De la solicitud inicial a la entrega final: conoce las etapas clave del proceso de extradición y cómo afrontarlas.

The extradición es un proceso legal mediante el cual un Estado entrega a una persona a otro Estado para que sea juzgada o para que cumpla una condena. Se trata de un procedimiento complejo, con múltiples etapas, marcos jurídicos específicos y la intervención de autoridades gubernamentales y judiciales de ambos países. A continuación, explicamos las etapas clave del proceso de extradición en España y qué ocurre en cada una, así como las particularidades cuando no existe un tratado de extradición con el país solicitante. Al final, ofreceremos consejos prácticos para familiares que necesiten actuar rápidamente ante la detención de un ser querido por una extradición.

Etapas del proceso de extradición en España

1. Solicitud inicial y examen preliminar

Todo proceso de extradición comienza con una solicitud formal de un país a otro. Un Estado (el país requirente) envía por vías diplomáticas una petición para que otro Estado (el país requerido, en este caso España) le entregue a una persona buscada. La solicitud debe incluir los datos esenciales del individuo (identidad, nacionalidad, domicilio), un resumen de los crimes que se le imputan y la base jurídica de la petición (por ejemplo, una orden de detención emitida por un juez o una sentencia condenatoria si se le busca para cumplir una pena).

En España, al recibir una solicitud de extradición, el Ministerio de Justicia realiza un examen inicial. Dispone de ocho días para analizar la petición y presentar al Gobierno un informe sobre la procedencia de continuar con el trámite por vía judicial. Aunque es una fase preliminar, resulta crucial porque marca el tono de la batalla legal que seguirá. En esta etapa, la defensa del reclamado (la persona cuya extradición se solicita) puede incluso presentar un escrito inicial alegando motivos por los cuales la extradición no debería prosperar, sentando así las bases de su oposición desde el primer momento.

2. Decisión gubernamental y apertura del proceso judicial

Tras el examen preliminar, el Gobierno español debe decidir, en un plazo máximo de 15 días, si da luz verde a la extradición solicitada. En caso afirmativo, el asunto se remite a la Audiencia Nacional (en concreto, al Juzgado Central de Instrucción competente) para que comience la fase judicial del procedimiento.

Si la persona reclamada no está aún detenida en España, en este punto es habitual que se emita una orden de detención con carácter urgente. El objetivo es asegurar que el individuo quede a disposición de la justicia española mientras se tramita la extradición. De hecho, si existe una orden internacional de detención (como una notificación roja de Interpol), las fuerzas de seguridad suelen arrestar al reclamado en cuanto se confirma su presencia en territorio español. Una vez detenido, deberá ser conducido ante el juez de la Audiencia Nacional normalmente en menos de 24 horas.

3. Vista en la Audiencia Nacional y posición del reclamado

Iniciada la fase judicial, se celebra una vista (audiencia) ante la Audiencia Nacional, que es el tribunal encargado de estos casos en España. En esta sesión, la persona reclamada puede manifestar si consiente voluntariamente la extradición o si, por el contrario, se opone a ella.

The Ministerio Fiscal (representado por un fiscal de la Audiencia Nacional) participa activamente para asegurar que el procedimiento se ajuste a la legalidad y se respeten las garantías debidas. Si el reclamado se opone a la extradición (lo cual es frecuente), el juez de la Audiencia Nacional puede imponer medidas cautelares mientras se decide el fondo del asunto, con el fin de minimizar el riesgo de fuga. Estas medidas pueden ir desde la prisión provisional hasta alternativas menos gravosas como el arresto domiciliario or the libertad bajo fianza con ciertas condiciones (por ejemplo, retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias periódicas en el juzgado).

Durante esta fase intermedia, el juez tiene la facultad de solicitar información adicional al Estado requirente si considera que la documentación remitida está incompleta o presenta deficiencias. De este modo, se asegura de que antes de avanzar hacia la decisión final estén cubiertos todos los requisitos legales y tratados aplicables.

4. Decisión judicial y posibles recursos

Una vez practicadas las diligencias necesarias y recibida toda la documentación pertinente, la causa pasa al conocimiento de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Este tribunal colegiado estudiará el caso en profundidad. Tanto la defensa del reclamado como el fiscal presentan sus alegatos por escrito, y posteriormente la Sala convoca una vista final donde ambas partes pueden exponer sus argumentos oralmente.

En la vista final ante la Sala de lo Penal, la persona reclamada tiene oportunidad de dirigirse al tribunal, normalmente a través de su abogado. Sin embargo, es importante señalar que el debate en esta etapa se limita a cuestiones jurídicas: se analiza si se cumplen los requisitos del extradition treaty (si lo hay) y de la legislación española, sin entrar a juzgar el fondo del asunto (es decir, sin determinar si el reclamado es culpable o inocente del delito que se le imputa; eso corresponde al país requirente). En España, a diferencia de otros países, la Audiencia Nacional no valorará pruebas de culpabilidad o inocencia, solo verificará que la solicitud de extradición respete las normas y derechos aplicables.

Tras celebrar esta vista, la Sala de lo Penal dispone de un plazo breve (por ley, tres días) para dictar un auto motivado resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de la extradición. En esta resolución se expondrán las razones legales por las cuales se concede o deniega la entrega del reclamado.

• Si la Audiencia Nacional deniega la extradición por razones jurídicas (por ejemplo, porque el hecho no es delito en España, porque aprecia riesgo para los derechos del reclamado, o cualquier otro motivo legal), el procedimiento termina ahí. La persona quedaría en libertad y España no la entregará al país solicitante.
• Si, por el contrario, la Audiencia Nacional emite un auto favorable a la extradición, todavía no es el final: esa decisión puede ser recurrida. Tanto la defensa del interesado como la Fiscalía pueden presentar recurso de apelación contra el auto ante el Pleno de la Sala de lo Penal (una formación de mayor jerarquía dentro de la propia Audiencia Nacional). El Pleno revisará el caso y dictará una resolución definitiva en sede judicial.

5. Decisión final del Gobierno y entrega

Cuando la vía judicial ha concluido (bien porque no hubo recurso o porque ya se resolvió el recurso de apelación confirmando la procedencia de la extradición), el asunto retorna a la esfera política. En España, incluso tras el visto bueno judicial, la decisión final de entregar o no a la persona corresponde al Gobierno. Esto significa que, aunque la Audiencia Nacional haya declarado procedente la extradición, el Gobierno español tiene la potestad de denegarla por motivos de oportunidad o interés general. Por ejemplo, podría denegarse la entrega por razones de interés nacional, por reciprocidad (si el país requirente nunca entrega a ciudadanos que España reclama, España podría negarse también), por motivos humanitarios o por evaluar que la extradición podría tener consecuencias políticas no deseadas.

En la práctica, no es muy común que el Gobierno contradiga una decisión judicial favorable, pero esa posibilidad existe y se contempla en la ley. Si el Gobierno rechaza la extradición, la persona es puesta en libertad (salvo que tuviera otras causas pendientes) y no se hace efectiva la entrega al país extranjero.

Si el Gobierno aprueba la extradición (es decir, accede a la entrega tras el visto bueno judicial), entonces el Ministerio de Justicia lo comunica al Ministerio de Asuntos Exteriores, que a su vez notifica formalmente al Estado requirente para coordinar los detalles de la entrega. A partir de ahí, las autoridades españolas y las del país solicitante acuerdan la fecha, lugar y condiciones para materializar la extradición (por lo general, se traslada al detenido bajo custodia policial al punto de salida, como un aeropuerto, donde es entregado a escoltas del país requirente).

6. Garantías constitucionales y libertad bajo fianza

Durante todo el proceso de extradición, la persona reclamada cuenta con una serie de derechos y garantías que la legislación española y los convenios internacionales le reconocen:

• En cualquier momento puede interponerse un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si se considera que alguna actuación durante el proceso ha vulnerado sus fundamental rights (por ejemplo, derecho a la defensa, a la tutela judicial efectiva, a un juicio justo, etc.). Este recurso extraordinario es poco frecuente y solo prospera en casos de violaciones muy graves, pero actúa como salvaguarda última ante posibles abusos o errores irreparables.
• La posibilidad de obtener libertad provisional (bajo fianza u otras condiciones) durante la tramitación de la extradición existe, pero queda a criterio de los jueces. La Audiencia Nacional valorará factores como los vínculos del reclamado con España (familia, trabajo, domicilio), la gravedad de los delitos imputados y el riesgo de fuga. Dependiendo de esas circunstancias, el juez puede decidir mantener al detenido en prisión preventiva hasta la resolución final, o bien concederle la libertad bajo ciertas condiciones. Estas condiciones suelen incluir: pago de una fianza, presentaciones periódicas ante el juzgado, prohibición de salir del territorio español y retirada del pasaporte para evitar que el reclamado huya.
• Otras garantías procesales importantes son el derecho a contar con asistencia letrada (un abogado defensor) desde el momento de la detención, el derecho a intérprete si el reclamado no entiende el idioma español, y el derecho a ser informado claramente de los hechos que se le imputan y del motivo de su detención en un idioma que comprenda. Asimismo, si el reclamado es extranjero, se le debe permitir comunicarse con su consulado o embajada (esto está amparado por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares).

En resumen, el proceso de extradición en España está diseñado para equilibrar la cooperación internacional en la lucha contra el delito con la protección de los derechos individuales de la persona reclamada. Cada etapa, desde la solicitud inicial hasta la entrega final, conlleva trámites legales cuidadosos para garantizar justicia y legalidad.

Extradición sin tratado: marco legal y complicaciones

¿Qué ocurre si no existe un tratado de extradición con el país que solicita la entrega? En esos casos, el procedimiento se vuelve más incierto y depende enteramente de la legislación interna y del principio de reciprocidad. España, al igual que muchos países, prefiere apoyar las extradiciones cuando hay un tratado bilateral o pertenece a un convenio multilateral (por ejemplo, convenios europeos o interamericanos) que establezca reglas claras. Sin embargo, si no hay un acuerdo vigente, España puede todavía atender la solicitud en virtud de su propia ley (la Ley 4/1985 de Extradición Pasiva) siempre que exista reciprocidad y se cumplan las condiciones legales.

En ausencia de un tratado, el Gobierno español tiene un margen de discrecionalidad mucho mayor para conceder o denegar la extradición, especialmente en la fase final. Esto quiere decir que razones diplomáticas o políticas pueden pesar más en la decisión. Aun así, el proceso debe seguir unas bases legales mínimas y respetar las garantías del reclamado que marca nuestro ordenamiento.

Países sin tratado de extradición con España: Aunque España ha firmado tratados de extradición con la mayoría de naciones, todavía hay numerosos países con los que no existe un acuerdo de extradición. Algunos ejemplos son:

• Europa: Bielorrusia, la Ciudad del Vaticano y Kosovo no tienen tratado de extradición con España. (Con Rusia, España llegó a aplicar el Convenio Europeo de Extradición, pero desde 2022 las extradiciones a Rusia están suspendidas debido al conflicto en Ucrania.)
• América: Varios países del Caribe y Centroamérica carecen de tratado con España. Por ejemplo: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, entre otros.
• África: La lista de países africanos sin convenio de extradición con España es extensa. Incluye, entre otros, a Angola, Camerún, República del Congo y República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Kenia, Nigeria, Senegal, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue.
• Asia: Tampoco hay tratados específicos con países asiáticos como Afganistán, Arabia Saudí (existe solo un acuerdo de cooperación policial), Bahréin, Bangladesh, Corea del Norte, Filipinas, Indonesia, Irán, Japón, Jordania, Kuwait, Nepal, Pakistán, Singapur, Siria, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán, Uzbekistán o Yemen, por mencionar algunos.
• Oceanía: En Oceanía no existen acuerdos de extradición entre España y Estados como Fiyi, Micronesia, Papúa-Nueva Guinea, Samoa, Tonga o Vanuatu, entre otros.

Marco legal aplicable en ausencia de tratado: Cuando no hay un convenio bilateral o multilateral, el marco jurídico que regula la extradición es principalmente interno. En España, las fuentes legales a considerar son:

– La Constitución Española, que en su artículo 13.3 establece que “la extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad”. Si no hay tratado, debe existir una ley que ampare la extradición y, en todo caso, se exige reciprocidad (es decir, que España recibiría un trato equivalente del otro Estado si los papeles se invirtieran).

