El Estatuto de Roma es un tratado internacional, aplicado por la CPI, al cual se suscribieron 123 países alrededor del mundo. Allí se materializa la creación de un tribunal internacional capaz de enjuiciar delitos de lesa humanidad, como el genocidio y otros crímenes de guerra. Y si bien, muchos países apoyaron y se integraron a esta institución, hay otros países que no reconocen a la Corte Penal Internacional y mantienen una posición distante con respecto a este tribunal.
Es por ello que, partiendo desde esa perspectiva, en este artículo analizaremos las implicaciones que tiene la CPI en el mundo, y cuáles son los países que no aceptan su jurisprudencia.
¿Qué es la corte penal internacional y cuál es su función?
La Corte Penal Internacional es una institución independiente e imparcial, que funciona como un tribunal de última instancia, para procesar los crímenes más graves bajo el derecho internacional. Este es un tribunal internacional, permanente y universal que no afecta la soberanía de los Estados miembros. Actuando bajo el principio de complementariedad, para instar a los sistemas nacionales a investigar, procesar y sancionar a los perpetradores de estos crímenes.
Su función consiste en investigar acontecimientos asociados a crímenes de lesa humanidad ocurridos luego del año de su creación en el 2002. De modo que solo pueden iniciarse las investigaciones tras una remisión por un Estado Parte o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
¿Qué es el Estatuto de roma y cómo afecta a los países que lo adoptaron?
El Estatuto de Roma es el instrumento legal constitutivo de la Corte Penal Internacional que entró en vigor en el año 2002. En primera instancia, 150 países firmaron el tratado multilateral, pero solo 123 ratificaron su adhesión a esta institución. Que no funciona como un cuerpo supranacional, sino que es un ente internacional que complementa el sistema jurídico de los países que firmaron el acuerdo.
Para muchos países que no reconocen a la Corte Penal Internacional, aceptar esta forma jurídica significa un atentado en contra de su soberanía. Por lo que se abstienen de adherirse a este tratado, con el fin de evitar vulnerar el sistema de seguridad nacional a través de un ente independiente. De igual modo, esta idea viene como consecuencia de acontecimientos puntuales, motivaciones políticas o de la tradición política de cada país.
¿Cuáles son los países que no reconocen a la Corte Penal Internacional?
A diferencia de lo que comúnmente se cree, la CPI no tiene jurisdicción en todos los territorios del mundo. Países como Bahamas, Cuba, Chile, Estados Unidos, Haití, Jamaica, Santa Lucía, Granada, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Suriname, firmaron el acuerdo en primera instancia, pero no ratificaron su adhesión al tratado final.
Por otro lado, China, India, Israel, Turquía, Pakistán, Rusia, entre otros 60 países, son quienes rechazan abiertamente la injerencia de la CPI en sus territorios. Sobre todo, porque las competencias de este tribunal funcionan para penar actos con responsabilidad penal individual, y es aplicable a todas las personas sin distinción por cargo público, administrativo o parlamentario. Lo que algunos consideran como una vulneración de la soberanía nacional, debido a experiencias como la detención del presidente sudanés Omar al Bashir en 2015. Quien fue detenido por su presunta participación en el genocidio de Darfur en el 2003-2008, en medio de su asistencia a una cumbre de la Unión Africana.
¿Qué implicaciones tiene no reconocer a la Corte Penal Internacional?
Una de las principales consecuencias de ser uno de los países que no reconoce a la Corte Penal Internacional, es que al no contar con la asesoría técnica de este tribunal, el desarrollo de los proyectos de ley para tipificar delitos de lesa humanidad en las legislaturas nacionales es más lento.
Por lo que al adherirse al Estatuto de Roma, los miembros tienen la oportunidad de fortalecer sus propios sistemas de justicia penal por medio de las herramientas que proporciona la institución. En estos casos, la Secretaría de las Naciones Unidas, la Secretaría del Commonwealth y la Unión Europea proporcionan estas asistencias para la redacción de legislaciones o sus enmiendas.
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