A comienzos del año 2017 el ex presidente peruano Alejandro Toledo, comenzó a atravesar un proceso judicial debido a la acusación de delitos de malversación de fondos y blanqueo de capitales que pesaba en su contra, tras su periodo presidencial de 2001 a 2006.
La orden de detención fue ejecutada por la acusación de recibir más de 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Toledo, residía en Estados Unidos cuando fue notificado de las medidas judiciales, por ello en mayo de 2018 el gobierno de Perú solicitó su extradición al país norteamericano. El Ministerio Público peruano determinó en su investigación que podría estar sujeto a la suma de penas por concurso real de delitos de 16 años y ocho meses de prisión.
La extradición es un proceso judicial a través del cual un Estado hace la petición de devolución de un imputado por un delito que se encuentra en otro país, y frente a quien se le ha emitido una orden de detención internacional, con la intención de enjuiciarlo en el país requirente. Se encuentra regulada por tratados internacionales y en las leyes de cada país, pues para que sea efectiva se necesita de la firma de convenios internacionales que amparan esta figura entre las naciones involucradas. Perú y Estados Unidos forman parte de los países que han formalizado su participación en estos convenios de carácter internacional. Sin embargo, en el caso de que no exista este acuerdo previo, el Estado puede ejecutar la extradición pero no está obligado a realizarla.
El 19 de julio de 2019 el juez Thomas Hixson del tribunal en San Francisco, experto en propiedad intelectual y derecho de competencia, determinó que Toledo debía enfrentar la extradición en condición de detenido. El pedido tuvo razón de ser como medida para prevenir cualquier intento de fuga o de evasión de la justicia en este proceso de extradición, aprobando la solicitud del bufete de abogados estadounidense contratado por el gobierno peruano.
En esa misma audiencia del mes de julio, la defensa del ex mandatario solicitó la asignación de un abogado público, propuesta que se programó para ser evaluada el 22 de agosto de este año ante el mismo tribunal.
Los hechos en el caso del ex presidente Alejandro Toledo
En el caso se ha contado con la colaboración de confesión del testaferro principal del acusado, el empresario peruano – israelí Josef Mainman quien aseguró haber recibido (por petición de Toledo) depósitos de más de 21 millones de dólares de las empresas Odebrecht y Camargo Correa a cambio de la concesión de obras de construcción de infraestructura vial en Perú. Pero cuya admisión de hechos o colaboración debe ser analizada con profundidad antes de darle pleno valor probatorio, ya que podría estar viciada de nulidad.
Los ex presidentes peruanos que han ocupado el cargo desde 2001 han sido investigados por delitos relacionados al caso Odebrecht. Ollanta Humala fue sentenciado a 20 años de prisión por los actos de corrupción, mientras que a Alan García le fue entregada una orden de prisión preliminar por su acción en lavado de activos, colusión y tráfico de influencia, condena que no pudo ser materializada por el suicidio del ex mandatario.
Para culminar, en Alan Aldana & Abogados, consideramos que estos casos de relevancia donde se observan indicios de influencia política, generan en la opinión pública los denominados juicios paralelos. Los cuales indudablemente permean a los responsables de las investigaciones y a los jueces percepciones que pueden estar alejadas del razonamiento jurídico que se debe aplicar al caso en concreto. Por eso, además de enaltecer la total independencia de las decisiones de órganos jurisdiccionales, para este tipo de casos nuestra firma aconseja trabajar con expertos en materia de comunicación estratégica que apoyen al equipo de defensa.
Fuentes consultadas:
