Marco jurídico, jurisprudencia verificada y estrategia de defensa ante la Audiencia Nacional.

El Tratado de Extradición entre España y El Salvador: marco jurídico vigente

Las relaciones en materia de extradición entre el Reino de España y la República de El Salvador se rigen por el Tratado bilateral firmado en Madrid el 10 de marzo de 1997, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 13 de febrero de 1998 y en vigor desde el 4 de febrero de 1998. Con carácter supletorio, resulta aplicable la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva (LEP), la Constitución Española (artículo 13.3) y los compromisos internacionales asumidos por España en materia de derechos humanos, en particular el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

El Tratado establece, como punto de partida, una obligación recíproca de entrega de personas reclamadas para su enjuiciamiento o cumplimiento de condena. Sin embargo, esa obligación no es absoluta. El propio instrumento bilateral incorpora límites claros y vinculantes que la Audiencia Nacional aplica con pleno rigor.

Causas de denegación previstas en el artículo 7.1 del Tratado

El artículo 7.1 del Tratado contempla las siguientes causas de denegación obligatoria de la extradición, entre otras:

• Apartado d): cuando existan motivos fundados para considerar que la solicitud obedece a fines de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas.
• Apartado f): cuando existan motivos fundados para considerar que la persona reclamada podría ver vulnerados sus derechos fundamentales, en particular las garantías del debido proceso y el derecho a un juicio justo.
• Prescripción del delito o de la pena conforme a la legislación de cualquiera de las dos Partes.
• Non bis in idem: cuando la persona ya ha sido juzgada o está siendo procesada en el Estado requerido por los mismos hechos.

El artículo 7.2: principio de no impunidad

El artículo 7.2 del Tratado prevé un mecanismo de cooperación reforzada de enorme valor estratégico: cuando la extradición sea denegada por alguna de las causas del artículo 7, la Parte requerida, a solicitud de la Parte requirente, someterá el asunto a sus autoridades competentes para que, si procede conforme a su ordenamiento jurídico, se valore el ejercicio de la acción penal.

Este precepto refleja el compromiso bilateral con el principio de no impunidad: la denegación no equivale al cierre del caso, sino a la activación de una vía alternativa de persecución penal que, correctamente articulada, puede ser más efectiva que la propia extradición.

El criterio dominante de la Audiencia Nacional: vulneración de derechos humanos

La jurisprudencia reciente de la Audiencia Nacional ha consolidado una tendencia inequívoca: la mayoría de las denegaciones de extradición hacia El Salvador se fundamentan en el riesgo de vulneración de derechos fundamentales del reclamado, directamente vinculado al estado de excepción vigente en el país centroamericano de forma ininterrumpida desde marzo de 2022.

Auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal (mayo de 2024)

En un pronunciamiento de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en línea con lo solicitado por la Fiscalía, el tribunal denegó la extradición de un ciudadano reclamado por El Salvador por pertenencia a organización criminal, al constatar que existía una situación excepcional derivada del prolongado estado de excepción. La Sala consideró que proceder a la entrega implicaría amparar posibles situaciones de grave riesgo para la vida e integridad física del reclamado.

La fundamentación del auto se apoyó en los siguientes elementos:

1. La constatación, como dato objetivo y fehaciente, de la existencia de una situación excepcional o extraordinaria, consecuencia del proclamado y reiterado estado de excepción en la República de El Salvador.
2. El comunicado de Amnistía Internacional de abril de 2023, que denunció la comisión de graves violaciones de derechos humanos de forma sistemática desde la aprobación del régimen de excepción.
3. Artículos periodísticos recientes que revelaban, según la Sala, una situación de quiebra de los derechos humanos en el país requirente.
4. Las circunstancias personales del reclamado y su conexión con las organizaciones cuya persecución motivó la declaración del estado de excepción.

La base jurídica invocada fue el artículo 7.1, apartados d) y f), del Tratado bilateral.

Doctrina del Tribunal Constitucional: exigencia de concreción

Es jurídicamente esencial precisar que el Tribunal Constitucional ha establecido un estándar riguroso para la denegación por motivos de derechos humanos: las alegaciones del reclamado no pueden ser meramente genéricas sobre la situación del país, de las prisiones o el respeto a los derechos humanos. Deben aportarse elementos determinados y concretos que sirvan de apoyo razonable a la argumentación.

Este estándar exige una construcción probatoria profesional, rigurosa e individualizada. La defensa genérica no funciona. La defensa eficaz, sí.

La evidencia internacional: CIDH, Amnistía Internacional y documentación verificada

El contexto de El Salvador está documentado por múltiples organismos internacionales cuya autoridad la propia Audiencia Nacional ha reconocido como fuente válida de prueba. Los principales informes son:

Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, junio de 2024)

La CIDH publicó en 2024 un informe específico (OEA/Ser.L/V/II, Doc. 97/24) sobre el estado de excepción y los derechos humanos en El Salvador, en el que documentó:

• Demora en el control judicial de las detenciones.
• Ineficacia del recurso de habeas corpus.
• Falta de elementos probatorios para apoyar los cargos imputados.
• Abusos en la imposición de la prisión preventiva.
• Realización de audiencias judiciales masivas.
• Limitaciones en el ejercicio del derecho de defensa y de las garantías judiciales.

En agosto de 2025, la CIDH reiteró su preocupación por la prolongación excesiva del régimen de excepción, documentando más de 88.000 personas detenidas desde marzo de 2022 y aproximadamente 7.000 casos documentados de violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, tortura y la muerte de más de 400 personas privadas de libertad bajo custodia estatal.

Amnistía Internacional (2023)

El comunicado de Amnistía Internacional de abril de 2023 denunció la comisión de graves violaciones de derechos humanos de forma sistemática desde la aprobación del régimen de excepción. Este documento fue expresamente citado por la Audiencia Nacional como fundamento de su decisión denegatoria.

Estos informes no son meras opiniones. Son prueba documental que la Audiencia Nacional ha aceptado como fundamento de sus resoluciones.

El principio de non-refoulement en la práctica extradicional española

La Audiencia Nacional ha integrado en su práctica extradicional el principio de no devolución (non-refoulement), propio del Derecho internacional de los derechos humanos, como límite infranqueable a la entrega. Este principio, consagrado en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), prohíbe la entrega de una persona a un Estado donde exista un riesgo real de:

• Tortura.
• Tratos inhumanos o degradantes.
• Procesos sin garantías mínimas del debido proceso.

La Sala ha sido categórica: en los supuestos de peligro de vulneración de derechos fundamentales, la autoridad española no es ajena al destino del extraditado, sino que debe prevenir la vulneración antes de que se produzca. Es el Tribunal, en la vía jurisdiccional, quien debe preservar esos derechos, sin dejar tal posibilidad al Gobierno en el caso de haber accedido a la entrega.

El control judicial prevalece sobre la decisión gubernativa. Esta es una garantía fundamental del sistema español que todo reclamado debe conocer y que toda defensa debe activar.

El uso instrumental del proceso penal: lawfare empresarial y persecución selectiva

Más allá de los supuestos clásicos de vulneración de derechos humanos, la práctica reciente ha puesto de manifiesto una realidad que afecta directamente a empresarios, directivos y familias de alto patrimonio: la utilización del proceso penal como instrumento de presión económica o política, fenómeno conocido en la doctrina internacional como lawfare.

En el contexto de El Salvador, este fenómeno puede manifestarse cuando la solicitud de extradición responde, en realidad, a:

• Conflictos societarios o contractuales en los que una de las partes instrumentaliza el sistema penal.
• Disputas por activos estratégicos o reconfiguraciones políticas internas.
• Persecución selectiva de empresarios que resultan incómodos para determinados intereses.
• Procedimientos penales que carecen de base probatoria suficiente y cuya finalidad real no es la justicia, sino la presión.

Desde la perspectiva del Derecho español, las herramientas jurídicas para combatir este tipo de solicitudes son concretas:

5. Artículo 7.1.d) del Tratado bilateral: prohíbe la extradición cuando existan motivos fundados para creer que la solicitud busca perseguir a la persona por razones políticas o similares.
6. Artículo 4 de la Ley 4/1985, de Extradición Pasiva: excluye la extradición por delitos políticos, entendidos en sentido amplio.
7. Artículo 5.1 de la LEP: deniega la extradición cuando la solicitud esté motivada por consideraciones de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o cuando la situación de la persona pueda verse agravada por tales razones.
8. Doctrina del TEDH: la jurisprudencia de Estrasburgo refuerza la protección cuando se acredita que el procedimiento penal en el Estado requirente no cumple los estándares mínimos de independencia judicial y debido proceso.

El concepto de lawfare, aunque no aparece como tal en la legislación española, encuentra su anclaje jurídico directo en estos preceptos. La clave está en construir la prueba que acredite la instrumentalidad de la persecución.

Estrategia de defensa: cómo se gana una extradición en España

Una defensa eficaz en extradiciones vinculadas a El Salvador debe estructurarse en tres niveles complementarios:

1. Construcción probatoria internacional

• Informes de organismos internacionales (CIDH, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, ACNUDH).
• Documentación sobre condiciones penitenciarias y régimen de excepción.
• Peritajes especializados en derechos humanos, elaborados por expertos con credibilidad ante la Audiencia Nacional.
• Informes de país de fuentes oficiales (Departamento de Estado de EE. UU., informes de la UE).

2. Análisis individualizado del riesgo

El Tribunal Constitucional exige que la defensa no se limite a alegaciones genéricas. Es imprescindible demostrar cómo la situación del país afecta personalmente al reclamado: su perfil empresarial, su exposición política, su historial con las autoridades salvadoreñas, las circunstancias concretas de la imputación y el riesgo específico que enfrenta.

3. Desactivación del procedimiento de origen

• Identificación de irregularidades procesales en el expediente penal salvadoreño.
• Evidencia de persecución selectiva o motivación política.
• Argumentación técnica de lawfare empresarial con soporte probatorio.
• Insuficiencia probatoria de la solicitud: descripción imprecisa de hechos, ausencia de indicios racionales de criminalidad.

VENFORT Abogados: defensa penal internacional con visión estratégica

VENFORT Abogados ha desarrollado una práctica altamente especializada en la defensa de personas reclamadas en extradición por países de América Latina, con una experiencia particularmente relevante en el eje España-Centroamérica y España-Sudamérica. La firma opera desde sus sedes en Madrid y Caracas y representa a firmas de abogados y clientes institucionales en quince jurisdicciones: Portugal, Andorra, Francia, Reino Unido, Colombia, Panamá, República Dominicana, Estados Unidos, Bélgica, Angola, Dubái, Mozambique y Singapur.

El Departamento de Derecho Penal Internacional de VENFORT, aporta una experiencia singular y verificable:

• Abogados acreditados ante la Corte Penal Internacional con más de veinte años de experiencia.
• Certificados en sanciones OFAC por la Florida International University.
• Formación en negociación y liderazgo por Harvard y Yale.
• Intervención en procedimientos de extradición de alta complejidad ante la Audiencia Nacional.
• Impugnación de difusiones rojas de INTERPOL ante la Comisión de Control de los Ficheros (CCF).
• Asesoría a gobiernos, cancillerías, embajadas y representaciones diplomáticas de países latinoamericanos y escandinavos.
• Defensa en casos internacionales de gran relevancia, incluidos los Panama Papers, la crisis financiera de 2009 y el caso Odebrecht, Asesorías a Estados en Procesos ante la Corte Penal Internacional, a Multinacionales en mitigación de impactos legales y defensa de Lawfare.

Su enfoque combina técnica penal rigurosa ante la Audiencia Nacional, comprensión geopolítica del contexto del país requirente y gestión estratégica de la reputación del cliente, tres dimensiones que en la práctica resultan inseparables.

VENFORT ha asesorado, bajo estricta confidencialidad, a representaciones diplomáticas, cancillerías, procuradurías generales y ministerios públicos de diversos países en la estructuración de estrategias de cooperación penal internacional, incluyendo la activación de mecanismos convencionales como el artículo 7.2 de tratados bilaterales tras la denegación de solicitudes de extradición en España.

Conclusión: la extradición ya no es un trámite, es un litigio estratégico

La práctica actual demuestra que la extradición hacia El Salvador no es automática, no depende exclusivamente del Tratado bilateral y requiere un análisis profundo de derechos humanos, contexto político y circunstancias individuales del reclamado.

La clave no está en discutir únicamente el delito imputado. Está en responder, con evidencia concreta y técnicamente rigurosa, a una pregunta esencial:

¿Puede España garantizar que la persona será juzgada con respeto pleno a sus derechos fundamentales?

Cuando la respuesta es negativa, la extradición debe ser denegada. Y cuando la extradición se deniega, el principio de no impunidad obliga a explorar alternativas que el propio Tratado prevé.

Para el empresario, el directivo o la familia de alto patrimonio que enfrenta una solicitud de extradición, la defensa eficaz no solo protege la libertad del reclamado: protege su reputación, su patrimonio y su posición internacional.

VENFORT Abogados está preparada para acompañarle en ese camino, con el rigor técnico, la experiencia acreditada y la capacidad de reacción inmediata que estos casos exigen. हमसे संपर्क करें।.

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Corte Penal Internacional • Sanciones internacionales • Lawfare empresarial

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