RESUMEN EJECUTIVO

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática (GO N 6.990, 19/02/2026) constituye un instrumento de notable alcance en la extinción de la acción penal derivada de 13 episodios de conflictividad política. Sin embargo, su texto no contempla disposiciones expresas sobre la restitución de bienes incautados, expropiados o sometidos a medidas cautelares reales, lo que representa una laguna jurídica de primer orden para quienes sufrieron afectaciones patrimoniales en ese contexto. En este artículo, el Dr. Alan Aldana analiza el texto legal vigente artículo por artículo, identifica los instrumentos jurídicos que sustentaron las privaciones de bienes, y desarrolla la hoja de ruta práctica —procesal y extrajudicial— disponible para los afectados y sus representantes legales.

Por: Dr. Alan Aldana
Socio Fundador | VENFORT ABOGADOS
Especialista en Derecho Penal Internacional y Penal Económico
Acreditado ante la Corte Penal Internacional | España y Venezuela
Febrero de 2026

I. EL CONTEXTO: LA DIMENSIÓN PATRIMONIAL EN LOS PROCESOS DE AMNISTÍA

En los procesos de amnistía derivados de períodos de alta conflictividad política, la dimensión patrimonial suele quedar en segundo plano frente a la discusión sobre la libertad personal. Sin embargo, desde la perspectiva del derecho penal económico, las consecuencias sobre el patrimonio de los afectados son frecuentemente las más duraderas y las de mayor impacto práctico en la vida de personas, familias y empresas.

En Venezuela, un número significativo de personas que enfrentaron procesos penales en el marco de los episodios políticos contemplados en la ley perdieron o vieron restringido su patrimonio: inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, participaciones empresariales, licencias y activos de distinta naturaleza fueron objeto de medidas cautelares reales, procesos de extinción de dominio o actuaciones administrativas. Muchos de estos afectados nunca fueron privados de libertad, pero el impacto económico de esas medidas ha persistido hasta hoy.

La Ley de Amnistía del 19 de febrero de 2026 representa un avance significativo en materia de extinción de responsabilidad penal. No obstante, su alcance en la dimensión patrimonial presenta vacíos importantes que conviene identificar con precisión técnica, a fin de que los afectados y sus representantes legales puedan determinar las vías de acción disponibles.

II. LO QUE DICE —Y LO QUE CALLA— LA LEY DE AMNISTIA

A. Lo que la ley SÍ hace: extinción de la acción penal

El artículo 10 de la ley es su disposición más potente. Establece que con la amnistía se extinguen de pleno derecho todas las acciones penales, disciplinarias o civiles relacionadas con los hechos amnistiados, en cualquier estado y grado del proceso, incluyendo las solicitudes de extradición. Cesan las medidas de coerción personal, las alternativas a la privación de libertad y cualquier otra medida acordada.

A este efecto se suman los artículos 13 y 14: los órganos policiales y militares deben dar por finalizadas las averiguaciones y eliminar registros y antecedentes. Las circulares internacionales de aprehensión deben dejarse sin efecto de inmediato.

B. Lo que la ley guarda silencio: el patrimonio

Una revisión articulada del texto completo revela una ausencia total de menciones a bienes, patrimonio, activos, cuentas, inmuebles, vehículos, empresas, acciones, licencias, permisos, medidas cautelares reales, embargos preventivos, prohibiciones de enajenar y gravar, secuestros de bienes o restitución de cualquier tipo.

Tampoco contiene disposición alguna sobre: inhabilitación políticas para ejercer cargos públicos, sanciones a medios de comunicación clausurados, indemnización por perjuicios patrimoniales, creación de comisión de verdad y reparación, ni mecanismos de compensación del Estado.

NOTA TECNICA: La extinción de la acción civil prevista en el Art. 10 se refiere únicamente a las acciones surgidas de los hechos delictivos amnistiados —es decir, las reclamaciones civiles derivadas del ilícito penal extinguido—, no a las privaciones patrimoniales que tuvieron su fundamento autónomo en instrumentos como la Ley de Extinción de Dominio, la Ley contra la corrupción o medidas cautelares dictadas en investigaciones separadas.

C. Cuadro comparativo: lo pedido vs. lo aprobado

III. LOS INSTRUMENTOS LEGALES QUE SUSTENTARON LAS PRIVACIONES PATRIMONIALES

Para plantear cualquier acción de restitución, es imprescindible identificar con precisión el instrumento jurídico bajo el cual se produjo la privación. En Venezuela operaron al menos seis régimen es legales distintos:

1. Ley Orgánica de Extinción de Dominio (GO N 6.745 — 28/04/2023)

Este instrumento permite al Estado extinguir el derecho de dominio sobre bienes sin necesidad de condena penal previa, bastando la presunción de origen o destinación ilícita. El proceso es autónomo e independiente del proceso penal, lo que significa que la extinción de la acción penal por amnistía NO arrastra automáticamente la extinción del proceso de dominio.

Este es el riesgo más grave para afectados que se acojan a la amnistía: pueden recuperar su libertad y limpiar sus antecedentes, pero el proceso de extinción de dominio sobre sus bienes seguirá su curso ante el tribunal especializado correspondiente, a menos que se impulse expresamente su terminación.

2. Medidas cautelares reales en procesos penales

El Código Orgánico Procesal Penal (COPP) permite al fiscal y al juez de control dictar medidas cautelares sobre bienes: embargo preventivo, secuestro de bienes, prohibición de enajenar y gravar, inmovilización de cuentas. Estas medidas son instrumentales al proceso penal: si el proceso se extingue por amnistía (Art. 10 de la ley), en principio las medidas reales deben cesar.

Sin embargo, la ley no lo dice expresamente, y la práctica indica que los jueces exigen solicitud formal de parte para levantar cada medida individualmente, con el riesgo de que algunos tribunales interpreten que la extinción es solo de la acción penal propiamente dicha y no de sus medidas accesorias.

3. Ley contra la corrupción

El artículo 9 de la Ley de Amnistía excluye expresamente los delitos previstos en la Ley contra la corrupción. Esto tiene una consecuencia patrimonial directa y crítica: quienes fueron investigados o condenados bajo esta ley —incluyendo muchos funcionarios, empresarios y contratistas públicos acusados por motivos políticos— no pueden acogerse a la amnistía, y por lo tanto sus bienes confiscados tampoco se ven afectados por ella.

Esta es la exclusión más amplia en términos patrimoniales, dado que la corrupción fue el delito estándar utilizado para perseguir a opositores políticos con apariencia de legalidad.

4. Inhabilitación para ejercer el comercio

La condena por ciertos delitos en Venezuela lleva aparejada, como pena accesoria, la inhabilitación para ejercer el comercio, la industria o el ejercicio profesional por tiempo determinado. Aunque la amnistía extingue la pena principal, la ley no establece expresamente si las penas accesorias también quedan extinguidas, lo que genera incertidumbre para quienes perdieron permisos, licencias o habilitaciones profesionales.

5. Medidas administrativas sobre empresas

Durante los años de chavismo, el SENIAT, el INDEPABIS, la Superintendencia de Bancos y otros organismos dictaron medidas administrativas sobre empresas: cierres temporales, intervenciones, suspensión de licencias, multas administrativas. Estas actuaciones tienen una naturaleza administrativa, no penal, por lo que la amnistía penal no las toca. Requieren acciones contencioso-administrativas separadas.

6. Expropiaciones y nacionalizaciones

Las expropiaciones formales y las nacionalizaciones del período chavista constituyen el caso más complejo. Son actos de derecho público con fundamento constitucional (Art. 115 CRBV) que establecen la obligación de indemnización justa. La mayoría de esas indemnizaciones nunca se pagaron o fueron pagadas en condiciones injustas. La amnistía no menciona este universo, que requiere acciones indemnizatorias ante la jurisdicción contencioso-administrativa o arbitraje internacional según el caso.

IV. HOJA DE RUTA PRÁCTICA: LAS ACCIONES QUE DEBEN ACTIVARSE

Ante el silencio de la ley, la estrategia jurídica para la restitución patrimonial debe construirse articulando múltiples vías de manera simultánea y coordinada. A continuación, se desarrolla la hoja de ruta que Venfort Abogados recomienda para cada tipo de afectación.

PASO 1 — Auditoría patrimonial y clasificación de la afectación

Antes de iniciar cualquier acción, es indispensable realizar un mapeo completo del patrimonio afectado que permita: (i) identificar el instrumento jurídico que fundamento cada privación; (ii) clasificar los bienes según si la privación fue penal, administrativa, civil o de extinción de dominio; (iii) determinar si los hechos que originaron la afectación están o no cubiertos por la amnistía; y (iv) localizar los expedientes en los tribunales o entes administrativos correspondientes.

Esta auditoría es el punto de partida no negociable. Sin ella, cualquier acción jurídica corre el riesgo de fundarse en premisas erróneas.

PASO 2 — Para bienes afectados por medidas cautelares reales en procesos amnistiados

Si el proceso penal que sustento la medida está cubierto por los hechos del artículo 8 de la ley, el mecanismo es el siguiente:

1. Solicitar formalmente al tribunal de control o de juicio competente el decreto del sobreseimiento por amnistía, conforme al artículo 11 de la ley (plazo: 15 días continuos).
2. En la misma solicitud o en escrito separado, pedir expresamente el levantamiento de todas las medidas cautelares reales dictadas en el proceso: embargo, prohibición de enajenar y gravar, secuestro, inmovilización de cuentas, y cualquier otra restricción acordada.
3. Fundamentar esta solicitud en el artículo 10 de la ley (‘cesan todas las medidas que hayan sido acordadas’), en el artículo 242 del COPP (carácter instrumental de las medidas cautelares) y en el principio de accesoriedad: la medida real no puede subsistir una vez extinguida la acción principal que le dio vida.
4. Si el tribunal se niega a levantar las medidas reales al decretar el sobreseimiento, interponer recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones correspondiente, con efecto devolutivo conforme al artículo 12 de la ley.
5. Paralelamente, gestionar ante el Registro Inmobiliario, el SENIAT, la Oficina de Registros Mercantiles y demás entes el levantamiento de las anotaciones y márgenes registrales, aportando la sentencia de sobreseimiento como instrumento suficiente.

PASO 3 — Para bienes sometidos a Extinción de Dominio

Este es el escenario más complejo y el que requiere mayor urgencia, dado que el proceso de extinción de dominio es autónomo e independiente del proceso penal. Las acciones son:

6. Comparecer ante el Tribunal Especializado de Extinción de Dominio con la sentencia de sobreseimiento del proceso penal como elemento de prueba, argumentando que el origen lícito de los bienes ha quedado demostrado con la extinción de la acción penal.
7. Solicitar la suspensión del proceso de extinción de dominio mientras se tramita la acción de restitución, invocando conexidad de la causa y riesgo de decision contradictoria entre el tribunal penal y el tribunal de extinción de dominio.
8. Presentar pruebas documentales sobre el origen lícito de los bienes: declaraciones de renta, facturas de adquisición, contratos de compraventa, estados financieros auditados, registros mercantiles y cualquier otro elemento que acredite la licitud patrimonial.
9. Si el tribunal de extinción de dominio no paraliza el proceso, acudir a la Sala Constitucional del TSJ en amparo, invocando la vulneración del derecho a la defensa, al debido proceso y a la propiedad privada (Arts. 49 y 115 CRBV), con medida cautelar innominada para suspender el remate o transferencia de los bienes.

NOTA TECNICA IMPORTANTE: El proceso de extinción de dominio tiene sus propios lapsos y plazos preclusivos, independientes del proceso penal. La inactividad del afectado puede derivar en la consolidación definitiva de medidas sobre sus bienes, incluso cuando el proceso penal subyacente haya sido sobreseído por amnistía. La atención oportuna a estos procesos es indispensable.

PASO 4 — Para bienes afectados por la Ley contra la corrupción

Al estar excluidos expresamente de la amnistía, estos casos requieren una estrategia distinta que no puede apoyarse en la ley del 19 de febrero. Las vías son:

• Revisión de sentencia ante la Sala Penal del TSJ si la condena se basó en pruebas obtenidas ilegalmente o en violación del debido proceso, invocando el artículo 49 CRBV y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Venezuela.
• Acción de nulidad contencioso-administrativa si la confiscación tuvo un componente administrativo, ante la Sala Político-Administrativa.
• Peticion ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o ante la Comisión de Determinación de Hechos de la ONU, documentando el carácter político de la persecución y la desproporción de la medida patrimonial.
• Arbitraje internacional si el afectado es un empresario extranjero o socio de empresa con capital extranjero, bajo los tratados bilaterales de inversión (TBI) suscritos por Venezuela o bajo las reglas CIADI.

