Hay procesos penales que nacen de una investigación; y hay procesos penales que nacen de un objetivo. El término правовая война —instrumentalización del derecho penal como herramienta de persecución— describe la segunda categoría: procedimientos formalmente legales cuyo propósito real no es esclarecer un hecho, sino neutralizar a una persona: apartarla de la vida pública, destruir su reputación, inmovilizar su patrimonio o forzar su exilio.

Este artículo aborda el fenómeno desde una perspectiva estrictamente técnica. No nos corresponde —ni conviene a ningún cliente— tomar posición política sobre gobiernos o coyunturas. Lo que sí corresponde a una defensa especializada es algo más útil: identificar los patrones objetivos que distinguen una investigación legítima de una persecución con forma de proceso, y activar los mecanismos jurídicos internacionales diseñados precisamente para esos supuestos.

Para empresarios, banqueros, exfuncionarios y familias con patrimonio transnacional en América Latina, esta distinción no es académica: determina si una notificación roja prospera o se anula, si una extradición se concede o se deniega, y si el patrimonio resiste o sucumbe.

¿Qué es el lawfare desde el punto de vista jurídico?

No existe una definición legal universal, pero los instrumentos internacionales ya contienen sus elementos. Cuando el artículo 3 de la Constitución de INTERPOL prohíbe las intervenciones de carácter político; cuando los tratados de extradición ordenan denegar la entrega si la solicitud persigue castigar a alguien «a causa de su raza, sexo, religión, condición social, nacionalidad u opiniones políticas»; cuando la Ley 4/1985 española veda la extradición por delitos políticos o cuando pueda ser reclamada la persona por móviles discriminatorios; y cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos —desde el caso Соеринг против Соединенного Королевства— prohíbe entregas que expongan a tratos contrarios al Convenio, el ordenamiento está describiendo, sin nombrarlo, el lawfare.

Definición operativa: uso desviado de mecanismos penales y de cooperación internacional, con apariencia de legalidad, para fines ajenos a la función del proceso penal.

Patrones objetivos: cómo se reconoce

La clave probatoria del lawfare no está en las intenciones —indemostrables— sino en los patrones verificables. En nuestra práctica, los indicadores más recurrentes son:

Indicadores procesales

• Cronología reveladora: la causa penal nace o se reactiva inmediatamente después de un hecho ajeno al proceso (una ruptura societaria, una decisión empresarial contraria a determinados intereses, un cambio de posición pública).
• Forum shopping interno: manipulación de la asignación de jueces o fiscales, o concentración de causas en órganos específicos.
• Mutación constante de la imputación: los hechos cambian, la calificación cambia, pero el imputado permanece.
• Anulaciones y reconstrucciones del título de detención: órdenes de prisión anuladas por los propios tribunales del país y sustituidas por actos de menor garantía —un patrón que el Tribunal Constitucional español conoció de cerca en la STC 147/2020.

Indicadores extraprocesales

• Sincronización mediática: filtraciones selectivas del expediente que preceden o acompañan cada hito procesal.
• Uso instrumental de la cooperación internacional: notificaciones rojas o difusiones de INTERPOL solicitadas sobre conflictos de base mercantil o administrativa, en fricción con el artículo 83 del Reglamento sobre el Tratamiento de Datos.
• Asfixia patrimonial preventiva: congelaciones de activos desproporcionadas y anteriores a cualquier condena, orientadas a impedir la propia defensa.
• Presión sobre el entorno: imputaciones satélite a familiares, socios o abogados.

Ninguno de estos elementos, aislado, prueba nada. Su acumulación documentada y cronológicamente ordenada es lo que convierte una sospecha en un expediente de defensa internacional.

Los mecanismos de protección jurídica

1. Ante INTERPOL: artículos 2 y 3 de la Constitución y control de la CCF

La Comisión de Control de los Ficheros puede eliminar notificaciones contrarias a la prohibición de intervenciones políticas (art. 3) o al respeto de los derechos humanos (art. 2), y desde la reforma de sus procedimientos cabe incluso la solicitud preventiva: advertir a INTERPOL, de forma confidencial, del riesgo de una alerta abusiva antes de que se emita. Para perfiles expuestos, es la primera línea de contención.

2. En el procedimiento de extradición

Los tratados y la Ley 4/1985 contienen cláusulas de denegación por delito político y por persecución discriminatoria. La jurisprudencia constitucional española —SSTC 32/2003 y 148/2004— impone además a los tribunales un deber de indagación cuando el reclamado alega, con datos concretos, riesgo de persecución o de vulneración de derechos en destino: no basta el control formal de los papeles. Y la STC 147/2020 exige un escrutinio material del título extradicional. Cada una de estas piezas es una barrera invocable.

3. El estándar europeo: TEDH

С сайта Соеринг против Соединенного Королевства (1989), el TEDH ha consolidado la responsabilidad del Estado que entrega cuando existe riesgo real de tratos contrarios al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos; y su jurisprudencia posterior —incluido Othman (Abu Qatada) c. Reino Unido— añadió la prohibición de entrega ante el riesgo de una грубое нарушение правосудия en el país de destino. Este estándar irradia sobre toda decisión de entrega adoptada en Europa.

4. Protección internacional

La Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, protege frente a la persecución por opiniones políticas. Y el asilo concedido opera, en tratados como los más recientes suscritos por España, como causa de denegación preceptiva de la extradición. La decisión de solicitar protección internacional es estratégicamente delicada —tiene efectos migratorios, patrimoniales y reputacionales— y debe evaluarse caso por caso.

5. Defensa patrimonial y de compliance

Frente a la asfixia económica, la respuesta combina la impugnación de medidas cautelares desproporcionadas, la acreditación documental del origen lícito de los activos y una arquitectura preventiva de cumplimiento que reduzca las superficies de ataque. La mejor defensa patrimonial ante el lawfare se construye antes de que exista el proceso.

Errores frecuentes de quien se sabe en riesgo

• Esperar a la detención para actuar. El lawfare se combate mejor en fase preventiva: diagnóstico de exposición, solicitud preventiva ante INTERPOL, planificación de movilidad.
• Responder en el terreno mediático sin estrategia jurídica. Cada declaración pública puede convertirse en pieza del expediente contrario.
• Documentar tarde. La cronología del patrón persecutorio debe reconstruirse con documentos fechados; la memoria no basta ante la CCF ni ante la Audiencia Nacional.
• Fragmentar la defensa por países. Contratar abogados aislados en cada jurisdicción, sin dirección estratégica única, produce contradicciones que el Estado persecutor explotará.
• Confundir el plano político con el jurídico. Ante los tribunales no gana quien denuncia más alto, sino quien prueba mejor.

Обычный сценарий на практике

Un exdirectivo de una empresa con participación estatal abandona su cargo tras discrepar de determinadas decisiones. Meses después se abre contra él una causa por presunta administración desleal; la orden de prisión inicial es anulada por defectos por los propios tribunales del país, pero la reclamación internacional se mantiene; simultáneamente se filtra el expediente a medios afines y se solicita una notificación roja. En escenarios de este tipo, la defensa eficaz opera en tres tableros a la vez: impugnación ante la CCF por infracción de los artículos 2 y 3 de la Constitución de INTERPOL, oposición a la extradición ante la Audiencia Nacional con el estándar de motivación reforzada de la doctrina constitucional, y protección patrimonial documentando el origen de los activos antes de que las medidas cautelares lleguen. La coordinación simultánea entre jurisdicciones europeas y latinoamericanas suele ser, en estos casos, la variable que decide el resultado.

Часто задаваемые вопросы

1. ¿Alegar lawfare basta para frenar una extradición? No. Los tribunales exigen alegaciones concretas y sustentadas en datos. La etiqueta sin expediente probatorio es inútil; el expediente sin la etiqueta, en cambio, funciona.
2. ¿INTERPOL puede rechazar una notificación por motivación política? Sí. El artículo 3 de su Constitución lo impone y la CCF lo aplica. La dificultad está en construir la prueba del carácter predominantemente político del caso.
3. ¿El asilo protege frente a la extradición? La concesión de asilo es, en varios tratados y en la práctica española, un obstáculo mayor a la entrega. Pero es una vía con requisitos estrictos y consecuencias propias que exige análisis previo.
4. ¿Puede el lawfare venir de actores privados? Sí. Competidores o antiguos socios pueden instrumentalizar denuncias penales y cooperación internacional. El artículo 83 del RTD de ИНТЕРПОЛ —exclusión de asuntos de origen privado o administrativo— es entonces la herramienta central.
5. Soy empresario con actividad en varios países de la región, ¿qué puedo hacer hoy? Un diagnóstico preventivo de exposición: mapa de jurisdicciones de riesgo, revisión de alertas existentes, protocolo de actuación ante detención y ordenación documental del patrimonio.

Заключение

El lawfare no se combate con adjetivos, sino con técnica: patrones documentados, normas invocadas con precisión y una defensa que llegue antes que la persecución. El ordenamiento internacional —INTERPOL, los tratados de extradición, el TEDH, el derecho de asilo— ofrece herramientas reales; su eficacia depende de la anticipación y de la coordinación multijurisdiccional.

En VENFORT Abogados asistimos a empresarios, directivos y exfuncionarios expuestos a riesgos de esta naturaleza, con una práctica que integra la defensa penal internacional, la protección ante INTERPOL y el blindaje patrimonial y reputacional, coordinada desde Madrid y Caracas con nuestras firmas aliadas en Europa, América, África, Oriente Medio y Asia. Si desea evaluar su nivel de exposición, pregunte por nuestra guía «Indicadores de riesgo de lawfare para empresarios» o solicite una consulta confidencial aquí.

Алан Алдана

Основатель и руководитель отдела международного уголовного права VENFORT Abogados. Адвокат, аккредитованный при Международном уголовном суде, с более чем двадцатилетним опытом работы по делам об экстрадиции, разбирательствам в Интерполе, экономическому уголовному праву и международным санкциям, оказывает помощь предпринимателям, руководителям, учреждениям и семьям, имеющим интересы в Европе и Америке.