1. Contexto normativo: el Estatuto de Roma y su jurisdicción tradicional

• El Rome Statute es el tratado que establece la jurisdicción de la CPI sobre cuatro crímenes “núcleo”: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.
• Tradicionalmente, esos crímenes han sido concebidos como perpetrados mediante violencia física, persecuciones, destrucción, etc. La forma de comisión era material —balas, bombas, violencia corporal, desplazamientos forzados, etc.

La CPI se dedica a los delitos más graves reconocidos en el derecho penal internacional, no a crímenes de naturaleza estrictamente interna o penal común.

2. La nueva “Policy on Cyber-Enabled Crimes under the Rome Statute” (Diciembre 2025)

¿Qué cambios introduce?

• El 3 de diciembre de 2025 la Oficina del Fiscal de la CPI (OTP) adopta oficialmente la “Policy on Cyber-Enabled Crimes under the Rome Statute”. (icc-cpi.int)
• Con esta política, la CPI reconoce que los crímenes internacionales pueden cometerse o facilitarse por medios digitales: ciberataques, sabotajes informáticos, manipulación de sistemas, vigilancia masiva, interferencia de comunicaciones, manipulación de datos o evidencia digital, etc. 
• Así, la CPI no crea nuevos delitos (“cibercrimen” como categoría autónoma), sino que extiende su marco de persecución a las formas tecnológicas de comisión o facilitación de los crímenes previstos en el Estatuto. 

Alcance de la jurisdicción

• La CPI puede perseguir actos que, aunque se materialicen en el ciberespacio, cumplan con los elementos objetivos y subjetivos de los crímenes del Estatuto — por ejemplo, ataques digitales a infraestructura civil en contexto de conflicto armado, vigilancia masiva contra población civil, manipulación de evidencia judicial, etc. 
• Asimismo, conductas de vigilancia, censura digital o espionaje masivo podrían constituir, en ciertos contextos, una forma de persecución colectiva o discriminación, especialmente si van dirigidas contra grupos étnicos, religiosos o políticos vulnerables — lo que podría encajar en la definición de crímenes contra la humanidad. 

Cooperación, pruebas y desafíos técnicos

• La OTP reconoce que para investigar estos crímenes será necesario cooperar con Estados, entidades técnicas y organismos especializados en ciberseguridad, forense digital, inteligencia, protección de datos, etc. 
• No se trata únicamente de detectar el delito, sino de preservar, analizar y presentar prueba digital con garantías de integridad y cadena de custodia, lo que requiere equipos multidisciplinarios (tecnología + derecho). 

Límites: qué no investiga la CPI

• La CPI no tiene competencia sobre los delitos informáticos comunes — como fraude, estafas, hackeos aislados, delitos de acceso ilegal a sistemas, robo de datos privados, etc. Esa jurisdicción sigue siendo de los tribunales nacionales. 
• La política no busca criminalizar la mera “piratería informática”, sino reconocer que cuando dichas conductas digitales se integran en crímenes internacionales (violencia, persecución, destrucción masiva, ataques a población civil, etc.), pueden ser objeto de persecución por la CPI. 

3. Implicaciones jurídicas: complejidad, oportunidad y riesgos

Nuevas formas de comisión de crímenes internacionales

La digitalización, el uso de inteligencia artificial, ciberataques a infraestructura crítica, vigilancia electrónica o manipulación de comunicaciones —todas estas formas pueden transformar lo que antes solo se concebía como violencia física en crímenes invisibles, tecnológicos, pero con efectos graves para víctimas civiles. La CPI ahora tiene un marco para abordar esa realidad.

Necesidad de debates técnicos y jurídicos sofisticados

La inclusión del ciberespacio trae desafíos inéditos: prueba forense digital, trazabilidad de ataques, atribución de responsabilidad individual (¿quién dio la orden? ¿quién ejecutó el ataque? ¿qué rol juegan los proveedores de servicios?). Esto exige una defensa y una persecución con equipo interdisciplinario, experiencia técnica y conocimiento profundo del derecho internacional.

Importancia de la cooperación internacional y regulación normativa

Para que la CPI pueda operar eficazmente en estos casos, será esencial la cooperación entre Estados, organismos de ciberseguridad, proveedores de infraestructura digital, servicios técnicos, inteligencia y autoridades judiciales — lo que impone un reto de gobernanza global del ciberespacio.

Riesgo de sobrerrepresentación o uso indebido de la jurisdicción si no se respetan derechos fundamentales

Organizaciones de derechos humanos han advertido que el uso de pruebas digitales, vigilancia o intercambio de datos podría vulnerar libertades fundamentales — si la CPI no equilibra su mandato penal con el respeto a derechos humanos y garantías procesales. 

4. Ventaja competitiva de Venfort / Aldana Abogados: asesoría especializada en ciber-delincuencia internacional

En este nuevo paradigma jurídico-digital, la experiencia del Dr. Alan Aldana resulta esencial:

• Su formación y acreditación internacional le brindan la competencia técnica y penal para analizar la vía de comisión cibernética de los crímenes del Estatuto.
• Su práctica se orienta a evaluar problemas de competencia, jurisdicción, admisibilidad de pruebas digitales, riesgos procesales y estrategias defensivas en escenarios complejos.
• Puede ofrecer asesoría preventiva o reactiva: desde la revisión de estructuras de ciberseguridad estatal o institucional, hasta la defensa penal en procedimientos ante la CPI.

La firma está preparada para abordar casos en los que la comisión del delito —o su facilitación— haya sido por medios digitales, aportando una defensa técnica, sólida y actualizada.

La adopción por la CPI de una política expresa sobre “cyber-enabled crimes” representa un punto de inflexión en el derecho penal internacional. Lo que antes se consideraba impensable —ciberdelincuencia como modo de comisión de genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad— hoy es objeto de persecución internacional.

Este giro normativo exige una abogacía igualmente sofisticada. Quien enfrente acusaciones o riesgos de esta naturaleza debe contar con asesoría con profundo dominio técnico y jurídico, capaz de intervenir eficazmente ante la CPI.

En ese contexto, la experiencia del Dr. Aldana como abogado acreditado ante la Corte Penal y la práctica del equipo que dirige a través de Venfort Abogados ofrecen una ventaja estratégica clara: combinar conocimiento en delitos internacionales, jurisprudencia, derecho comparado, y las complejidades técnicas propias del ciberespacio.

La justicia internacional evoluciona con la tecnología. Quienes deben defenderse o proteger estructuras institucionales deben adaptarse con la misma rapidez.