The presumption of innocence constituye uno de los pilares del derecho penal internacional contemporáneo y estructura todo el sistema procesal de la Corte Penal Internacional (CPI). Según la propia guía institucional de la Corte, Comprendiendo la CPI (2024), toda persona que comparece ante el tribunal “debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable”. Este estándar no solo protege a los investigados, sino que exige que cualquier medida restrictiva de libertad —incluida la detención preventiva— sea excepcional, revisable y estrictamente fundamentada.
1. La revisión periódica de la detención y el derecho a solicitar libertad provisional
Conforme al marco jurídico de la CPI, los jueces están obligados a revisar, ya sea a solicitud de la defensa o de oficio, si subsisten las condiciones que justifican la detención. Esto se debe a que la presunción de inocencia no es una declaración simbólica: es una garantía activa que obliga a la Corte a examinar si los riesgos procesales —fuga, obstrucción, peligro para víctimas o testigos, o la posibilidad de reiteración delictiva— continúan presentes.
Si tales riesgos pueden mitigarse mediante condiciones específicas, la provisional release puede ser concedida. Esta revisión periódica, prevista en el Estatuto de Roma y explicada en el documento oficial Comprendiendo la CPI (2024), refleja el equilibrio entre la protección del proceso penal internacional y el respeto a los derechos fundamentales del acusado.
2. La jurisprudencia reciente: el ejemplo del caso Rodrigo Duterte
El caso del expresidente filipino Rodrigo Duterte representa una aplicación reciente y significativa de este principio. Tras su arresto en 2025 por presuntos crímenes de lesa humanidad, su defensa solicitó la provisional release, alegando razones de salud, edad avanzada y garantías ofrecidas por un tercer Estado.
La CPI, sin embargo, denegó la solicitud, basándose en que:
- Persistían los riesgos procesales, especialmente el riesgo de fuga y la posible interferencia con testigos.
- Las garantías presentadas por la defensa no alcanzaban el estándar requerido para neutralizar dichos riesgos.
- La gravedad y el contexto de los crímenes imputados demandaban mayor cautela.
Esta decisión —confirmada por la Sala de Apelaciones el 28 de noviembre de 2025— ilustra cómo la CPI aplica un análisis riguroso y casuístico: la libertad provisional es viable en principio, pero nunca automática. Solo procede cuando la defensa demuestra que la libertad del acusado no comprometería la integridad del proceso ni la seguridad de las víctimas.
3. Relevancia para el derecho penal internacional
La práctica de la CPI confirma tres puntos esenciales:
- La presunción de inocencia opera en todo momento, pero no elimina la posibilidad de detención preventiva, siempre que esté rigurosamente justificada.
- La libertad provisional forma parte del catálogo de derechos del acusado, pero exige garantías concretas y verificables.
- La jurisprudencia reciente revela una tendencia a mantener la detención en casos de alta gravedad cuando los riesgos no pueden controlarse.
Estos elementos reflejan la naturaleza del derecho penal internacional: un sistema que debe proteger derechos fundamentales, pero también garantizar que los crímenes más graves no queden impunes ni comprometan la seguridad de testigos, víctimas y operadores de justicia.
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