La muerte de George Floyd en manos de un funcionario policial generó una oleada de acciones políticas, sociales y legales en medio de la pandemia por Covid-19. El suceso ocurrió cuando Floyd fue arrestado el 25 de mayo de 2020 por cuatro agentes de la policía local de Minnesota (Estados Unidos), después de haber usado documentos y dinero falso para realizar una compra en una tienda.
El hecho tuvo relevancia mediática, generó manifestaciones, protestas y críticas en diversos sectores sociales por el abuso de la fuerza policial. Se registraron acciones de calle en varias ciudades de Estados Unidos y del mundo, en protesta a los hechos que cegaron la vida de Floyd. Su familia y defensa exigieron al Comité Judicial de la Cámara de Representantes, la revisión de los mecanismos que regulan la actividad policial. Señalaron textualmente: «Hónrenlo y hagan los cambios necesarios para que la policía sea la solución y no el problema», dijo el hermano, Philonise Floyd.
El agente señalado de ocasionar la muerte de Floyd, Derek Chauvin, fue expulsado de la Policía de Minneapolis, arrestado y trasladado a una cárcel de máxima seguridad mientras enfrenta diversos cargos por homicidio en segundo grado. Se le impuso una fianza de 1.25 millones de dólares, que puede ser reducida a 1 millón, si el sentenciado se compromete a cumplir con las leyes, comparecer ante los tribunales y no ejercer actividades de seguridad en órganos públicos o privados, así como a prescindir del permiso para tener armas. También se fijó como condición no abandonar el estado de Minnesota y no tener contacto con ningún miembro de la familia del fallecido. Ni el ex agente policial, ni su defensa objetaron la fianza ni las condiciones impuestas durante la audiencia.
Suceso en que George Floyd falleció visto desde la legislación Venezolana
En Venezuela, desde el año 2013, entró en vigor la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes; esta ley busca prevenir y sancionar las «malas prácticas» por parte de los funcionarios policiales y militares en los procedimientos de orden público que lleven cabo en ocasión a procedimientos con detenidos y trato de personas en labores de orden público.
Además del Homicidio, la conducta desplegada por el funcionario policial en contra del ciudadano George Floyd, podría constituir en la legislación venezolana el delito de “Trato Cruel”, previsto y sancionado en el artículo 18 de la ley antes señalada, el cual establece una pena de trece a veintitrés años de prisión en contra del funcionario que someta o inflija trato cruel a una persona sometida o no a privación de libertad con la finalidad entre otros supuestos de quebrantar la resistencia física o generar sufrimiento.
El instrumento jurídico, también prevé otros delitos como Tortura, Tratos Inhumanos o Degradantes, Maltrato físico y Verbal.
A raíz de los sucesos generados en caso Floyd, el Congreso Estadounidense, discute la necesidad de aprobar un instrumento legal que sancione el exceso policial y las «malas prácticas» en los procedimientos practicados por las fuerzas del orden público en el país.
Las primeras medidas que impulsan la creación de un marco regulatorio, fueron protagonizados por la presidenta de la corporación municipal de Minneapolis, Lisa Bender, quien anunció la reforma total de la policía, con la intención de reconstruir un nuevo modelo de seguridad pública. Por esas fechas diversos mandos policiales en el país norteamericano, tales como el de Los Ángeles, habían comenzado a prohibir el estrangulamiento como técnica de detención policial.
El 16 de junio, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para dar paso a la reforma policial en Estados Unidos y rechazó los llamados a desmantelar las policías estatales y municipales. En el decreto se ofrecen subvenciones federales para mejorar las prácticas policiales que permitirán la creación de una base de datos para rastrear los abusos cometidos por los funcionarios.
En sus declaraciones, Trump se mostró abierto a evaluar las medidas necesarias para evitar este tipo de incidentes, pero se mostró en contra de reformas radicales que impidan la acción policial. «Sin policía hay caos», dijo el primer mandatario.
En el escritorio Jurídico Alan Aldana & Asociados, somos especialistas en delitos contra los derechos fundamentales, hemos llevado casos de violación de derechos humanos y aplicación excesiva de la fuerza por parte de órganos de seguridad del estado en el ejercicio de sus funciones, en estos casos, recomendamos a las víctimas de estos delitos y sus familiares, denunciar los hechos ante el Ministerio Público a los fines de encausar penalmente a los responsables y ejercer la acción civil correspondiente por los perjuicios causados.
Fuentes consultadas:
