La Corte de Nueva York confirmó la validez de los Bonos Senior Garantizados con cupón de 8,50% con vencimiento en el 2020.
Esta decisión evidencia el impago a los acreedores por parte de la estatal petrolera y mantiene la protección financiera sobre Citgo Holding, por lo que los afectados deberán esperar hasta el 19 de enero de 2021 para continuar la ejecución de medidas que puedan afectar el capital accionario de Citgo, en atención a la prenda que existe sobre acciones de dicha compañía, ofrecidas para garantizar el pago de los títulos.
En esa fecha vencerá la Licencia 5E emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América que concedió la protección referida. La administración estadounidense ha destinado parte de las sanciones contra Venezuela al plan de sumar presión al gobierno venezolano, para evitar que los acreedores de bonos tomen acciones por los momentos.
La decisión judicial responde a la demanda interpuesta por el grupo opositor al gobierno venezolano, encabezado por el ciudadano Juan Guaidó, en la que se argumentaba la invalidez de los bonos de Pdvsa, debido a que no habían sido aprobados por la Asamblea Nacional.
En un artículo anterior publicado en este blog analizamos el argumento de invalidez, basado en la interpretación de la normativa constitucional aplicable. Para el grupo de Guaidó el canje de los bonos representaba en el año 2017, para el momento del canje, un endeudamiento mayor para el país, por lo que rechazaron su implementación. No obstante, en abril de 2019 el parlamento autorizó el pago de intereses devengados por los títulos. Luego, seis meses después la Asamblea acordó ratificar que la emisión del bono 2020 violó lo establecido en el artículo 150 del texto constitucional:
«La celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley. No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional.
La ley podrá exigir en los contratos de interés público determinadas condiciones de nacionalidad, domicilio o de otro orden, o requerir especiales garantías».
No obstante, en el análisis previo de la situación, se vislumbraban argumentos jurídicos para sostener que la emisión del bono no tenía por qué ser sujeto a la aprobación del parlamento, pues en ese caso no se trata de un contrato de interés público y Pdvsa tenía libertad para emitir o sustituir la deuda preexistente, conforme al artículo 101 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
La decisión de la Corte de Nueva York, puso en evidencia que la emisión del bono Pdvsa 2020 no requería de la autorización de la Asamblea Nacional. En nuestra opinión, seguirá en el escenario legal de este caso la presión por parte de Crystallex para ejecutar acciones contra Citgo en atención a la decisión arbitral favorable. Ahora bien, consideramos que mientras se mantenga la protección por la Licencia antes mencionada, existe la posibilidad de preservar la propiedad sobre los activos que conforman la refinería norteamericana. La OFAC administra varios programas de sanciones diferentes, que pueden ser amplias o selectivas, a través del bloqueo de activos y restricciones comerciales que permiten lograr los objetivos de política exterior y de seguridad nacional en los Estados Unidos.
La discordia de los bonos Pdvsa 2020
El título denominado comúnmente como el Bono 2020, fue emitido en el año 2017 en sustitución o canje de los Bonos Senior de 5,250% con vencimiento en el 2017 y los Bonos Senior de 8,50% con vencimiento en el 2017. En su diseño se decidió otorgar como garantía el 50,1% de las acciones de Citgo Petroleum Corp, no obstante, los compromisos con los acreedores de los bonos dejaron de cumplirse ese mismo año. Dos años después, el bono Pdvsa 2020 entró en default de forma oficial.
El grupo opositor liderado por Juan Guaidó consideró injusta la decisión tomada por la Corte de Nueva York y evaluará todas las opciones legales a su favor.
