La Justicia Internacional posee mecanismos definidos para hacer cumplir la ley. Antes de dar un veredicto y determinar responsabilidades la Corte Penal Internacional (CPI), emprende una investigación cuyo alcance es hacer valer la justicia en cualquier lugar del mundo en donde se hayan violentado los derechos humanos a través de cuatro delitos fundamentales: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión.
La actuación de este tribunal internacional permanente está regida por el Estatuto de Roma y puede iniciar cuando los crímenes fueron cometidos por un Estado Parte Nacional, en el territorio de un Estado Parte, o en un Estado que ha aceptado la jurisdicción de la Corte. De igual manera, son tomados en cuenta los crímenes remitidos al Fiscal de la CPI por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas.
El primer paso a seguir por la CPI es determinar, a través de su Oficina Fiscal, si existen pruebas suficientes de delitos de gravedad dentro de la jurisdicción del tribunal internacional. En esta fase se evalúa la existencia de procedimientos nacionales genuinos, así como la posibilidad de que la apertura de una investigación a profundidad serviría a los intereses de la justicia y de las víctimas implicadas.
En caso de que no se cumpla con los requisitos para iniciar una investigación o si los crímenes cometidos no forman parte de la jurisdicción de la Corte, no se abrirá el proceso legal. Por el contrario, si la situación está dentro de los lineamientos exigidos el tribunal de justicia internacional identificará a los posibles sospechosos y se retomará una investigación más profunda del caso. En esta etapa la Fiscalía solicitará a la CPI que emita o una orden de arresto a los sospechosos o una orden para comparecer ante la justicia.
En la fase previa a la prueba se confirma la identidad del sospechoso y se le hace comprender los cargos de los que está acusado. Los jueces que llevan el caso determinarán si hay suficientes evidencias para ir a juicio. Las audiencias comenzarán cuando el sospechoso sea presentado ante la ley. Posteriormente, en la etapa de prueba, los jueces consideran todas las pruebas y emiten un veredicto en el cual se puede sentenciar a los sospechosos. Las condenas de la Corte pueden ser de hasta 30 años de prisión, o en circunstancias excepcionales de cadena perpetua. Si no existen suficientes evidencias para demostrar la culpabilidad del sospechoso, este es puesto en libertad.
Al presentarse el veredicto, el Fiscal y la defensa tienen el derecho de apelar la decisión de la CPI, de considerarlo conveniente. A través de la Cámara de Apelaciones, la Corte por medio de otros jueces diferentes a los que decidieron la sentencia, decide aceptar o no la apelación solicitada. El paso final del procedimiento legal es la aplicación de la condena en caso de que la sentencia no sea apelada y se determine la culpabilidad de los sospechosos.
Solicitud de investigación preliminar en Venezuela
La fuerza excesiva de los organismos de seguridad del Estado venezolano durante las protestas de 2017 fue la razón por la que la CPI decidió iniciar exámenes preliminares a fin de determinar si existe suficiente evidencia para iniciar un procedimiento legal ante la jurisdicción de este tribunal internacional permanente.
El anuncio fue ofrecido el pasado 8 de febrero de 2018 por la fiscal Fatou Bensouda, quien afirmó que se inició el procedimiento legal para evaluar si existen fundamentos para investigar al Estado. Este proceso fue abierto debido a la revisión de numerosos informes entregados ante la Corte y que piden el estudio del caso.
La situación de protestas ocurrida en Venezuela y por la que se está solicitando la investigación preliminar, se trató de al menos cuatro meses de manifestaciones civiles contra el gobierno del actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos maneja como estadística la cifra de 125 fallecidos durante el período, 10.000 heridos y al menos 5.000 detenidos arbitrariamente.
Al iniciar este procedimiento el país entra en un periodo de observación para que la Fiscalía pueda analizar la conducta gubernamental y recabar la información necesaria a través de testimonios orales y escritos, así como mediante la designación de misiones a Venezuela para conocer los detalles de la investigación. La CPI también tendrá la autoridad para interrogar a los funcionarios del gobierno involucrados y abrir investigaciones de casos particulares.
Claves del proceso legal en la CPI
- No se procesa a menores de 18 años cuando hayan cometido algún delito.
- Antes de que la Fiscalía pueda investigar se debe realizar un examen preliminar para contar con los fundamentos requeridos en el proceso.
- Al investigar el fiscal debe recopilar y divulgar evidencia tanto incriminatoria como exonerante.
- El acusado es considerado inocente hasta que se demuestre la culpabilidad.
- Durante todas las etapas del procedimiento el acusado tiene derecho a acceder a la información en el idioma que comprende a cabalidad.
- Los jueces de juicio preliminar emiten órdenes de arresto y se aseguran de que haya suficiente evidencia antes de iniciar una investigación profunda.
- Antes de que un caso sea entregado a juicio el presunto implicado es considerado como sospechoso.
- Solo una sentencia puede cambiar dicho estatus a acusado.
- Los jueces de primera instancia están encargados de evaluar las pruebas de la Fiscalía, la defensa y los abogados de las víctimas para poder emitir un veredicto y posteriormente una sentencia.
- Si un caso se cierra sin un veredicto de culpabilidad, puede reabrirse si la Fiscalía presenta nuevas pruebas.
Fuentes consultadas