PASO 5 — Para medidas administrativas sobre empresas y licencias

Las medidas dictadas por entes administrativos (SENIAT, SUDEBAN, INDEPABIS, SUNDECOP y similares) tienen su propia vía de impugnación:

10. Recurso de reconsideración ante el mismo órgano que dicto la medida, si aún está dentro del lapso legal.
11. Recurso jerárquico ante el superior jerárquico del órgano, si el recurso de reconsideración fue declarado sin lugar o no fue decidido en el lapso.
12. Recurso contencioso-administrativo de nulidad ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo competente, si la vía administrativa se agotó, con solicitud de amparo cautelar para suspender los efectos del acto impugnado mientras dura el proceso.
13. En el escrito de nulidad, documentar con precisión el nexo entre la medida administrativa y la persecución política del proceso penal sobreseído, para fundamentar la desviación de poder como vicio del acto administrativo.

PASO 6 — Para expropiaciones e indemnizaciones impagas

Las expropiaciones formales son las que presentan mayor complejidad institucional y política. La hoja de ruta es:

14. Verificar si existió un decreto expropiatorio formal publicado en Gaceta Oficial y si se realizó el avalúo y pago de la indemnización justa exigida por el Art. 115 CRBV.
15. Si el pago no se realizó o fue manifiestamente insuficiente, interponer acción de indemnización por expropiación irregular ante la Sala Político-Administrativa del TSJ.
16. Documentar el valor real del bien al momento de la expropiación con peritos independientes, informes bancarios, avalúos catastrales e índices de inflación para la actualización monetaria.
17. Para empresas con socios extranjeros, evaluar la vía arbitral internacional como alternativa más eficiente y predecible que la vía judicial interna venezolana.

V. EL ARGUMENTO CONSTITUCIONAL: LA BASE SOLIDA PARA LAS RECLAMACIONES

Aunque la Ley de Amnistía no reconoce el derecho a la restitución, la Constitución venezolana de 1999 sí lo hace, y con jerarquía superior a cualquier ley ordinaria. Los fundamentos constitucionales son:

La combinación del artículo 49.8 (reparación por actuaciones judiciales ilegales) con el artículo 140 (responsabilidad patrimonial del Estado) y el artículo 115 (propiedad privada) construye un triángulo constitucional que fundamenta de manera sólida una acción de indemnización por las privaciones patrimoniales derivadas de persecuciones políticas, con independencia de lo que diga o deje de decir la Ley de Amnistía.

CLAVE ESTRATÉGICA: El sobreseimiento por amnistía es, en sí mismo, un reconocimiento implícito de que la persecución penal no debía haberse iniciado o no tenía fundamento suficiente para prosperar. Ese reconocimiento puede y debe utilizarse como prueba del carácter ilegal o desviado de las medidas patrimoniales que instrumentalizaron esa persecución.

VI. LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL: CUANDO LA VÍA INTERNA NO ES SUFICIENTE

Para afectados que agoten la vía interna sin resultado o que desconfíen estructuralmente de los tribunales venezolanos —y hay razón fundada para hacerlo, dado que Venezuela ocupa el último lugar mundial en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project desde hace una década— existen vías internacionales que deben activarse en paralelo:

A. Sistema Interamericano de Derechos Humanos

La CIDH puede conocer casos de privación patrimoniales que constituyan violaciones al artículo 21 de la Convención Americana (propiedad) y al artículo 8 (garantías judiciales). Condición: agotar previamente los recursos internos o demostrar que dichos recursos son ineficaces, lo cual en el contexto venezolano actual puede acreditarse documentalmente.

El precedente más relevante es la serie de casos contra Venezuela ante la Corte IDH por expropiaciones y persecuciones empresariales durante el período chavista, donde la Corte condenó al Estado venezolano a indemnizar y a reintegrar los bienes o su valor equivalente.

B. Arbitraje Internacional bajo TBI

Venezuela suscribió más de treinta Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) con distintos países. Aunque el país denunció el convenio CIADI en 2012, los TBI pueden contener cláusulas de solución de controversias alternativas (UNCITRAL, CCI, CPA) que mantienen vigencia. Para empresas con capital o socios extranjeros de países con TBI vigente con Venezuela, el arbitraje internacional es frecuentemente la vía más eficiente y la que genera mayor presión sobre el Estado.

