Este año la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP) publicó una nueva providencia en la Gaceta Oficial 42.110. Dicha providencia dicta las normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados a las transacciones de criptoactivos en Venezuela. El objetivo de esta providencia es prevenir las actividades ilícitas producto del anonimato de la encriptación. Así, Venezuela logra establecer un mecanismo de control y prevención de riesgos asociados a la legitimación de capitales y otros delitos. Conoce más sobre cómo son estos mecanismos para la prevención de delitos inherentes al uso de criptomonedas.
Cumplimiento de normas y métodos aplicados a políticas de administración de riesgo
Mientras El Salvador adopta el Bitcoin como moneda de curso legal, muchos otros países latinos como Perú, Brasil y Argentina han comenzado a manifestar interés por el criptoactivo. Esto ha traído consigo que organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) promuevan el uso de políticas para mitigar el riesgo de corrupción y otros delitos.
Venezuela también insta a los sujetos relacionados a la minería digital a formular, adoptar e implementar un Sistema Integral de Administración de Riesgo. Esto con el fin de detectar los delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. En ese sentido, la capacitación es clave en el análisis de datos y toma de decisiones para consolidar una cultura de prevención de riesgos. De este modo, este decreto establece las obligaciones y funciones inherentes al sistema para el análisis, control y detección de transacciones sospechosas con criptomonedas.
El GAFI y sus recomendaciones para las transacciones de criptomonedas a nivel mundial
El Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) establece mecanismos como la llamada “Regla de viaje” que dicta que cualquier operación que supere los 1.000 Euros o Dólares debe incluir los datos de los involucrados. Esta medida fue adoptada por el gobierno venezolano para el marco legal de los criptoactivos en el país para garantizar la detección y debidos procesos a la hora de contrarrestar la actividad ilícita. Cabe resaltar que la prevención de los delitos inherentes al uso de criptomonedas, es un trabajo de orden interno y obligatorio. Por lo que la asesoría jurídica en el marco legal de los criptoactivos es fundamental a la hora de realizar actividades comerciales con criptomonedas.
Así mismo, las recomendaciones para los servicios exchanges es que lleven un control de las transacciones que realizan sus usuarios. De lo contrario la detección y denuncia no se vería obstaculizada por falta de información. En ese sentido, Venezuela ha adoptado medidas y controles que no son muy diferentes a las adoptadas internacionalmente, donde muchos servicios de almacenamiento rastrean las IP de los usuarios para examinar el historial de transacciones.
Nuevas actualizaciones asociadas al intercambio de criptomonedas
Recientemente esta entidad publicó una actualización sobre sus políticas asociadas a las criptomonedas y las actividades relacionadas a ellas. Estos lineamientos sugieren la prohibición de transacciones a monederos particulares para que los usuarios puedan dejar los activos en casas de cambio. Responde al propósito de analizar cualquier transacción mayor a 1.000 Euros o Dólares para evitar el financiamiento de terrorismo o legitimación de capitales. Así mismo, se propone denegar licencias de operación a aquellos proveedores que acepten transferir fondos a monederos personales, para que las transacciones cuenten con la información necesaria en caso de ser rastreadas.
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