La corrupción es definida como el abuso del poder encomendado para beneficio personal, según la organización no gubernamental Transparencia Internacional, encargada de medir la percepción de corrupción en el sector público en países determinados. Puede ser catalogada como un fenómeno socio – económico nocivo, diverso y global que socava las bases de una sociedad y puede incluir una gran serie de actividades y de redes que operan en el seno de instituciones de gran relevancia para el funcionamiento de una nación.
Entre la vasta gama de acciones que pueden ser identificadas como corruptas se encuentran LA CORRUPCIÓN —ENTRE PARTICULARES, PROPIA E IMPROPIA, CALIFICADA, INDUCCIÓN—, PECULADO, MALVERSACIÓN, EVASIÓN DE LICITACIÓN, SOBREGIRO PRESUPUESTARIO, CONCUSIÓN USO DE INFORMACIÓN RESERVADA, ABUSO DE AUTORIDAD EXACCIONES ILEGALES, CONCIERTO CON CONTRATISTAS, TRÁFICO DE INFLUENCIAS, LUCRO EN ACTOS ADMINISTRATIVOS, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, SUPOSICIÓN DE VALIMIENTO, SOBORNO TRANSNACIONAL, OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO, RETARDO DOLOSO DEL PROCESO JURISDICCIONAL, entre otros tipos penales.
El inicio de la corrupción
La corrupción no es un mal exclusivo de una nación o una región determinada. Puede comenzar con pequeños actos de ciudadanos como el pago de sobornos a policías para evitar multas, o la utilización de gestores para facilitar la obtención de documentación oficial necesaria en diversos trámites civiles. A gran escala se manifiesta en la «gran corrupción», catalogada como el desvío de los fondos pertenecientes a un Estado para el uso ilegal y personal de un individuo o un grupo de individuos. Que resulta altamente costosa en términos de dinero y de daños infligidos a los derechos humanos. Es en este tipo de corrupción, sobre todo, que América Latina tiene mucho que contar y trascender, según las estadísticas y análisis de expertos.
Las tierras latinoamericanas son altamente ricas en términos de recursos naturales y extracción de materia prima para innumerables productos de utilidad para la humanidad. Sin embargo, las prácticas para manejar este patrimonio no se han ajustado a los requerimientos legales para evitar el flagelo de la corrupción. Pareciera que las leyes aplicadas no han sido lo suficientemente efectivas para prevenir este delito que termina impactando a todos los habitantes de un país, debido a que al desviar los fondos se les priva de mejoras en su calidad de vida que los gobiernos deberían garantizar en áreas como la salud, la educación, la vivienda, el transporte, entre otras.
A pesar de que el costo real de este delito es difícil de cuantificar, la organización Global Financial Integrity calculó que América Latina perdió el equivalente a 3% de su Producto Interno Bruto en manos de la corrupción entre 2003 y 2012. Este problema figuraba entre las cuatro circunstancias que más afectaba a la población de 18 países de la región, según la encuesta Latinobarómetro realizada en 2017
Las estadísticas más recientes no son más alentadoras. El panorama parece indicar que a pesar de algunos esfuerzos la región no logra avanzar en la batalla contra la corrupción. El Índice de Percepción de la Corrupción en la región se ha mantenido en 44 sobre 100 durante tres años consecutivos. Este estudio es realizado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional, y en él se mide en una escala del 0 al 100 (representando el 100 la ausencia de corrupción) la percepción de corrupción en el sector público en un país determinado.
Las cifras obtenidas en Latinoamérica son muy similares a las registradas en Asia Pacífico. Canadá es el país con mayor puntuación en el índice, seguido por Estados Unidos de América y Uruguay. Por su parte, Venezuela registró una de las puntuaciones más bajas de la región al obtener 18 puntos, mientras que Haití alcanzó 20 puntos y Nicaragua 25. Esta cifra, según la organización «refleja la corrupción sistemática y persistente en Venezuela».
Para Transparencia Internacional las razones por las que se presentan estos índices tan bajos están relacionadas con el auge de liderazgos populistas que tienen a tomar las siguientes medidas:
- Bloqueo los medios de comunicación libres e independientes.
- Control y silenciamiento a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales.
- Debilitamiento del sistema judicial y aumento del poder Ejecutivo.
- Socavamiento de las garantías democráticas.
Algunos países de la región han demostrado un importante crecimiento en esta materia. Tal es el caso de Ecuador y El Salvador con 34 y 35 puntos respectivamente y que han incrementado en 2 puntos su récord anterior. De igual manera, Argentina ha registrado una alza consecutiva en los últimos 4 años. Un denominador común en estas naciones ha sido el interés de sus gobiernos de promover investigaciones y el enjuiciamiento de casos de corrupción cometidos por funcionarios de alto nivel.
Uno de los casos de corrupción recientes más sonado y de mayor envergadura, en cuanto a la gran cantidad de países de la región que involucró, fue el escándalo protagonizado por la constructora brasileña Odebrecht, por el cual también fue enjuiciado el ex presidente de Brasil, Lula Da Silva. El caso Odebrecht figura como el mayor de los sobornos extranjeros en la historia, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, debido a que la compañía llegó a pagar cientos de millones de dólares en sobornos para adjudicarse grandes obras de infraestructura en diversos países.
Transparencia Internacional recomiendo las siguientes medidas para detener y prevenir la corrupción en Latinoamérica:
- Defender el sistema democrático y las leyes anticorrupción.
- Fortalecer a las instituciones encargadas del control y equilibrio del poder estatal.
- Fortalecer a las instituciones judiciales y de seguimiento para vigilar la entrada y el fin último de los recursos públicos.
- Evitar el deterioro del derecho a la información y de la prensa independiente, pues son herramientas para evidenciar actos de corrupción.
Adicionalmente en Alan Aldana & Abogados consideramos la necesaria inclusión como crímenes de lesa humanidad a los grandes delitos económicos y financieros, los cuales deben ser tipificados en un nuevo código de Justicia Universal, en el cual se incluyan procedimientos ágiles para la incautación, confiscación y repatriación de los bienes recuperados.
