El 12 de marzo de 2025, el expresidente de Filipinas, Rodrigo Roa Duterte, fue entregado a la Corte Penal Internacional (CPI), convirtiéndose en una de las figuras políticas más relevantes en enfrentar cargos por crímenes contra la humanidad. Este acontecimiento marca un hito al reforzar la capacidad de la CPI para procesar líderes acusados de delitos atroces, pese a los intentos de ciertos Estados de eludir su jurisdicción al retirarse del Estatuto de Roma, como lo hizo Filipinas en 2019.

Antecedentes del Caso Duterte

Duterte, quien gobernó Filipinas desde 2016 hasta 2022, implementó una política de “guerra contra las drogas” caracterizada, según la Fiscalía de la CPI, por ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes. Sin embargo, su presunta implicación en crímenes contra la humanidad se remonta a su período como alcalde de Davao, donde supuestamente dirigió el Davao Death Squad (DDS), un grupo paramilitar responsable de cientos de asesinatos.

El 10 de febrero de 2025, la Fiscalía de la CPI solicitó una orden de arresto contra
Duterte por su papel como coautor indirecto en los crímenes de asesinato, tortura y violación. La Sala de Cuestiones Preliminares I encontró motivos razonables para considerarlo responsable de estos crímenes, señalando que los ataques fueron generalizados y sistemáticos, afectando a miles de personas entre 2011 y 2019.

Por ello, la Sala de Cuestiones Preliminares acordó la orden de aprehensión
internacional, ejecutada a través del enlace especial entre la CPI e INTERPOL, lo
que permitió la detención y entrega de Duterte a la sede del tribunal en La Haya, Países Bajos.

Jurisdicción de la CPI en Filipinas

Filipinas fue Estado Parte del Estatuto de Roma desde el 1 de noviembre de 2011
hasta su retiro formal el 17 de marzo de 2019. No obstante, la CPI mantiene
jurisdicción sobre los delitos cometidos durante ese período, lo que ha permitido
continuar con la investigación a pesar de la retirada del país.

Este caso establece un precedente clave en la justiciabilidad de líderes políticos,
evidenciando que la renuncia a la CPI no exime a los Estados de su esponsabilidad
por crímenes cometidos durante su membresía. Este principio es fundamental para la protección de los derechos humanos y la consolidación del derecho penal
internacional.

Implicaciones para el Derecho Penal Internacional

La entrega de Duterte a la CPI envía un mensaje contundente a mandatarios y exjefes de Estado que podrían enfrentar procesos similares en el futuro. Las órdenes de arresto de la CPI han demostrado ser efectivas en diversos contextos, incluso contra líderes con poder político considerable, como ocurrió con el expresidente sudanés Omar al-Bashir.

Además, este caso refuerza la cooperación internacional en materia de extradición y entrega de criminales de guerra, consolidando el papel de la CPI como un tribunal de última instancia cuando los sistemas nacionales no garantizan la rendición de cuentas.

El Rol de la Defensa en la CPI

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Conclusión

La entrega de Rodrigo Duterte a la CPI representa un avance sin precedentes en la
lucha contra la impunidad y un recordatorio de que los crímenes contra la
humanidad no prescriben. Este caso será clave para la evolución del derecho penal internacional y para el futuro de la responsabilidad penal de los líderes políticos.

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