Cómo las grandes corporaciones pueden proteger sus operaciones, su reputación y a sus directivos frente a la nueva generación de amenazas geopolíticas, regulatorias y penales.

Dr. Alan Aldana | Socio director, VENFORT®
Prof. Ludovic Hennebel | Of Counsel

मैड्रिड · काराकास · ब्रुसेल्स · जिनेवा
2026

La primera línea ya no es el campo de batalla. Es la sala de juntas.

El mundo empresarial ha entrado en una fase nueva. La volatilidad geopolítica, los regímenes de sanciones internacionales, el litigio de carácter activista y las campañas de desprestigio coordinadas han transformado de raíz el mapa de riesgos de las corporaciones multinacionales.

Hoy, la amenaza más grave para una empresa no es únicamente comercial. Es jurídica, reputacional y, cada vez con mayor frecuencia, personal.

Un contrato adjudicado en Tel Aviv puede ser impugnado ante un tribunal europeo. Una concesión en Caracas puede activar una exposición a sanciones en Washington. Una operación logística en Kiev puede quedar sometida al escrutinio simultáneo de múltiples jurisdicciones, reguladores y plataformas mediáticas.

Y lo más determinante: la exposición ya no se limita a la sociedad. Alcanza a sus consejeros, a sus ejecutivos y a quienes toman las decisiones.

Los que comprenden esta realidad no reaccionan ante las crisis. Construyen la arquitectura jurídica necesaria para resistirlas antes de que se produzcan.

Lawfare: el uso estratégico del derecho como arma contra la empresa

El concepto de lawfare —el uso calculado de procedimientos judiciales, marcos regulatorios y mecanismos institucionales para dañar a un rival comercial, desestabilizar una inversión o forzar un resultado político— ha dejado de ser una noción teórica. Es un instrumento operativo que ya afecta a empresas de todos los sectores.

Este fenómeno resulta especialmente visible en cuatro escenarios: zonas de conflicto y territorios en disputa, como Israel, Gaza o Ucrania; jurisdicciones sujetas a sanciones de la विदेशी परिसंपत्ति नियंत्रण कार्यालय, la Unión Europea o el Reino Unido; países en transición política o institucional, como Venezuela, Ecuador o México; y sectores altamente competitivos donde el litigio se emplea como arma para desplazar a un adjudicatario.

Una corporación con operaciones en Israel puede enfrentarse a campañas coordinadas para excluirla de la contratación pública europea. Una empresa con exposición en Venezuela puede descubrir que sus directivos se convierten en objetivos a través de narrativas de sanciones o de alertas de INTERPOL. Un inversor que participa en la reconstrucción de Ucrania puede encontrarse con exigencias de cumplimiento normativo que se extienden mucho más allá de sus obligaciones contractuales.

No se trata de un riesgo hipotético. Es la realidad operativa actual.

Un caso real: cuando la imprevisión cuesta miles de millones

En 2025, una empresa industrial europea con más de cien años de historia y una facturación superior a los 2.900 millones de euros fue seleccionada como adjudicataria preferente de un contrato público valorado en 1.700 millones de euros en otro país de la Unión Europea.

En cuestión de semanas, dos de los mayores competidores del sector interpusieron recursos administrativos ante el tribunal competente. De forma simultánea, coaliciones de organizaciones no gubernamentales publicaron informes coordinados en los que se alegaba la complicidad de la empresa en violaciones del derecho internacional humanitario, vinculadas a sus operaciones en un territorio en disputa. La Relatora Especial de Naciones Unidas emitió un informe que mencionaba expresamente a la compañía. Se formularon preguntas parlamentarias. Los inversores institucionales comenzaron a recibir cartas de organizaciones activistas exigiendo la desinversión. La cotización fluctuó. El contrato quedó suspendido.

La empresa no había cometido ninguna ilegalidad.

Los informes independientes de diligencia debida en derechos humanos, elaborados por expertos de reconocido prestigio, concluyeron que las operaciones de la compañía cumplían con los estándares internacionales, que su infraestructura prestaba un servicio público esencial sin discriminación alguna y que no existía nexo causal entre su actividad y las violaciones alegadas. El Punto Nacional de Contacto de la OCDE ya había validado su sistema de diligencia debida años antes.

Sin embargo, la empresa no contaba con un dictamen preventivo de derecho penal internacional que descartase de forma anticipada cualquier hipótesis de complicidad. Tampoco disponía de un protocolo de respuesta estratégica frente a campañas coordinadas, ni de asesores especializados posicionados con antelación en las jurisdicciones donde se materializaron los ataques.

El resultado fue previsible: una crisis que habría podido evitarse con la arquitectura jurídica adecuada terminó por paralizar un contrato de 1.700 millones de euros, dañar la reputación de la compañía y exponer personalmente a sus consejeros.

Este caso no es excepcional. Es representativo de lo que ocurre cuando las grandes corporaciones afrontan una exposición geopolítica sin asesoramiento anticipado. Y es exactamente el tipo de situación para la que VENFORT fue creada.

Lo que ofrece VENFORT: un modelo de doble capacidad sin paralelo

VENFORT fue concebida para este entorno. La firma combina dos disciplinas que rara vez operan de forma conjunta, pero que resultan imprescindibles cuando la exposición se materializa de manera simultánea en varias jurisdicciones: la defensa penal internacional y la navegación estratégica del derecho internacional de los derechos humanos.

डॉ. एलन अल्डाना
Defensa penal internacional y protección estratégica

El Dr. Aldana es abogado acreditado ante la Corte Penal Internacional con más de veinte años de ejercicio en derecho penal internacional, procedimientos de extradición, litigio ante INTERPOL y defensa económica transfronteriza.

Su práctica abarca Europa, América Latina, Estados Unidos y Oriente Medio. Asesora a corporaciones, entidades financieras, altos directivos y familias de gran patrimonio que afrontan situaciones complejas de exposición internacional.

Su experiencia comprende la defensa en investigaciones internacionales de alto perfil —como los casos derivados de los Panama Papers, la crisis financiera de 2009 y la investigación Odebrecht—, procedimientos de extradición que afectan a altos ejecutivos, impugnaciones de difusiones rojas de INTERPOL y asesoría estratégica en jurisdicciones políticamente sensibles.

Su trayectoria en Venezuela —una jurisdicción donde las dinámicas jurídicas y políticas se cruzan de forma permanente, donde el Estado de derecho ha sido erosionado de manera sistemática y donde proteger a un cliente exige inteligencia, discreción y un conocimiento íntimo de las dinámicas institucionales— ha forjado una capacidad singular: defender cuando la certeza jurídica es limitada y el riesgo es sistémico.

Su labor en el contexto del proceso de paz de Colombia, asesorando a empresarios y líderes del sector privado en la protección de sus derechos, sus activos y su seguridad personal durante y después de la transición, le ha conferido una perspectiva inigualable sobre cómo las corporaciones y sus directivos deben posicionarse en jurisdicciones donde el orden jurídico y el político se encuentran en transformación.

Como director del Comité Venezolano de la विश्व अनुपालन संघ y vocal de la Fundación Aldana, dedicada a la representación de víctimas de violaciones graves de derechos humanos, el Dr. Aldana combina el rigor de la defensa penal con un compromiso profundo con el orden jurídico internacional.

Prof. Ludovic Hennebel
Derecho internacional, derechos humanos y estrategia institucional

El profesor Hennebel es una de las voces más autorizadas de Europa en derecho internacional de los derechos humanos y su relación con la responsabilidad corporativa.

Como miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas —el órgano encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte de los Estados— y परामर्शदाता en Doughty Street Chambers, en Londres, opera en la intersección entre las instituciones internacionales, los marcos regulatorios y los mecanismos de rendición de cuentas corporativa.

Su trabajo con corporaciones incluye la navegación estratégica de los mecanismos de Naciones Unidas, la interlocución con los Puntos Nacionales de Contacto de la OCDE, la interpretación de los desarrollos del derecho internacional aplicables al sector privado y la alineación con los marcos emergentes de diligencia debida, incluida la directiva europea en fase de implantación.

Su fortaleza reside en comprender no solo lo que el derecho exige, sino cómo las instituciones lo interpretan, lo aplican y lo ponen en práctica. Esa visión desde dentro del sistema de Naciones Unidas es lo que permite a VENFORT anticipar, y no simplemente reaccionar.

La diferencia VENFORT

VENFORT no ofrece una defensa reactiva. Diseña estructuras de protección jurídica preventiva.

Su fortaleza radica en la integración de cuatro capacidades que rara vez se encuentran bajo un mismo techo: defensa penal internacional, estrategia en materia de sanciones y cumplimiento normativo, interlocución institucional y coordinación de riesgos en múltiples jurisdicciones.

Cuando una corporación recibe una comunicación de un relator especial de Naciones Unidas, necesita a alguien que entienda cómo se elaboran esos informes y qué peso tienen. Cuando esa misma corporación afronta el riesgo de que sus directivos sean nombrados en una querella penal en una jurisdicción europea, necesita a alguien que haya defendido a clientes en procedimientos exactamente iguales. Cuando ambas amenazas se materializan de forma simultánea —como ocurre con frecuencia creciente—, VENFORT proporciona una respuesta única y coordinada en todos los frentes.

Lo que hemos conseguido

La confidencialidad que debemos a nuestros clientes impide la divulgación de nombres y detalles. Pero los resultados hablan por sí mismos.

• Dictámenes preventivos de derecho penal internacional que han sido utilizados como defensa primaria ante procedimientos de exclusión en licitaciones públicas europeas, descartando de forma anticipada cualquier hipótesis de complicidad en crímenes internacionales.

• Impugnaciones de difusiones rojas de INTERPOL en procedimientos ante la Comisión de Control de los Ficheros, logrando la retirada de alertas que habían sido instrumentalizadas con fines políticos o comerciales.

• Marcos de diligencia debida en derechos humanos diseñados y validados por expertos independientes, que han superado el examen de Puntos Nacionales de Contacto de la OCDE y que se emplean como escudo jurídico y reputacional ante campañas de exclusión.

• Estrategias de defensa en procedimientos de extradición ante la Audiencia Nacional de España y tribunales de múltiples jurisdicciones, protegiendo a altos directivos frente a solicitudes políticamente motivadas.

• Asesoría estratégica a empresarios y familias de alto patrimonio en contextos de transición política, incluidos Venezuela y Colombia, garantizando la protección de sus derechos, sus activos y su integridad personal.

• Coordinación de equipos multijurisdiccionales en asuntos que abarcan simultáneamente España, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y jurisdicciones offshore, con recuperación de activos, comisiones rogatorias y trazabilidad forense financiera.

Riesgos que ya afectan a las grandes corporaciones

• Exclusión de la contratación pública internacional por presuntas violaciones de derechos humanos o por vinculación con territorios sancionados.

• Exposición personal de consejeros y directivos en virtud de doctrinas de jurisdicción universal, marcos de derecho penal internacional o legislaciones nacionales de complicidad.

• Difusiones rojas de INTERPOL utilizadas como palanca política o comercial, que requieren una impugnación especializada ante la Comisión de Control de los Ficheros.

• Riesgo de sanciones bajo los regímenes de la OFAC, la Unión Europea y el Reino Unido, incluida la exposición a sanciones secundarias para entidades con operaciones o flujos financieros en jurisdicciones designadas.

• Ataques reputacionales coordinados a través de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación, diseñados para forzar la desinversión o crear las condiciones para una acción regulatoria hostil.

• Estrategias de lawfare desplegadas por competidores en jurisdicciones estables, mediante impugnaciones administrativas, quejas regulatorias o alianzas con organizaciones activistas.

A quién asesoramos

VENFORT trabaja con consejos de administración, directores jurídicos, responsables de relaciones institucionales y política pública, fondos de inversión, entidades soberanas, family offices y corporaciones multinacionales que operan en jurisdicciones de alto riesgo.

Nuestro alcance geográfico refleja las jurisdicciones donde surgen los problemas más complejos: España, Venezuela, Colombia, México, Panamá, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Bélgica, Francia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Singapur y el conjunto de las regiones latinoamericana y de Oriente Medio.

अंतिम चिंतन

El derecho internacional evoluciona más rápido de lo que las estructuras de gobierno corporativo pueden asimilar. Los informes de Naciones Unidas se emplean como prueba en litigios mercantiles. Los marcos de sanciones reconfiguran los sistemas financieros. Las narrativas reputacionales condicionan las decisiones regulatorias.

La pregunta ya no es si su organización se enfrentará a una exposición de esta naturaleza.

La pregunta es si estará preparada cuando eso ocurra.

VENFORT existe para que la respuesta sea afirmativa.

गोपनीय परामर्श
Si desea evaluar de forma reservada la exposición geopolítica, regulatoria o penal de su organización, el Dr. Alan Aldana y el profesor Ludovic Hennebel están disponibles para una primera consulta confidencial y sin compromiso.

Puede dirigirse directamente a:

• डॉ. एलन अल्डाना  —  contacto@venfort.com
• Prof. Ludovic Hennebel

O solicitar una llamada a través de www.venfort.com/contacto.

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El presente artículo se publica con fines informativos y no constituye asesoramiento jurídico. Todas las cuestiones aquí tratadas quedan sujetas a las normas deontológicas aplicables y al deber de confidencialidad profesional. Las referencias a escenarios reales se basan en fuentes de acceso público y no revelan información protegida por el secreto profesional.

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