Из 24 de abril de 2026 existe un marco jurídico nuevo entre España y Nigeria: el Tratado de extradición entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Federal de Nigeria, firmado «ad referendum» en Madrid el 1 de junio de 2022 y publicado en el BOE el 19 de mayo de 2026 (BOE-A-2026-10741). Hasta ahora, las solicitudes entre ambos países se movían en un terreno de mayor incertidumbre; a partir de este momento, existen reglas escritas, plazos concretos y —esto es lo importante— garantías invocables.

Para quien tiene actividad empresarial, inversiones o vínculos personales entre Europa y África Occidental, este tratado no es una noticia diplomática abstracta. Es un cambio real en el mapa de riesgos: las solicitudes de extradición serán más ágiles, la detención provisional podrá canalizarse a través de INTERPOL y —un detalle que casi nadie lee— el tratado se aplica también a delitos cometidos antes de su entrada en vigor.

En este artículo explicamos, con lenguaje claro, qué establece el tratado, qué garantías protege, dónde están los riesgos prácticos y qué puede hacer una defensa especializada en cada fase.

Los datos esenciales del tratado

• Firma: Madrid, 1 de junio de 2022.
• Entrada en vigor: 24 de abril de 2026.
• Publicación: BOE núm. 121, de 19 de mayo de 2026.
• Autoridades centrales: el Ministerio de Justicia de España, y la Fiscalía de la Federación y el Ministerio de Justicia de Nigeria (artículo 6). Las solicitudes se transmiten directamente entre ellas, sin necesidad de vía diplomática salvo que sea necesario.
• Textos auténticos: español e inglés.

¿Qué hechos permiten la extradición?

El artículo 2 fija el principio de двойная преступность con dos umbrales:

• Для enjuiciar: el delito debe estar castigado en la legislación de ambos países con pena privativa de libertad de al menos un año.
• Для ejecutar una condena: deben quedar por cumplir al menos seis meses de pena.

Un matiz técnico decisivo: no importa que los dos países llamen al delito de la misma manera ni que lo clasifiquen en la misma categoría. Lo que se compara es la conducta en su conjunto. Esto significa que las defensas basadas en diferencias puramente nominales entre tipos penales tienen escaso recorrido; el análisis serio se hace sobre los hechos.

El tratado incluye además una cláusula específica para delitos fiscales, aduaneros y de control de cambios: la extradición no puede denegarse solo porque España y Nigeria no tengan los mismos impuestos o el mismo régimen de divisas (artículo 2.3). Es una previsión pensada, precisamente, para la criminalidad económica transnacional.

Las garantías: motivos de denegación preceptiva

El artículo 3 es el corazón defensivo del tratado. España —o Nigeria— должен denegar la extradición, entre otros supuestos, cuando:

• La solicitud se refiere a un delito político o conexo (con exclusión expresa del homicidio y del terrorismo).
• Существуют основательные причины para creer que la solicitud persigue castigar a la persona por su raza, sexo, religión, condición social, nacionalidad u opiniones políticas, o que su situación procesal podría verse perjudicada por esos motivos.
• El delito puede castigarse en el país requirente con una pena prohibida en el país requerido.
• Hay motivos fundados para creer que la persona ha sido o será sometida a un procedimiento sin garantías básicas de defensa, a un trato cruel, inhumano o degradante, o a vulneraciones de los derechos reconocidos en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; también cuando la condena se dictó en rebeldía sin garantía de nuevo juicio.
• Ya existe sentencia firme en el país requerido por los mismos hechos (не бис ин идем), o el delito está amnistiado, indultado o prescrito.
• Se trata de un delito exclusivamente militar.
• El país requerido ha concedido политическое убежище a la persona reclamada.
• La entrega comprometería la soberanía, la seguridad o el orden público, o vulneraría principios fundamentales del ordenamiento del país requerido.

A ello se suman los motivos facultativos del artículo 4: jurisdicción propia sobre los hechos, razones гуманитарная (edad, salud, circunstancias personales) y, de modo destacado, la смертная казнь: si el delito puede castigarse con pena capital en el país requirente, la extradición se denegará salvo garantía de que, de imponerse, no se ejecutará.

Para la práctica defensiva ante la Audiencia Nacional, estos preceptos convierten el debate en algo muy distinto a un trámite: cada uno de estos motivos es una línea de oposición que debe construirse con prueba, no con afirmaciones genéricas. La jurisprudencia constitucional española exige precisamente eso: alegaciones concretas y una labor judicial de verificación seria, no fórmulas de estilo.

Extradición de nacionales: derecho a denegar, no obligación de impunidad

El artículo 5 reconoce a cada Estado el derecho a denegar la extradición de sus nacionales. Ahora bien, si la deniega, deberá someter el asunto a sus propias autoridades para el eventual enjuiciamiento interno (aut dedere aut iudicare), con el material probatorio que remita el país requirente.

Traducción práctica: la nacionalidad española puede evitar la entrega, pero no garantiza el archivo. La estrategia debe anticipar el escenario de un procedimiento penal en España con prueba de origen extranjero, un terreno donde la cadena de custodia, la autenticidad documental y las garantías de obtención de la prueba adquieren protagonismo.