C. Acción ante la Corte Penal Internacional

La CPI tiene abierta una investigación formal sobre Venezuela desde noviembre de 2021, centrada en crímenes contra la humanidad. Aunque la CPI no tiene competencia para ordenar restitución de bienes directamente, una eventual condena o avance del proceso genera presión política y jurídica sobre las autoridades venezolanas que puede coadyuvar con los procesos internos de restitución.

VII. CRONOGRAMA ESTRATÉGICO RECOMENDADO

La naturaleza simultánea de las acciones requeridas y la existencia de lapsos preclusivos hace que el tiempo sea un factor crítico. El siguiente esquema resume las prioridades temporales:

VIII. LO QUE DEBERÍA HACER EL LEGISLADOR: LA REFORMA QUE LA LEY NECESITA

La amnistía aprobada es un primer paso, pero resulta insuficiente. Desde la perspectiva técnica jurídica, la Asamblea Nacional debería complementarla con un conjunto de instrumentos normativos adicionales que Venfort Abogados propone como agenda legislativa mínima para una restitución patrimonial efectiva:

• Decreto legislativo de levantamiento automático de medidas cautelares reales en todos los procesos sobreseídos por amnistía, con efecto erga omnes y sin necesidad de solicitud individual.
• Reforma de la Ley de Extinción de Dominio para establecer un mecanismo expedito de revisión de los procesos abiertos contra personas beneficiadas por la amnistía, con inversión de la carga de la prueba a favor del afectado.
• Ley de Reparación Patrimonial a Víctimas de Persecución Política, que establezca un fondo estatal de indemnización, criterios objetivos de valuación de los daños y un procedimiento administrativo simplificado para la reclamación.
• Reforma del artículo 9 de la Ley de Amnistía para excluir de la categoría ‘corrupción’ los casos en que se demuestre que la acusación fue instrumentalizada con fines políticos.
• Derogación de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio o, al menos, reforma que exija condena penal firme como presupuesto necesario para la extinción del dominio, eliminando el procedimiento autónomo que permite actuar sin sentencia previa.

IX. CONCLUSIÓN: EL PATRIMONIO NO SE AMNISTIA SOLO

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática del 19 de febrero de 2026 es un instrumento valioso, pero radicalmente incompleto. En materia patrimonial, su silencio es estruendoso: no hay un solo articulado que ordene devolver lo que el Estado tomó.

Esa omisión no convierte el reclamo en imposible. La Constitución venezolana, los tratados internacionales de derechos humanos y el bloque de principios del derecho público ofrecen fundamentos sólidos para acciones de restitución e indemnización que son exigibles hoy mismo, con o sin apoyo expreso de la ley de amnistía.

La clave está en la estrategia: no existe una vía única, sino un conjunto de acciones que deben activarse de manera coordinada, en los plazos correctos y ante las instancias correctas. La inactividad tiene un costo altísimo: la preclusión de plazos, la consolidación de medidas que deberían haberse levantado y la pérdida definitiva de bienes que aún pueden recuperarse.

El momento de actuar es ahora. El Estado venezolano está en un proceso de transformación cuya velocidad e intensidad son inciertas. La ventana de oportunidad para plantear reclamaciones patrimoniales con respaldo político e institucional es estrecha y puede cerrarse antes de lo esperado.

Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico.

SOBRE EL AUTOR

El Dr. Alan Aldana es Socio Fundador de VENFORT ABOGADOS, firma especializada en Derecho Penal Internacional y Penal Económico con presencia en España y Venezuela. Con más de dos décadas de trayectoria en la defensa de clientes de alto perfil, está acreditado ante la Corte Penal Internacional y ha participado en casos de referencia internacional como los Panamá Papers, la crisis financiera de 2009 y el caso ODEBRECHT (2023).

Representa a firmas legales de Reino Unido, Portugal, Francia, Bélgica, Singapur, Dubái, Colombia, Estados Unidos, Panamá y República Dominicana. Es vocal de la Fundación Aldana, articulista y conferencista internacional en derechos humanos, derecho penal económico e internacional.

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