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La justicia transicional apuesta por la libertad y equidad tras conflictos políticos y sociales

Cuando una sociedad enfrenta conflictos políticos, sociales y económicos que coartan su libertad, hacer justicia permite que el futuro se manifieste con equidad y nuevas oportunidades en un espacio de paz.

Lograr esta posibilidad es la labor de la justicia transicional, definida como un mecanismo para que los países y sus habitantes superen períodos problemáticos en donde se han cometido graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, que requieren la atención de figuras extraordinarias pues el sistema judicial convencional no tiene suficientes facultades para brindar una respuesta adecuada.

Para lograr el cometido la justicia transicional supone la rendición de cuentas de los agresores de los derechos y la reparación de las víctimas, en un intento por reconocer su dignidad como ciudadanos y ayudarles en la transición que transitan.

Las Naciones Unidas conceptualizan a la justicia transicional  como «toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad para resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación».

Los abusos y las violaciones a los derechos sociales, económicos y políticos sistemáticos

Pueden producir fragilidad en los pueblos, inestabilidad del sistema, politización y escasez de los recursos. Estas circunstancias promueven la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones estatales, lo que debilita a las estructuras sociales y políticas.

En 2010 las Naciones Unidas en una nota sobre la justicia transicional destacó la necesidad de que los mecanismos empleados por la justicia transicional consideren las causas de los conflictos suscitados y enfrenten las violaciones a los derechos humanos, incluidos los económicos, sociales y culturales. En ese sentido, se le exhortó a hacer justicia en los crímenes cometidos durante el conflicto, pero también en aquellos delitos que lo anteceden y que contribuyeron a que se gestara.

La justicia transicional está apoyada legalmente en las normas internacionales de derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional y el derecho internacional de los refugiados.

La diferencia entre la justicia transicional y la justicia internacional se encuentra en que la primera alude a los mecanismos que tienen los gobiernos para hacer frente a los delitos cometidos en administraciones anteriores y que mantengan comprometido la situación política, social y económica actual.

A pesar de que restaurar la dignidad de las víctimas y hacer justicia frente a las lesiones a los derechos son las metas principales de la justicia transicional, este mecanismo tiene otras cualidades a destacar:

  • Posibilita el acceso a la justicia a los sectores más vulnerables durante este tipo de conflictos. No detiene su trabajo ante las diferencias de clases sociales ni de poder adquisitivo entre las víctimas.
  • Respeta el Estado de Derecho y activa todos los mecanismos posibles para su fiel cumplimiento.
  • Ayuda a la creación o promoción de instituciones socio – políticas confiables, honestas y estables.
  • Fomenta la reconciliación entre ciudadanos y grupos políticos al promover soluciones pertinentes y duraderas para la resolución de los conflictos.
  • Sentar las bases para atacar de la forma más conveniente y justa las causas subyacentes del conflicto.

Según el documento «Justicia Transicional y Derechos económicos, sociales y culturales» de las Naciones Unidas, publicado en 2014, este mecanismo se basa en la premisa de que las negociaciones significativas que se ejecutan desde el Estado es un espacio ideal para introducir cambios sociales, económicos y políticos.

Aunque los procesos de la justicia transicional suelen ser complejos, lentos y sin los recursos necesarios, la experiencia revisada por las Naciones Unidas demuestra que son fundamentales y con la capacidad de fomentar cambios duraderos en el seno de las sociedades que han sido sometidas a abusos y delitos de todo tipo. Por ejemplo, su acción para combatir la impunidad cultiva las bases para que las violaciones  a los derechos humanos no vuelvan a producirse.

Las acciones penales contra los autores de los crímenes, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y la reforma de instituciones públicas o instrumentos legales son los mecanismos de aplicación más comunes de la justicia transicional.

Retos para la justicia transicional

La eficacia de las medidas tomadas por la justicia transicional radica en gran medida en la creatividad del recurso humano a cargo para abordar los posibles escenarios y aplicar en cada caso lo establecido en la Ley.

Priorizar la gravedad de las violaciones a los derechos humanos para establecer responsabilidades acorde a la naturaleza del delito es fundamental para optimizar el proceder este mecanismo judicial. De igual manera, las condiciones políticas, sociales y jurídicas de los espacios donde se aplique este conjunto de procedimientos juega un papel importante en la forma de operar y finalmente en el resultado.

Uno de los retos diarios de la justicia transicional tiene que ver con la «inestabilidad» que pueden generar, en algunos casos, las acciones ejecutadas. Por ello, en algunas circunstancias la justicia transicional debe encontrar un equilibrio perfecto entre la búsqueda de justicia y los riesgos que puede ocasionar la intervención rápida y sin cautela.

Por lo general es aplicada en sociedades muy polarizadas, por lo que se requiere una administración de separación de poderes, a fin de garantizar que los cambios ocurran. Entre los países que acudieron a este recurso figuran Argentina, Chile, Sudáfrica y más recientemente Perú y Túnez.

Nuestro esfuerzo

En Alan Aldana & Asociados estamos conscientes de la importancia de estos mecanismos legales para permitir la emergencia de un futuro equitativo y justo para las sociedades. Por ello, apoyamos con fortaleza todos los mecanismos existentes para la consecución de la justicia y la introducción de verdaderos cambios sociales, políticos y económicos.

Nuestra participación en el Seminario Internacional de Interculturalidad, Verdad, Justicia y Diálogo Intercultural para la Reconciliación, realizado en la Universidad Javeriana de Cali, Colombia, ratifica nuestra voluntad y compromiso con la dignidad de los pueblos.

Fuentes consultadas