– La Ley de Extradición Pasiva (LEP), que desarrolla ese mandato constitucional. En la LEP se fijan los principios y condiciones que deben cumplirse para conceder una extradición cuando no medie un tratado. Algunos de los principios rectores más importantes son:

• Reciprocidad: España solo concederá la extradición si puede esperar un trato semejante del país requirente. Este principio busca un equilibrio en la cooperación internacional: ambos países se comprometen a ayudarse mutuamente en materia de extradición bajo condiciones similares.
• Especialidad: Si una persona es extraditada, solo podrá ser juzgada o castigada en el Estado requirente por aquellos hechos concretos por los que España concedió la extradición. No podrá ser procesada por delitos distintos cometidos antes de la entrega, a excepción de que España lo autorice expresamente o la persona lo consienta.
• Doble incriminación: El delito imputado debe existir en las leyes de ambos países. Esto significa que España solo extraditará por hechos que también sean delito en España. Si el acto no está penado en España, no se cumple este requisito básico y la extradición será denegada.
• No extradición de nacionales españoles: La ley española prohíbe entregar a ciudadanos españoles a un país extranjero, salvo que un tratado internacional vigente disponga lo contrario. En ausencia de tratado, España no extradita a sus nacionales bajo ninguna circunstancia. (En lugar de ello, en algunos casos España podría asumir el enjuiciamiento del ciudadano por los hechos cometidos en el extranjero, para que responda ante la justicia española).
• Non bis in idem: Nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo. Si la persona reclamada ya ha sido juzgada (o lo está siendo) en España por los mismos hechos en cuestión, la extradición no procede. Este principio evita duplicidades y protege el derecho a no sufrir doble persecución penal.
• Causas políticas o militares: España no concederá la extradición cuando se trate de delitos políticos o delitos puramente militares. La definición de “delito político” puede ser compleja, pero generalmente quedan excluidos de esta categoría los actos de terrorismo, genocidio u otros delitos graves de derecho internacional.
• Derechos humanos y pena de muerte: Es una condición indispensable que el país requirente ofrezca garantías suficientes de respeto a los derechos fundamentales. En particular, España exigirá la garantía de que la persona reclamada no será ejecutada (España no extradita si existe riesgo de pena de muerte, puesto que aquí está abolida) ni sometida a torturas o tratos inhumanos o degradantes.
• Asilados y refugiados: Si la persona reclamada tiene reconocida la condición de asilado político o refugiado en España, la extradición será denegada. España respeta el principio de no refund de quienes han obtenido protección internacional en su territorio.

Además de estas causas obligatorias de denegación, la LEP prevé que el Gobierno español, de forma facultativa, pueda rechazar la extradición en otros supuestos, por ejemplo por razones humanitarias (edad muy avanzada del reclamado, estado grave de salud), por interés nacional o falta de proporcionalidad, o si el reclamado es menor de edad en el momento de la solicitud.

Garantías procesales aunque no haya tratado: Incluso cuando no existe un tratado de extradición, el procedimiento en España ofrece al reclamado las mismas garantías y derechos que en cualquier extradición:

• El caso sigue un doble control, primero gubernativo y luego judicial reforzado, ante la Audiencia Nacional. Esto significa que, tras la fase inicial política, hay una vista judicial pública donde se pueden exponer argumentos de defensa. La Audiencia Nacional examinará con especial rigor la solicitud, pudiendo negar la extradición si detecta vicios de forma, falta de base legal, riesgo de persecución política o cualquier otra irregularidad que vulnere derechos.
• El reclamado tiene derecho a una defensa letrada efectiva desde el primer momento. Será asistido por un abogado durante su detención provisional, en las vistas ante la Audiencia Nacional y en toda la tramitación, pudiendo presentar pruebas y alegaciones a su favor.
• Se mantiene la presunción de inocencia: aunque la extradición no juzga la culpabilidad, la persona es considerada inocente mientras no haya una condena firme. En caso de duda sobre la participación del reclamado en los hechos o sobre la suficiencia de las pruebas presentadas por el país requirente, esa duda beneficiará al reclamado durante el proceso de extradición.
• Si el reclamado no comprende el idioma, tendrá derecho a un intérprete y a recibir traducciones de la documentación esencial. Asimismo, se le informará detalladamente de los hechos que se le atribuyen y del procedimiento que se va a seguir, en un idioma que pueda entender.
• La extradición debe respetar el principio de igualdad y no discriminación: no se puede tratar al reclamado de forma diferente por motivos de nacionalidad, raza, religión, opiniones políticas u otras circunstancias personales. Todos son iguales ante la ley en un proceso de extradición, con o sin tratado de por medio.

