La corrupción es definida como el uso inadecuado de recursos públicos y privados para el beneficio de un grupo de personas o individualidades involucradas en posiciones de poder. Sus efectos tienen repercusión en entornos políticos, sociales, económicos, y afectan la seguridad de instituciones, organizaciones y sociedades en general. Por lo que es responsabilidad de los gobiernos y representantes jurídicos abogarse en la lucha de estas prácticas delictivas. En ese sentido, en este artículo te hablaremos sobre las implicaciones del derecho penal para combatir la corrupción en Venezuela.
Antecedentes de la lucha contra la corrupción en Latinoamérica y el Caribe
La mayoría de los países latinoamericanos han estado permeados por prácticas delictivas asociadas a la corrupción. Siendo uno de los principales causantes, la relegación de reformas efectivas para combatir este delito, ya que se considera una prioridad menor en muchos gobiernos. De hecho, hasta el 2010 el movimiento anticorrupción gozaba de mayor popularidad y atención gubernamental, pero ha sido llevado a segundo plano a lo largo de estos años.
Pero en Latinoamérica el panorama de la lucha contra la corrupción es muy diverso en las áreas de legislación, autoridades e implementación. Según la Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2021-2022, en los casos de Perú y México hay un fuerte debilitamiento institucional debido a la no independencia de las autoridades encargadas de estos procedimientos. Así como en Guatemala, que las presiones a los diversos actores de justicia independientes merman los esfuerzos para cumplir la justicia en el país.
En el caso de Uruguay y Chile, dos de los países mejores posicionados en la lucha contra la corrupción, resulta interesante observar que si bien sus marcos legislativos no son los más robustos, la implementación de las medidas si es efectiva. Esto es resultado de la independencia y capacidad que tienen las organizaciones e instituciones, así como la voluntad política que mantienen.
Contexto actual de la corrupción en Venezuela
Venezuela es un país que está sumido en una crisis política y económica muy compleja. De hecho, según un informe de la organización Transparencia Internacional, este es uno de los países más corruptos de toda la región, acompañada por Nicaragua y Haití. Debido a los niveles de corrupción percibidos en las instituciones públicas controladas por el Estado. Incluso, solo es superada por países en conflicto como lo son Somalia, Siria y Sudán del Sur.
Pero a pesar de que Venezuela se mantiene en esta posición, ha mostrado leves mejorías desde el 2021, gracias a los esfuerzos jurídicos de diversos participantes. Como lo es el caso del Ministerio Público y la detención de más de 3800 funcionarios que han ido compareciendo por diversos delitos relacionados con los poderes públicos del país. Además de haber realizado dos reformas jurídicas en la Ley Orgánica contra la Corrupción, en la búsqueda de penas más severas para los involucrados en estos delitos.
Derecho penal combate la corrupción en Venezuela
El 31 de marzo del 2022 la Asamblea Nacional sancionó la reforma parcial de la Ley Orgánica contra la Corrupción, modificando 27 artículos. Endureciendo las sanciones hacia los infractores, empleando medidas desde la suspensión sin sueldo, multas, hasta llegar a la condena judicial dictada por un juez. Siendo objeto de discusión pública, debido a que aplica la misma fórmula usada por el ejecutivo para contener este delito. Sin garantizar nuevas medidas, tanto educativas como legislativas, que puedan incidir realmente en origen del problema.
Entre los cambios que se ejecutaron en estos artículos tenemos que el nuevo artículo 38 define la sanción para empleados públicos que no presenten su declaración jurada de patrimonio. Aumentando la sanción a una multa de 100 a 1000 unidades tributarias de acuerdo al tipo de cambio oficial de la monda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Y sumándole hasta 18 meses de suspensión sin goce de sueldo, reemplazando los 12 meses que habían sido establecidos en el pasado.
Del mismo modo, cambian las condenas carcelarias para los empleados que incurren directamente en el delito de corrupción, aumentando el periodo de 3 meses a un año a condenas de 3 y 6 años de prisión.
Implicaciones de la corrupción en la vida de los venezolanos
Es difícil establecer consecuencias específicas de la corrupción en Venezuela, pero este delito tiene muchos efectos en la sociedad actual. Debido a que las grandes cantidades de dinero que son desviadas hacia manos inescrupulosas, por lo general van dirigidas hacia servicios de salud, bienestar, formación, vialidad, entre otros. Al verse afectados por la pérdida de recursos, la mayoría de las consecuencias van desde pérdidas de vidas por la interrupción de servicios básicos, hasta el éxodo masivo de población en busca de una vida más justa y digna en países menos corruptos.
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