En España existe un procedimiento legal que permite a las empresas en crisis económica, suspender o despedir empleados bajo unas condiciones de protección a los derechos de los trabajadores. El recurso se llama Expediente de Regulación de Empleo (ERE, por sus siglas) y recientemente su nombre se ha escuchado con frecuencia en la justicia del país europeo, debido al uso de este mecanismo para cometer delitos de corrupción.
El caso ERE admitió la culpabilidad de dos ex presidentes del Partido Socialista Obrero Español (Psoe) y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán; una ex ministra del ex presidente José Luis Zapatero, Magdalena Álvarez y otros 16 ex altos cargos de los gobiernos de este partido, por utilizar un recurso de la legislación española para otorgar a discreción recursos públicos (al menos 679 millones de euros), burlando los controles y la normativa establecida.
La sentencia, que ha determinado responsabilidades jurídicas en al menos 21 personas implicadas, resalta que la intención detrás de los delitos cometidos fue intentar contrarrestar el descontento popular que a partir del año 2000 comenzó a experimentar el partido socialista en Andalucía. De igual manera, reconoce que las acciones imputadas no hubiesen podido ser ejecutadas sin la aprobación del gobierno en su conjunto, por lo que es imposible pensar que los involucrados en el caso no tuvieran conocimiento de la situación.
Las penas en el caso ERE
El dictamen publicado el pasado 20 de noviembre de 2019, después de un juicio de 152 sesiones, concluye en años de prisión y de inhabilitación para los responsables por los delitos de prevaricación o malversación al «crear un sistema fraudulento e ilegal que generó un descontrol absoluto sobre 680 millones de euros en ayudas sociolaborales, con el fin de garantizar la paz social».
La pena impuesta a Chaves es de nueve años de inhabilitación política, mientras que Griñán deberá cumplir seis años de prisión y 15 años de inhabilitación. Para la ley española, es evidente que Chaves aprobó la ocurrencia del delito y Griñán tuvo participación en la elaboración de presupuestos donde se incluía la financiación de las ayudas y las transferencias de la financiación.
Para calcular de alguna manera el daño que ocasionó el fraude, la sentencia demostró que entre los años 2000 y 2009 se registraron en Andalucía 9.461 ERE que afectaron a 120.829 trabajadores. Sin embargo, las compensaciones económicas solo alcanzaron para 6.000 de ellos. En el documento también se deja constancia del origen de las acciones que tuvieron lugar en las ayudas que en el año 2000 se le dió a la empresa cárnica Hijos de Andrés Molina S.A.
Los resultados de la sentencia afectan políticamente al Psoe y sin duda, ahondan en el descontento que venía creciendo en todo a esta tolda política socialista en Andalucía.
Por casos como este, es que en Alan Aldana & Abogados asesoramos a empresas privadas y públicas en la creación de protocolos efectivos para la prevención de delitos de corrupción y el blanqueo de capitales.
Fuentes consultadas:
