La corrupción es un flagelo que ensombrece al mundo entero. Es definida como el abuso del poder encomendado para el uso personal y se ha catalogado como un fenómeno socio – económico nocivo que socava las bases de la sociedad y deja múltiples consecuencias negativas.
No se trata de un delito exclusivo de algún país o región en particular, la corrupción ha logrado calar en diversos espacios y puede incluso comenzar con acciones pequeñas como el pago de sobornos a escala ciudadana. Es un error que debe evitarse en el sistema si se quiere lograr el desarrollo social y económico.
El trabajo de la OCDE contra la corrupción
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), fundada en 1961, se ha planteado la promoción de políticas que apunten a mejorar el bienestar económico y social de los ciudadanos en cualquier lugar del mundo. En por ello que ofrece un espacio para que los 36 gobiernos miembros puedan compartir experiencias y encontrar las mejores soluciones para resolver problemas comunes, como es el caso de la corrupción.
Sobre este tema en particular, la Ocde proporciona una plataforma para que las naciones comparen experiencias, compartan las mejores prácticas y sean capaces de visualizar cuáles son los desafíos más importantes a resolver para frenar a la corrupción. Uno de estos capítulos especiales está abierto desde 2007 para la acción contra la corrupción en Latinoamérica. Entre los países de la región que forman parte de la Ocde se encuentran: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Venezuela no es miembro de esta organización hasta el momento.
La lucha contra la corrupción en Latinoamérica ha constituido un aspecto importante para la transformación de esta gran región. Como parte de este objetivo, que también incluye la erradicación de este flagelo en todo el planeta, la Ocde está conformando equipos de trabajo con la Asociación Internacional de Abogados. La intención es capacitar y generar estándares profesionales para los abogados involucrados con la creación y constitución de personas jurídicas, pues de esta forma se invita a dejar atrás prácticas legales que auspicien la constitución de paraísos fiscales para la evasión fiscal, el lavado de dinero, el financiamiento de terrorismo y otros delitos relacionados.
A pesar de cada país tiene diferentes normativas para garantizar la transparencia de los dueños o beneficiarios finales de las entidades, los abogados pueden ser un punto ciego para el propósito de la lucha contra la corrupción, según se replicó en un informe publicado por el Grupo de Acción Financiera Internacional en 2013.
