En 2018 el gobierno de Donald Trump, decidió volver a poner en reglamento las sanciones impuestas a Irán, por medio de la orden ejecutiva número 13.846 de fecha del 06 de agosto del año mencionado. Anteriormente las sanciones habían sido levantadas tras la instalación del Plan de Acción Integral Conjunta, firmado en octubre de 2015, donde se garantizó la ejecución de un programa nuclear pacífico por parte de Irán.
La posible extradición de la directora financiera de Huawei
Como parte de las acciones sujetas a consecuencias legales, según el documento, se encuentran las relacionadas al bloqueo de apoyo al gobierno iraní, sus compras o la adquisición de notas de bancos americanos o de metales preciosos. En ese sentido, incurrirán en procesos legales quienes hayan apoyado o patrocinado materialmente al gobierno de Irán, facilitado material tecnológico a través de servicios o bienes. Es por este motivo que la directora financiera de la multinacional Huawei fue solicitada por el gobierno norteamericano para iniciar el proceso de extradición desde Canadá, donde reside actualmente Men Wanzhou.
La extradición es un proceso judicial a través del cual un Estado hace la petición formal a otro Estado de un imputado por un delito que ha sido detenido en otro país producto de una orden de detención internacional, con la intención de enjuiciarlo o continuar una pena ya impuesta en caso de juicios en ausencia o fuga. Se encuentra regulada por tratados internacionales y en las leyes de cada país, pues para que sea efectiva se necesita de la firma de convenios internacionales que amparan esta figura entre las naciones involucradas.
El peso de las sanciones de Estados Unidos
Las sanciones contempladas por la medida tomada por Estados Unidos en agosto de 2018 también exige el procedimiento legal ante las cuentas pagaderas relacionadas con el sector automotriz iraní, los intercambios de petróleo con este país, las transacciones con la moneda nacional y la transferencia tecnológica para cometer abusos contra los Derechos Humanos o la censura.
Entre los castigos establecidos frente a los delitos mencionados se considera la prohibición de las instituciones financieras de Estados Unidos a realizar préstamos o a proporcionar créditos por más de 10 millones de dólares, a quienes hayan cometido uno de estos delitos, con la excepción que dicha persona se encuentre realizando actividades que alivien el sufrimiento humano y que dichos préstamos y créditos sean utilizados con dichos fines. De igual manera, se cuenta la prohibición de cualquier transacción en moneda extranjera que se encuentre sujeta a la jurisdicción estadounidense, así como de cualquier transacción de créditos o pagos entre instituciones financieras.
El bloqueo de toda propiedad o interés que se encuentre en territorio norteamericano y la restricción de importaciones de bienes, tecnologías o servicios también se encuentra entre los posibles castigos declarados en el documento.
Por el momento, los abogados de la directora financiera de la multinacional Huawei han conseguido una libertad provisional bajo fianza y demandaron por el supuesto incumplimiento de los derechos humanos de la imputada al ser bruscamente arrestada e interrogada durante tres días, así mismo, el gobierno Chino se ha pronunciado indicando que es una represalia política en contra de las empresas líderes de su país por parte del gobierno de Trump.
Desde ALAN ALDANA & ABOGADOS, confiamos que los jueces de los órganos jurisdiccionales canadienses se aboquen en buen derecho de dirimir la solicitud de extradición atendiendo únicamente a los principios de la misma y al tratado de extradición entre ambos países, enalteciendo y garantizando los derechos fundamentales, sin validar una posible violación del principio de no injerencia establecido en la carta de San Francisco.
