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La legalidad del aborto sigue siendo un tema polémico en el mundo

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Rusia fue el primer país que legalizó el aborto en 1920 tras reconocer el derecho de la mujer a interrumpir un embarazo no deseado cuando existe riesgos de salud para la madre y la criatura. En junio de 2018 la Cámara de Diputados de Argentina aprobó, luego de más de 20 horas de debate, el proyecto de despenalización del aborto en caso de protección a la salud y a la vida.

En Australia, Asia, algunas regiones de Europa y América del Norte se observan los marcos regulatorios más flexibles del planeta para tratar al aborto. De hecho en los Países Bajos la ley permite que los abortos sean practicados en centros de salud especializados y con licencia para tal fin. Por su parte en China se aprobó en 1975 una ley irrestrictiva del aborto, muy popular por los controles de natalidad en el país asiático.

En América algunas naciones han aceptado la interrupción del embarazo bajo algunas condiciones muy especiales tales como la violación, la inseminación artificial no consentida y la existencia de graves problemas de salud del feto. Estas regulaciones son aplicables en México, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Guatemala, Perú y Venezuela.

Solo en 0,4% de los países del mundo se prohíbe en todos los casos esta práctica. Este es el escenario legal para El Salvador, Colombia, Uruguay, Chile, República Dominicana y Namibia. El tema está actualmente en debate en diversos países. Además de Argentina, este año Irlanda también votó a favor de la interrupción del embarazo a demanda de la madre, sujeta a consulta médica, durante las primeras semanas de gestación.

Caso Venezuela

En 2014 y 2017 el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño le solicitó a Venezuela la revisión de la regulación sobre el aborto en el país. La solicitud responde a la necesidad de reducir el índice de mortalidad de las adolescentes, de los más elevados de la región, a raíz de prácticas de abortos no seguras, según se resaltó en un comunicado.

El comité exhortó a la nación a ampliar las excepciones legales en caso de que el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto, ponga en riesgo la salud de la adolescente y evite una práctica de aborto poco confiable. En ese sentido, también se solicitó incluir en el proceso la opinión de la adolescente, respetando sus decisiones sobre la práctica.

De igual manera, el organismo invitó a Venezuela a promover las campañas de información y orientación a este grupo de edad con respecto a la actividad y salud sexual, considerando que en el país se evidencian una de las estadísticas más altas de embarazos no deseados.

Fuentes consultadas