Ante la posibilidad de fuga del ex presidente peruano, Alejandro Toledo, la justicia estadounidense ratificó la privativa de libertad al acusado de malversación de fondos y blanqueo de capitales. La detención fue determinada el pasado mes de julio de 2019 por el juez Thomas Hixson, experto en propiedad intelectual y derecho de competencia. Sin embargo, la defensa había solicitado la revisión de la medida, ante lo cual el juez del tribunal en San Francisco (Estados Unidos) negó la reconsideración.
El argumento eximido por la autoridad judicial es el riesgo a que Toledo logre cruzar las fronteras del país, evadiendo así el proceso de extradición en curso que pesa en su contra por los delitos de corrupción en Perú. Según Hixson, el ex mandatario ha tejido una amplia red de contactos y conexiones con personas de alto rango, que podría ayudarlo a escapar a Israel. La próxima audiencia del caso será el 17 de octubre del presente año.
Por su parte, Graham Archer —el abogado defensor— invalidó el temor de fuga de su cliente, considerando que esa posibilidad no fue considerada por Toledo aún cuando contaba con mejores condiciones financieras a las actuales y su pasaporte era válido. Además de la revisión de la medida cautelar, el abogado defensor ha presentado alegatos en desacuerdo a las condiciones de detención de su cliente, al denunciar que se encuentra en un confinamiento solitario, sin ningún tipo de contacto a excepción de los funcionarios carcelarios. Solicita la Ley la libertad bajo fianza de su defendido y la monitorización a través de un sistema GPS.
Cómo inició el proceso contra el ex presidente Toledo
La extradición es un proceso judicial que se caracteriza por la petición que hace un Estado de devolver al país a un imputado por un delito. Para que se lleve a cabo es necesario que se haya emitido una orden de detención internacional con la intención de enjuiciarlo en el país solicitante y está sujeta a regulaciones de tratados internacionales y a las leyes de cada país, por lo que suele ser un procedimiento exhaustivo y que puede demorar tiempo.
El proceso de extradición del expresidente peruano inició a en mayo de 2018, cuando el Ministerio Público de ese país solicitó al gobierno de Estados Unidos la devolución de Toledo, quien residía en ese momento en el país norteamericano. El motivo de la extradición está centrado en la acusación de recibir más de 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. La pena impuesta por la justicia de Perú podría suponer 16 años y ocho meses de prisión.
En el caso se ha contado con la colaboración de confesión del testaferro principal del acusado, el empresario peruano – israelí Josef Mainman quien aseguró haber recibido (por petición de Toledo) depósitos de más de 21 millones de dólares de las empresas Odebrecht y Camargo Correa, a cambio de la concesión de obras de construcción de infraestructura vial en Perú.
Perú y Estados Unidos forman parte de los países que han formalizado su participación en los convenios de extradición, por lo que la colaboración de las autoridades en estos casos suele ser más fluida y sólida. Los países pertenecientes a la Organización de Estados Americanos (OEA), incluidos Perú y Venezuela, adoptaron una convención interamericana sobre extradición. En este documento las naciones se comprometen a entregar a otros países firmantes que lo soliciten, a las personas requeridas judicialmente para procesarlas, así como a las procesadas, las declaradas culpables o las condenadas a cumplir una pena de privación de libertad.
Fuentes:
