendrá la notificación. La decisión se comunica por escrito al solicitante y a la Oficina Central Nacional.
5. Revisión interna. Si hay nuevos hechos o pruebas relevantes, el afectado puede solicitar una revisión de la decisión dentro de los seis meses siguientes.

Casos ilustrativos

• Expurgación de antecedentes. Un empresario con doble nacionalidad Española & mexicana se enfrentaba a retrasos cada vez que viajaba debido a una alerta verde basada en un delito menor por el que nunca fue condenado. Sus abogados demostraron que su historial había sido expurgado y que la notificación carecía de fundamento legal. Tras presentar la documentación ante la CCF, la alerta fue eliminada y recuperó su libertad de movimiento.
• Condena antigua y principio de proporcionalidad. Un banquero Venezolano mantenía una alerta verde por una condena de hacía más de 15 años. Los defensores argumentaron que mantenerla era desproporcionado, ya que el interesado se había reintegrado plenamente en la sociedad y ya no representaba un riesgo. La CCF coincidió y ordenó borrar la alerta.

Estos ejemplos muestran que es posible lograr la cancelación cuando se demuestra que la notificación es obsoleta o desproporcionada, especialmente en casos donde los antecedentes han sido cancelados o donde la persona lleva años de vida intachable.

Conclusión

Las alertas verdes pueden perjudicar gravemente la reputación y los negocios de empresarios, profesionales del sector financiero y familias con elevado patrimonio. Sin embargo, existen mecanismos legales para defenderse y restaurar la buena imagen.

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Fuente: INTERPOL: Las notificaciones de INTERPOL, codificadas por colores, permiten a los países publicar alertas y solicitar información en todo el mundo.