Detención provisional: el momento más crítico

El artículo 12 permite, en casos de urgencia, solicitar la detención provisional antes de presentar la solicitud formal de extradición, canalizándola a través de las autoridades centrales o de ИНТЕРПОЛ. Aquí se conectan dos mundos: una notificación roja puede convertirse, de la noche a la mañana, en una detención en Barajas o en Lagos.

Los plazos importan:

• La detención provisional queda sin efecto si en 60 días no llega la solicitud formal de extradición.
• Que decaiga la detención no impide una solicitud formal posterior.
• Una vez concedida la extradición, la entrega debe producirse en un plazo de 40 días (artículo 14.2), y el tiempo de detención —incluido el arresto domiciliario— se computa en el país requirente como prisión provisional (artículo 14.6).

En esta fase inicial se juega buena parte del procedimiento: la vista de medidas cautelares ante el Juzgado Central de Instrucción determina si la persona espera el proceso en prisión o en libertad provisional con medidas alternativas (retirada de pasaporte, comparecencias, prohibición de salida). Una defensa preparada antes de la detención —con arraigo documentado y estrategia definida— cambia sustancialmente ese resultado.

Principio de especialidad y reextradición

El artículo 10 consagra el принцип специалитета: la persona entregada solo puede ser perseguida por los hechos que motivaron la extradición, salvo consentimiento del Estado requerido, regreso voluntario o permanencia de más de 45 días tras poder abandonar el territorio. El artículo 11 prohíbe, con las mismas salvedades, la reextradición a un tercer Estado sin consentimiento del país que entregó.

Estas cláusulas no son teóricas: son el escudo que impide que una entrega por un hecho concreto se convierta en una persecución abierta por cualquier otro. Vigilar su cumplimiento tras la entrega forma parte de la defensa.

El detalle que casi nadie lee: la retroactividad

El artículo 24.3 establece que el tratado se aplica a toda solicitud presentada tras su entrada en vigor, aunque los delitos se hubieran cometido antes. Quien creía que hechos anteriores a 2026 quedaban fuera del nuevo marco debe revisar esa premisa cuanto antes. Es, probablemente, la razón más urgente para realizar un diagnóstico preventivo de riesgo.

¿Cómo se tramita en España una solicitud nigeriana?

El tratado convive con la Закон 4/1985 от 21 марта "Об экстрадиции пассивной", que regula el procedimiento interno: fase gubernativa inicial, fase judicial ante el Центральный инструментальный суд и Уголовный отдел Национальной судебной палаты, y decisión final del Gobierno, que puede no entregar aun con resolución judicial favorable a la extradición. En la fase judicial se debaten precisamente las garantías de los artículos 3 y 4 del tratado, con el estándar de motivación reforzada que exige el Tribunal Constitucional cuando están en juego derechos fundamentales.

Часто задаваемые вопросы

• ¿El tratado facilita que Nigeria reclame a personas residentes en España? Facilita el cauce y los plazos, sí. Pero también fija por escrito garantías exigentes —debido proceso, trato humano, no persecución discriminatoria, control de la pena capital— que una defensa técnica puede hacer valer ante la Audiencia Nacional.
• ¿Puede detenerme en el aeropuerto una alerta de ИНТЕРПОЛ vinculada a Nigeria? Sí. El propio tratado prevé INTERPOL como canal de la detención provisional urgente. Si existe cualquier indicio de alerta, el diagnóstico preventivo es prioritario antes de viajar.
• Soy español, ¿pueden extraditarme a Nigeria? España tiene derecho a denegar la extradición de nacionales, pero en tal caso puede asumir el enjuiciamiento en España. La nacionalidad protege frente a la entrega, no frente al proceso.
• ¿Y los delitos fiscales o cambiarios? Están expresamente cubiertos: la diferencia entre regímenes tributarios no es, por sí sola, motivo de denegación.
• ¿Aplica a hechos anteriores a 2026? Sí. El tratado cubre solicitudes nuevas sobre hechos anteriores o posteriores a su entrada en vigor.

Conclusión: un marco nuevo exige una estrategia nueva

La entrada en vigor del tratado España–Nigeria profesionaliza la cooperación entre ambos países y, con ella, eleva el estándar exigible a la defensa. Los procedimientos serán más rápidos; las garantías, más precisas; y los errores de los primeros días, más costosos. En asuntos con componente africano, europeo y, con frecuencia, americano —flujos de inversión, comercio energético, banca corresponsal—, la coordinación temprana entre jurisdicciones suele ser determinante para construir la defensa antes de que el expediente llegue a la Audiencia Nacional.

En VENFORT Abogados analizamos de forma confidencial la exposición de nuestros clientes a los nuevos marcos convencionales, desde nuestras oficinas de Madrid y Caracas y en coordinación con firmas aliadas en Europa, América, África, Oriente Medio y Asia. Si mantiene intereses entre España y Nigeria, puede solicitar una revisión preventiva de su riesgo de extradición.

Este contenido tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Cada asunto requiere un análisis individualizado y confidencial.

Алан Алдана

Socio fundador y Director del Departamento de Derecho Penal Internacional de VENFORT Abogados. Abogado acreditado ante la Corte Penal Internacional, con más de veinte años de ejercicio en extradiciones, procedimientos ante INTERPOL, derecho penal económico y sanciones internacionales, asiste a empresarios, directivos, instituciones y familias con intereses en Europa y América.