En julio de 2018 se encendieron las alarmas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La cifra de 46 asesinatos a promotores de los derechos humanos en Colombia durante el primer trimestre del año fue la razón. La estadística, registrada por el programa de sociedad civil Somos Defensores del Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos en Colombia, duplicó el número de casos registrados durante el mismo lapso en 2017.
Los registros de otras organizaciones no son más alentadores. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia contabilizó al menos 90 personas asesinadas en las mismas condiciones desde enero a junio del presente año. Según la información recabada Cauca, Antioquía, el norte de Santander, Nariño, Chocó y Valle del Cauca son las zonas más vulnerables ante estos acontecimientos violentos.
El asesinato de líderes de DDHH y el Acuerdo de Paz
Aparte de la cantidad de casos, lo más resaltante de estos registros es que la mayoría de estos líderes sociales y defensores de los derechos humanos desempeñaban funciones en la implementación del Acuerdo de Paz, por lo que las autoridades competentes en el caso señalan que los delitos entorpecen el proceso de paz y la democracia en el país colombiano. Esta evidencia es sustentada también en los 132 casos de agresiones que pusieron en riesgo la vida y la integridad de quienes defienden las garantías fundamentales. Incluso el CIDH denunció la ocurrencia de actos de difamación contra estas personas, lo que ha promovido situaciones de odio a través de las redes sociales.
El comunicado de la CIDH insta al gobierno de Colombia a garantizar un ambiente seguro para que los defensores de los derechos humanos puedan ejercer libremente su gestión, tomando en cuenta que atentar contra estos ciudadanos genera un efecto amedrentador y disuasivo de la labor de defensa de las garantías. Asimismo, la misiva señala que estos delitos perjudican a todos aquellos que colaboran con los defensores de los derechos, dejándolos en un mayor estado de vulnerabilidad frente a la violencia.
El Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, fue contundente al recalcar que la protección de estas personas es especialmente importante en países como Colombia, donde se desarrollan verdaderos esfuerzos para ejecutar el Acuerdo de Paz.
Jurisdicción Especial para la Paz en funcionamiento
Desde septiembre de 2015 se condujeron esfuerzos para determinar responsabilidades frente a los hechos violentos ocurridos en el conflicto armado. El resultado de ello fue la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia que establece como su principal meta cumplir con el deber de investigar, esclarecer, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
En todas las actuaciones de esta Jurisdicción se contempla el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, así como también se toma en cuenta la gravedad y consecuencias del daño ocasionado a las víctimas. Por esta razón cada caso tratado deberá reunir las condiciones que sobre estos derechos se establezcan.
Cabe destacar que la Jurisdicción Especial prevalecerá sobre cualquier actuación penal, disciplinaria o administrativa destinada a tratar los hechos ocurridos en el contexto del conflicto. Sin embargo, esto no impide que la justicia ordinaria continúe sus investigaciones, así como juzgando y sancionando delitos y conductas que no sean competencia de la JEP. Las personas podrán ejercer su derecho a la defensa ante todos los órganos de la Jurisdicción y recurrir a las resoluciones y sentencias de las salas y secciones. Todas las decisiones de la JEP serán fundamentadas exclusivamente en pruebas confiables y admisibles.
El inicio de la Jurisdicción Especial para la Paz
En julio 2018 la JEP inició la etapa de juicios con la citación a 32 ex guerrilleros para responder frente a las acusaciones por los secuestros ocurridos entre el período 1993 y 2012. La lista de los citados a la entidad judicial estaba encabezada por Rodrigo Londoño y siete representantes de las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes debían ocupar desde el 20 de julio del presente año 10 escaños en el Congreso, como parte de las negociaciones establecidas en el Acuerdo de Paz.
Según lo estipulado, la JEP funcionará por 15 años prorrogables y la imposición de las sanciones por parte de esta Jurisdicción no tendrá la capacidad de inhabilitar al acusado en la participación política, no limitará el ejercicio de ningún derecho y no contempla la extradición en ninguno de los casos.
La JEP está compuesta por 51 magistrados (38 titulares y 13 suplentes) y 14 juristas extranjeros en calidad de amicus curiae. Su estructura interna está organizada en una Secretaría Ejecutiva y cinco órganos a saber: Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas; Sala de Amnistía e Indulto; Sala de Definición de Situaciones Jurídicas; Unidad de Investigación y Acusación; y el Tribunal para la Paz, constituido por cinco secciones.
Fuentes consultadas
