En la red todo se difunde ilimitadamente. El internet muestra un escenario de la realidad que la humanidad no había experimentado, por ello a pesar del tiempo que ha pasado desde que apareció como un nuevo canal, todavía no están claras todas las normas y leyes que regulan a este espacio virtual. El uso ha ido exigiendo el establecimiento de medidas para garantizar su buen funcionamiento y la protección de los derechos fundamentales de sus usuarios.
Entre las acciones o delitos que comenzaron a necesitar una actualización de la regulación virtual está la difamación, pues en ocasiones el anonimato que permite la red y la falta de controles facilita que cualquier persona se sienta en la comodidad de expresarse sin ningún tipo de responsabilidad por las informaciones que transmite. De esta forma, es muy sencillo emitir juicios y opiniones sin haber confirmado la veracidad de los datos que se publican.
Por ello, la difamación es un delito creciente en el mundo digital. Está definida como una acción o expresión que daña la dignidad de otra persona, se trata de un término en general que engloba a toda declaración que afecte la reputación e imagen de una persona o institución. Es considerada como un delito contra el honor, igual que la calumnia, la diferencia entre una y otra es que en la última quien acusa al agraviado está consciente de la falsedad de la información que suministra.
Algunas empresas o plataformas de canales digitales poseen claras reglas de política y privacidad que les asegura un manual de procedimientos, a ellos y a los usuarios, para denunciar y actuar en caso de que un tercero publique a través de esos canales información difamatoria. Así fue el caso, reseñado por la BBC, experimentado por el propietario de una empresa de servicios informáticos en Reino Unido, quien había sido acusado de pedófilo y ladrón a través de un comentario de un supuesto cliente en Google´s Place. El afectado denunció el caso en Google y 18 meses más tarde, luego de todas las investigaciones, el gigante de internet retiró el comentario que manchaba la reputación del dueño de la empresa informática. Lastimosamente a pesar de que la fuente de la noticia retiró la falsa información, otros medios la replicaron e hicieron orgánica, manteniendo y perdurando el daño en otros portales.
Ante un caso de difamación en la red, es importante tener en cuenta que la información puede viralizarse en corto tiempo, por lo que es recomendable actuar de forma rápida. Estas son algunas de las acciones a tomar en cuenta al momento de ser víctima de este delito:
- Identificar al autor de la difamación y si es posible rastrear el recorrido de la información, con la intención de conocer en qué sitios fue publicado.
- Si se logró identificar y contactar al autor (no siempre es posible), dirigirse a él y solicitar la rectificación de la información. En caso de que sea necesario, documentar los argumentos con las pruebas que se tengan.
- Si el autor de la información se niega a corregirla, se debe proceder legalmente. Lo más adecuado es contar con la asesoría de un experto legal en esta área. En caso de que no sea posible, personalmente puede investigar las políticas de seguridad y privacidad de las páginas en donde fue publicada la información y contactar a sus administradores para evaluar la situación y las acciones a tomar.
- En el proceso legal es el juez quien determina si el caso es un delito de difamación o no y citará a los imputados para dar un fallo que puede resultar en la eliminación del comentario de la red.Este procedimiento debería ocurrir de la misma forma en la que se desenvuelve la demanda cuando el delito es cometido en medios fuera de conexión a internet.
- Es importante monitorizar continuamente lo que se dice de nosotros (si somos una figura pública) o de nuestra empresa en las redes, a fin de poder actuar de forma certera y rápida ante las acciones difamatorias. El servicio de Google Alerts es una buena estrategia para estar vigilante a las publicaciones.
- Recopile todas las pruebas posibles para sustentar sus argumentos en cualquier fase del proceso.
- Los especialistas advierten que hay que tener muy claro la diferencia entre difamación y una opinión personal, así como las posibles excepciones, pues las opiniones o animos iocandi pueden no contener ninguna acción ilegal si no acusan a alguien o a una persona jurídica de haber cometido alguna falta.
- La educación es fundamental para prevenir este tipo de acciones que pueden afectar seriamente la reputación. Se trata de asumir responsabilidades y ser precavido a la hora de compartir información en internet, pues no todo lo publicado ha sido confirmado debidamente.
- Realizar un mapa en donde hayan sido publicadas las noticias.
- Contactar a todos los responsables y solicitarles el derecho de rectificación.
A pesar de que las denuncias de este tipo de casos han aumentado exponencialmente debido al auge de las plataformas digitales y a su uso en el mundo, pocos casos llegan a resolución jurídica pues los victimarios suelen disculparse previamente con los agraviados. Cuando esto ocurre las sanciones son anuladas o rebajadas dependiendo de la situación y sus agravantes.
El Código Penal español regula a los delitos de injuria y calumnias, sin tocar directamente al término difamación. En este reglamento se consideran válidas las grabaciones de audio, los testimonios, los informes periciales psicológicos y las copias de mensajes como pruebas para denunciar una injuria o calumnia. Los elementos básicos de este tipo de denuncias han sido catalogados de la siguiente manera por el cuerpo legal español:
- Juzgado de instrucción al que se dirige la querella.
- Datos personales del que interpone la querella y del querellado.
- Detalle de las acciones que se pueden seguir para conocer los hechos.
- Relación de los hechos ordenados cronológicamente.
- Base legal que la sustenta.
- Solicitud de que se admita a trámite la querella.
- Firma.
La querella debe ser firmada por el abogado y el procurador y una vez que se investiga el caso se procederá a celebrar un juicio. Si llegase a producirse una sentencia condenatoria, los resultados se publicarán y divulgarán como una forma de resarcir a la víctima por el daño causado.
En el Código Penal venezolano, la difamación e injuria son castigadas con prisión de 15 meses a 18 meses, pena que puede ser aún mayor si el delito se ejerciere en un documento público, con escritos, dibujos divulgados o expuestos al público a través de otros medios de publicidad. También pueden imponerse multas a pagar según la gravedad de la acción cometida.
Desde Alan Aldana & Abogados hemos logrado procesos por difamación e injuria en representación de clientes en países como España y Venezuela, de forma exitosa en donde además de generar la correspondiente responsabilidad legal de los responsables, hemos facilitado la exclusión de las falsas noticias en los buscadores web con los cuales tenemos un protocolo de actuación para la eliminación de la misma, siempre en procura de la verdad y la justicia.
