En el mundo existen diversos mecanismos que intentan mantener y regular el orden social e instaurar los derechos a cada humano en el planeta. De hecho, dentro del plan de desarrollo de cada nación, deben aplicarse medidas fomentadas por ciertos organismos internacionales que buscan garantizar los derechos humanos.

En ese sentido, existen tribunales internacionales permanentes como lo es la CPI, que tiene como función condenar diversos delitos de lesa humanidad en diferentes países del mundo, sirviendo este tribunal como complemento a las jurisdicciones locales al momento de penalizar un hecho que atente contra los derechos humanos. En este artículo, te explicaremos ¿qué es la Corte Penal Internacional?, y te describiremos algunas de sus funciones.

¿Qué es la Corte Penal Internacional?

La Corte Penal Internacional es un tribunal internacional permanente y universal capaz de enjuiciar delitos de lesa humanidad, como el genocidio, crímenes de guerra, entre otros. Esta corte comenzó sus funciones en el 2003, y es la sucesora de los tribunales conformados a mediados de 1990 para condenar los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia y en Ruanda en 1994.

Pero no es hasta 1998, que se instaura una conferencia diplomática de las Naciones Unidas que le da estructura a este centro de documentación, investigación y análisis. Basándose en los principios básicos del derecho penal, que son:

• “Nullum crimen sine lege”. Traducción: No hay delito sin previa ley penal que lo tipifique.
• “Nulla poena sine lege”. Traducción: Ningún castigo si no está establecido previamente.

¿Cómo surge la Corte Penal Internacional?

Los antecedentes de la Corte Penal Internacional nos remontan al término de la Segunda Guerra Mundial. Donde un tribunal militar conformado por los países aliados llevó a cabo un conjunto de procesos judiciales, para penar los crímenes que atentaron contra la dignidad e integridad humana entre los años 1939-1945. Estos son conocidos como los juicios de Nuremberg, juicios a los doctores, los juicios a los jueces y los juicios de Tokio, conocidos como los primeros procedimientos penales contra este tipo de delitos.

Pero al no estar especificados y regulados estos derechos fundamentales, los juicios fueron criticados por ciertas aplicaciones del derecho y por no considerar los principios de temporalidad y territorialidad dónde se llevaron a cabo los crímenes. Es por ello, que ante la necesidad de un órgano judicial, evocado a castigar las violaciones de los derechos humanos bajo los principios del derecho penal, derecho internacional y derecho humanitario. Surge la Corte Penal Internacional como un ente vinculado a las Naciones Unidas capaz de ejercer jurisdicción sobre aquellos territorios que firmaron en acuerdo y promoción del Estatuto de Roma.

¿Qué es el Estatuto de Roma?

Este es el instrumento legal constitutivo de la Corte Penal Internacional. Es un documento adoptado en la Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas en Italia de 1998. Entró en vigor en el año 2002, luego de ser concretada su propuesta en un preámbulo y 13 partes. Para funcionar como un tratado multilateral firmado por más de 150 países, con la finalidad de aceptar la injerencia de esta forma jurídica internacional para penalizar crímenes que atenten en contra de los derechos humanos.

La redacción del Estatuto de Roma fue llevada a cabo luego de analizar los crímenes más atroces de la historia, sus consecuencias y penalizaciones jurídicas. Logrando identificar conductas calificadas como actos inhumanos que causen grandes daños, atentando contra la integridad física, mental y legal de quienes lo sufren. Entre los delitos que fueron identificados tenemos:

Homicidios, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, tortura, violación, encarcelación, prostitución, esterilización, persecución, desaparición forzada, secuestro, entre otros.

¿Qué influencia tiene la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma en la sociedad?

La Corte, en el ejercicio de sus funciones ajustada al debido cumplimiento de un tratado internacional (Estatuto de Roma), no funciona como un cuerpo supranacional, sino que es un ente internacional que complementa los sistemas jurídicos de los países que firmaron el acuerdo. Es decir, trabajan en conjunto con la jurisdicción penal nacional para ejercer sus competencias. Teniendo la capacidad de actuar frente a un colapso del sistema jurídico nacional, o si el Estado incumple sus obligaciones de investigar y penalizar los crímenes de lesa humanidad en sus territorios.

En ese sentido, la Corte Penal Internacional no afecta la soberanía de los Estados que son miembros, sino que insta a los sistemas nacionales a cumplir con sus obligaciones convencionales. Por ello es importante recordar que este mecanismo forma parte de muchos otros tribunales internacionales que buscan penalizar y prevenir la incidencia de estos crímenes en todas las sociedades del mundo.

¿Cuál es la influencia de la Corte Penal Internacional en Venezuela?

En el año 2017 realizamos una investigación especial sobre el Estatuto de Roma y su aplicación en Venezuela, que establece cuál es la influencia que tiene este tribunal en nuestro país. Por lo que les invitamos a repasar la información que allí tocamos, para entender que la incidencia internacional está para legitimar la acción jurisdiccional de un Estado. Es decir, se justifica la aplicación del principio de jurisdicción universal en los casos de tráfico de drogas, comercio de personas, terrorismo y otros crímenes transnacionales. Mientras se sigan los principios de cada sistema y jurisdicción nacional, y en el caso del Código Penal Venezolano, los procesos son llevados a cabo por el Ministerio Público, al mismo tiempo que concurre al principio de administración de justicia subsidiaria y justicia mundial.

Es por ello que en el artículo 4.9 del Código Penal Venezolano señala la posibilidad de extender su jurisdicción en casos fuera de su territorio si son cometidos por un venezolano o extranjero que haya visitado recientemente la región. Pero un extracto de la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, del ponente JOSE M. DELGADO OCANDO, Exp. 02-2154, Nro de Sentencia: 3167 del 09/12/2002, respecto a la solicitud de interpretación sobre el contenido y alcance del artículo 29 de la Constitución, señala:

“No puede un tribunal penal ordinario actuar ex oficio en los casos de denuncias o acusación por la presunta comisión de los delitos de lesa humanidad, previstos en el artículo 29 constitucional; debe existir acusación o querella por parte del Ministerio Público o por parte de la víctima –en cuyo caso, la documentación respectiva deberá remitirse al órgano instructor- previa investigación de los hechos inquiridos y de la instrucción respectiva.”

Por lo que es necesario recordar que en la legislación venezolana, no están bien definidas esas normas penales para regular los delitos de lesa humanidad. De igual manera, solo algunos crímenes de guerra están tipificados en el Código Orgánico de Justicia Militar, así que para la jurisdicción venezolana no es algo que pueda juzgar, porque no existen formas legislativas que tipifiquen el procedimiento a seguir para condenar las conductas abusivas cometidas por el Estado que afectan la garantía de los derechos humanos.

Sin embargo, en el mes de diciembre del año 2021, la Asamblea Nacional venezolana aprobó en primera discusión el proyecto de Ley Especial sobre los Delitos de Genocidio, Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra, con la cual Venezuela da un paso adelante en materia de Derechos Humanos de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Roma. Aunque hasta la fecha la casa legislativa no ha emitido mayor información de avances al respecto.

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