El cierre del caso de Colombia ante la Corte Penal Internacional (CPI) ha generado amplias reflexiones sobre el alcance de la justicia internacional y su interacción con los sistemas nacionales de justicia. Este hecho, anunciado en octubre de 2021, marcó un hito en las relaciones entre la CPI y Colombia, un país que enfrentó un conflicto armado interno durante décadas. En este artículo, exploramos las razones jurídicas y prácticas que llevaron a la CPI a tomar esta decisión, basada en el principio de complementariedad y el compromiso del país sudamericano con la justicia transicional.
Contexto del caso
La situación de Colombia fue objeto de un exámen preliminar por parte de la CPI desde 2004, debido a los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra presuntamente cometidos en el contexto del conflicto armado. La Corte analizó tanto los actos perpetrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como por grupos paramilitares y agentes del Estado. Durante el exámen preliminar, la Fiscalía de la CPI se centró en evaluar si las autoridades colombianas estaban llevando a cabo investigaciones y enjuiciamientos genuinos contra los responsables de estos crímenes.
El principio de complementariedad: la clave de la decisión
El Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, establece el principio de complementariedad, según el cual la Corte solo interviene cuando los sistemas nacionales de justicia no pueden o no quieren llevar a cabo procedimientos genuinos. Este principio fue determinante en el cierre del caso de Colombia. A lo largo de los años, la Fiscalía de la CPI observó que las autoridades colombianas habían avanzado significativamente en la investigación y enjuiciamiento de crímenes graves, demostrando un compromiso con la rendición de cuentas.
El papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
Uno de los factores más relevantes que influenció la decisión de la CPI fue la creación y operación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un mecanismo de justicia transicional establecido tras el acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC en 2016. La JEP fue diseñada para investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto, con un enfoque en la reparación de las víctimas y la reconciliación nacional.
El trabajo de la JEP demostró ser un esfuerzo genuino para abordar los crímenes bajo la jurisdicción de la CPI. La Fiscalía de la Corte reconoció que este tribunal nacional había adoptado medidas significativas para investigar tanto a los excombatientes de las FARC como a miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en casos como los «falsos positivos», que consistieron en la ejecución de civiles presentados como guerrilleros muertos en combate.
Seguimiento continuo y cooperación
A pesar del cierre del caso, la Fiscalía de la CPI mantendrá un monitoreo constante del progreso de las autoridades colombianas en materia de justicia. Este seguimiento refleja la confianza de la Corte en la capacidad del sistema judicial colombiano para cumplir con sus obligaciones internacionales, pero también subraya la importancia de que el país mantenga su compromiso con la justicia y la rendición de cuentas.
El Fiscal de la CPI, Karim Khan, destacó que el cierre del exámen preliminar no significa que la Corte abandonará a las víctimas o se desentenderá de los desarrollos en Colombia. Por el contrario, esta decisión debe interpretarse como un reconocimiento a los esfuerzos del país y un incentivo para continuar fortaleciendo su sistema de justicia.
Conclusiones
El cierre del caso de Colombia ante la CPI representa un ejemplo notable de cómo el principio de complementariedad puede funcionar en la práctica. Esta decisión subraya la importancia de que los Estados asuman su responsabilidad primaria en la investigación y enjuiciamiento de los crímenes más graves. Además, destaca el papel fundamental de los mecanismos de justicia transicional, como la JEP, en contextos de posconflicto.
En Venfort Abogados, entendemos la relevancia de este tipo de decisiones para fortalecer el estado de derecho y la confianza en las instituciones nacionales. Como expertos en derecho penal internacional, estamos preparados para asesorar y representar a nuestros clientes en casos relacionados con la justicia transicional y los procedimientos ante la CPI, siempre con un enfoque profesional y comprometido con los principios de justicia y equidad.