Principales complicaciones sin tratado de extradición: Cuando no existe un marco acordado entre Estados, pueden surgir varios desafíos adicionales en el proceso de extradición:

1. Mayor incertidumbre y discrecionalidad política: Sin un tratado que delimite obligaciones, el resultado de la solicitud de extradición es menos previsible. El Gobierno español tiene más libertad para decidir en base a consideraciones políticas o diplomáticas, lo que aumenta la incertidumbre. En estos casos, el interés nacional y la política exterior del momento pueden influir significativamente en la decisión final.
2. Posible negativa sin explicaciones jurídicas: Al no haber un compromiso internacional vinculante, España está en su derecho de denegar la extradición simplemente por conveniencia, sin necesidad de aportar una justificación jurídica detallada. Dicho de otro modo, en ausencia de tratado, la soberanía prevalece: la entrega es un acto voluntario y España puede negarse a colaborar si así lo estima, invocando razones de oportunidad o reciprocidad sin incurrir en responsabilidad internacional.
3. Examen más estricto de las garantías del país requirente: Cuando no existe la confianza que brinda un tratado, las autoridades españolas (tanto judiciales como gubernativas) tienden a ser aún más cautelosas. Verificarán cuidadosamente que el país solicitante ofrezca garantías sólidas de que respetará los derechos del extraditado. Si hay indicios de riesgo de tortura, de juicios sin garantías o de doble enjuiciamiento, es mucho más probable que España rechace la extradición. En presencia de tratado esas garantías ya se presuponen en gran medida, pero sin tratado se examinan caso por caso con lupa.
4. Dilaciones y retrasos procedimentales: La falta de un camino predefinido suele traducirse en procesos más largos. Hay más idas y venidas diplomáticas (porque tal vez se deban negociar condiciones ad hoc), más tiempo dedicado a comprobar cada requisito legal y posiblemente demoras en obtener documentación complementaria. Todo esto genera inseguridad jurídica tanto para el país requirente como para la persona reclamada, que puede pasar meses (o incluso años en casos complejos) a la espera de una decisión final.
5. Dificultades probatorias y administrativas: Es posible que la documentación y pruebas presentadas por el Estado requirente no se ajusten fácilmente a las exigencias de la ley española. Por ejemplo, puede que ciertos delitos no tengan un equivalente exacto en el Código Penal español, complicando la verificación de la doble incriminación. O quizás la solicitud no incluya todos los documentos que la Audiencia Nacional necesita (como texto de las leyes aplicables, garantías formales, etc.), obligando a pedir aclaraciones y causando retrasos. Además, barreras idiomáticas o diferencias en los sistemas jurídicos pueden entorpecer la correcta comprensión del caso.
6. Riesgo de tensiones diplomáticas: Cada decisión en un caso de extradición sin tratado puede ser vista bajo la lente política. Si España accede o deniega la entrega de una persona reclamada, el país solicitante podría tomarlo como un gesto amistoso o, por el contrario, como una ofensa diplomática. Esto es especialmente sensible si el reclamado es ciudadano del Estado requirente o si el caso tiene connotaciones políticas. Las extradiciones denegadas por motivos de derechos humanos o consideraciones políticas podrían generar roces en las relaciones internacionales entre España y el país solicitante.
7. Interposición de solicitudes de asilo: En más de una ocasión, la persona reclamada opta por solicitar asilo o protección internacional en España alegando ser víctima de persecución política, étnica, religiosa o de otro tipo en su país de origen. Esta petición de asilo suspende automáticamente el proceso de extradición mientras las autoridades españolas evalúan la solicitud de protección. El expediente de extradición quedará paralizado hasta que la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) y, en su caso, los tribunales españoles resuelvan si procede o no conceder el asilo. Este trámite adicional puede alargar aún más el proceso y añade complejidad, pues implica analizar la situación de derechos humanos en el país requirente y el perfil del reclamado como posible refugiado.

En definitiva, tramitar una extradición sin un tratado internacional vigente exige un análisis jurídico minucioso y una estrategia procesal adaptada a las circunstancias particulares. La Ley de Extradición Pasiva y los principios constitucionales proporcionan un marco de referencia y garantías, pero la ausencia de un acuerdo previo convierte el procedimiento en un terreno donde confluyen el Law and the diplomacia, aumentando la sensibilidad del caso. En estos escenarios, es fundamental contar con una defensa legal experta, capaz de navegar tanto los aspectos técnicos legales como las consideraciones políticas, para proteger de forma eficaz los intereses de la persona reclamada.

¿Qué hacer si detienen a un familiar por una extradición?

La detención de un ser querido en España debido a una solicitud de extradición internacional es una situación angustiosa y que suele ocurrir de manera sorpresiva (por ejemplo, en un aeropuerto durante un viaje). Si usted se encuentra en esta situación como familiar o allegado, es importante actuar con rapidez y con conocimiento. A continuación, algunos pasos clave a seguir para afrontar este momento crítico:

• Contactar de inmediato con un abogado especializado en extradiciones: Lo primero y más importante es obtener asistencia legal profesional. Un abogado con experiencia en extradición internacional podrá asesorar desde el primer minuto, asistir al detenido en la Audiencia Nacional y preparar una estrategia de defensa efectiva. Dada la complejidad del proceso, no es recomendable intentar enfrentarlo sin representación experta.
• No hable con la policía ni con funcionarios consulares sin abogado presente. Todo lo que diga su familiar podría usarse en su contra en el país que lo persigue. Llame a un abogado penalista con experiencia en extradiciones y derechos humanos antes de firmar o declarar nada”.
• Recabar información sobre el caso: Trate de obtener toda la información posible acerca de la detención. Es fundamental saber qué país solicita la extradición y por qué delitos. También conviene saber si existe algún extradition treaty con ese país, ya que esto puede influir en el procedimiento. Esta información le será muy útil al abogado para planificar la defensa.
• Asegurar la comunicación con el detenido: Desde el inicio, el detenido tiene derecho a comunicarse con un familiar y, si es extranjero, a informar a su consulado. Mantenga un canal de comunicación a través de los abogados para conocer la situación del detenido, su estado anímico y sus necesidades (por ejemplo, provisión de ropa, medicamentos o documentos). Su apoyo emocional también es importante: saber que su familia está movilizándose por ayudarle le dará tranquilidad al afectado.
• Explorar opciones legales adicionales (como el asilo): Dependiendo de las circunstancias, el abogado podría aconsejar presentar una solicitud de asilo en España si hay indicios de persecución política, étnica o de otra índole en el país requirente. Al pedir asilo, el proceso de extradición se paraliza temporalmente hasta que se resuelva la petición de protección internacional. No siempre procede, pero en ciertos casos puede ser una vía para ganar tiempo y lograr que la persona sea protegida en España en lugar de enviada al país donde teme por su vida o integridad.
• Confiar la defensa a un equipo experto y de confianza: Las extradiciones son procesos poco frecuentes y extremadamente técnicos, por lo que es esencial tener abogados que conozcan bien este terreno. Busque despachos con experiencia comprobada en casos de extradición. Un equipo legal especializado sabrá cómo recurrir decisiones adversas con agilidad, cómo argumentar ante el tribunal las excepciones legales aplicables y cómo negociar en la fase gubernativa si es necesario. En momentos de tanta tensión, depositar la confianza en profesionales habituados a estas batallas legales brinda la tranquilidad de saber que se están agotando todas las vías de defensa.

Venfort Lawyers cuenta con abogados penalistas especializados en extradición en Madrid, preparados para intervenir de forma inmediata en casos de detención tanto en aeropuertos como en cualquier punto de España. Nuestra firma, con presencia en España y Latinoamérica, tiene una amplia experiencia en la gestión integral de procesos de extradición, incluso aquellos sin tratado previo, y en la protección de los derechos humanos del reclamado. Si usted o su familia se enfrentan a una situación de extradición, no dude en consultarnos: en Venfort Abogados evaluaremos su caso de manera urgente y le ofreceremos la asistencia legal más adecuada para lograr la mejor defensa posible. Su tranquilidad y la libertad de su ser querido son nuestra máxima prioridad.