La industria petrolera está expuesta a riesgos de fraudes y conductas irregulares. Tales riesgos como cualquier otro que se presenta en el campo empresarial, necesitan ser administrados; es decir conocidos, evaluados y mitigados. Por ello, es responsabilidad de la alta gerencia, asegurar la implementación de efectivos sistemas de prevención, detección y respuesta oportuna. 

Fraude y conducta irregular en la industria petrolera

El fraude es un concepto legal amplio que generalmente hace referencia a una acción cometida de forma intencional, para obtener ganancias ilícitamente. Por su parte, la conducta irregular es un concepto más amplio que normalmente hace referencia a incumplimientos de leyes, regulaciones, políticas internas y expectativas del mercado de la conducta ética empresarial. 

Los principales esquemas de fraude y conducta irregular en la industria petrolera, suelen suceder en las formas siguientes: i) conflictos de intereses, ii) corrupción en la cadena de abastecimiento, iii) alteración de precios y/o calidades pactadas del petróleo y/o sus productos derivados, iv) subfacturación, v) robos o hurtos de bienes de capital, vi) sobrecargo de materiales y mano de obra esenciales para la operación de activos, vii) activación o diferimiento indebido de gastos, viii) sobrevaluación de inventarios, ix) cálculo indebido de regalías, x) sobrevaluación de reservas de petróleo, entre otros.

Entorno y desarrollo corporativo en la mitigación del fraude

Una sólida estrategia de fraude es aquella que recibe el apoyo de las máximas autoridades de la empresa y que está arraigada en su cultura. Las amenazas de fraude son dinámicas y aquellos sujetos que cometen los fraudes o conductas irregulares, buscan constantemente novedosas técnicas para aprovecharse de nuevas oportunidades.

Para garantizar que los controles contra el fraude y las conductas irregulares continúen siendo efectivos y estén en línea con la regulación normativa (internacional y local), la responsabilidad sobre el enfoque de gestión de riesgos de fraude y de conductas irregulares de la entidad debe compartirse entre la alta dirección (esto es, entre aquellas personas que tengan un control significativo o una función importante en la creación de políticas). Esta supervisión fundamental comienza con la prevención y también debe formar parte de las medidas de detección y respuesta oportuna.

El Director General o Presidente de una empresa (“Chief Executive Officer”), se encuentra en una posición ideal en la entidad para influir en las acciones de los empleados a través de su liderazgo ejecutivo, desempeñando así una función decisiva al momento de fomentar valores y una cultura con un elevado componente ético y de protección e integridad de la entidad y sus activos.

Por su parte, la responsabilidad directa de las medidas antifraude debe recaer en un miembro de la alta dirección o Comité Ejecutivo, normalmente el Responsable de Cumplimiento Normativo (“Chief Compliance Officer”), quien trabajará junto con el personal de auditoría interna y con especialistas en la materia. Dicho Responsable de Cumplimiento Normativo se encargará de coordinar el enfoque de la entidad en materia de prevención, detección y respuesta ante casos de fraude y conductas irregulares. 

Otros altos cargos de la empresa, tales como los responsables de los distintos departamentos (p. ej. desarrollo de productos, marketing, consultoría jurídica, recursos humanos) también deberán participar en las estrategias antifraude de la entidad; dichas personas supervisarán en la regularidad de las actuaciones, los campos de operación en los que surjan riesgos, actuando así como expertos en sus áreas de experiencia o responsabilidad proporcionando una valiosa ayuda al Responsable de Cumplimiento Normativo. 

Por último, la Dirección de Auditoría Interna de la empresa moderna, es un actor principal en las actividades antifraude, y que sirve de apoyo al enfoque adoptado por las máximas autoridades para prevenir, detectar y responder ante fraudes y conductas irregulares. 

Principales efectos del fraude y de conductas irregulares sobre la entidad corporativa

En la industria petrolera, la ocurrencia de esquemas de fraude y conducta irregular en forma sistemática, menoscaba la confianza del público y dañan la reputación de la integridad de la entidad corporativa, con los efectos negativos que ello conlleva en el giro de la empresa, tales como: i) limitaciones en la negociación y solicitud de financiamientos para el mantenimiento y reinversión de la capacidad de operaciones que mantengan y/o aumenten los niveles de producción de petróleo, ii) desvío de ingresos fiscales, iii) afectación en la comercialización de petróleo o derivados por distorsión de precios o manipulación de calidades, entre otros.

Por: Pedro E. Baute Caraballo.