El tratado de extradición entre España y Venezuela establece un marco legal bilateral para la entrega de personas acusadas o condenadas por delitos, bajo ciertas condiciones. Para los abogados defensores, es crucial comprender las opciones de defensa que este tratado ofrece, permitiendo una estrategia efectiva en favor de sus clientes.
Primero, es esencial verificar la doble tipicidad; es decir, el acto debe ser considerado delito tanto en España como en Venezuela. Esta condición fundamental puede ser un punto de partida para argumentar en contra de la extradición si el delito no se encuadra adecuadamente en ambas legislaciones.
Otro aspecto relevante es la posibilidad de oponerse a la extradición por motivos humanitarios, incluyendo el riesgo de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, o el peligro de enfrentar un juicio injusto. La defensa puede argumentar la vulneración de derechos fundamentales, apelando a normativas internacionales sobre derechos humanos.
Además, el tratado excluye la extradición por delitos políticos. Identificar el carácter político de la causa puede ser una vía para impugnar el proceso. Sin embargo, esta defensa requiere un análisis detallado del contexto y las circunstancias específicas del caso.
La posibilidad de enfrentar penas desproporcionadas son argumentos adicionales contra la extradición, basados en el principio de proporcionalidad y el respeto a la dignidad humana.
Finalmente, es crucial evaluar la situación de salud del reclamado. Condiciones médicas graves que no puedan ser atendidas adecuadamente en el país solicitante pueden ser motivo para denegar la extradición, en línea con el principio de humanidad.
La defensa en casos de extradición entre España y Venezuela requiere un enfoque multidisciplinario, que combine un profundo conocimiento del tratado, la legislación penal y procesal de ambos países, y los principios de derechos humanos internacionales. La elaboración de argumentos sólidos y persuasivos, fundamentados en hechos probados y una adecuada interpretación legal, es esencial para proteger los derechos del reclamado.
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Alan Aldana
