La experiencia de vivir un atentado terrorista siendo víctima o familiar de una de ellas lesiona la integridad física y mental. La asesoría legal es un apoyo fundamental para transitar el proceso, obtener protección y hacer posible la manifestación de la justicia. Sin duda alguna, determinar responsables y responsabilidades es la herramienta más efectiva de luchar contra la impunidad de los actos terroristas.
Hacer visible el papel de quienes sufren estos ataques a la libertad, la vida y la diversidad es fundamental para otorgarles un acceso equitativo a la justicia y por tanto, una acción para frenar el avance del terrorismo en el mundo.
Anteriormente las víctimas de estas acciones se presentaban ante la justicia solamente como testigos en los procesos penales. Sin embargo, desde 1970 la condición fue modificada y se han dado pasos para convertirlos en sujetos protagonistas.
La Estrategia Mundial de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo aprobada por unanimidad en 2006 —luego de que los líderes mundiales condenaran al terrorismo en todas sus formas— estableció al estado de Derecho como base de la lucha contra el terrorismo. De igual manera, reconoció la necesidad de promover y proteger los derechos de las víctimas creando mecanismos eficientes de justicia para prestarles el apoyo legal requerido en esas circunstancias.
Incluso la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó en 2012 el manual «La respuesta de la justicia penal en apoyo a las víctimas de actos de terrorismo», con la intención de realzar el papel de las víctimas y sus familiares en las actuaciones penales al procurar el cumplimiento de las leyes.
En el mencionado manual se destaca que los efectos de los actos terroristas sobrepasan el impacto inmediato causado a una víctima directa, debido a que afectan poblaciones sin distinción de clases sociales, condiciones o estatus. Por ello, la sanción penal debe ser fijada en protección de la sociedad en su conjunto e incluir la indemnización a las víctimas y familiares.
La estandarización de criterios para el tratamiento de estos casos y la reparación frente a ellos es todavía una tarea en proceso. Al momento estos instrumentos exigen que cada Estado tipifique ciertos actos como delito y haga uso de la jurisdicción universal.
Acciones para la prevención
La figura de jurisdicción internacional o universal se define formalmente como «un principio jurídico que permite o exige a un Estado enjuiciar penalmente ciertos crímenes, independientemente del lugar donde se hayan cometido y de la nacionalidad del autor y de la víctima», tal como se explica en la publicación: Los principios de jurisdicción universal y complementariedad de la revista internacional Review of the Red Cross. Este principio del Derecho fue establecido en los cuatro convenios de Ginebra de 1949.
Los procesos legales que involucran a los casos de jurisdicción universal tienden a ser lentos y complicados. Por manejar una dinámica diferente a la establecida en otros litigios. Por lo general, en ellos se cuentan diversos implicados, incontables afectados y por si fuese poco intereses político – económicos que intentan no ser impactados con las acciones.
La iniciativa de los abogados en pro de las víctimas del terrorismo
Tras el atentado terrorista ocurrido el pasado mes de agosto de 2017 en Barcelona, España, los colegios de abogados del mencionado país se solidarizaron con las víctimas y rechazaron categóricamente estas acciones.
La propuesta de la mayoría de estas organizaciones gremiales del Derecho propone poner en marcha un Servicio de Orientación Jurídica para las víctimas a fin de ofrecer los servicios legales y apoyar jurídicamente a las víctimas en este proceso.
En el manual «La respuesta de la justicia penal en apoyo a las víctimas de actos de terrorismo» se señala que los gobiernos del mundo se han esforzado en proteger los derechos de las víctimas de estos delitos garantizar el acceso debido a la ley de quienes transiten estas experiencias.
Desde Alan Aldana & Abogados apoyamos la promoción de la justicia universal como mecanismo para prevenir los crímenes contra la humanidad, conscientes de que garantizar el Estado de Derecho es el paso más firme en la batalla contra el terrorismo.
Fuentes consultadas:
