Por: Dr. Alan Aldana
Partner · Abogado acreditado ante la Corte Penal Internacional.

La primera línea ya no es el campo de batalla. Es la sala de juntas.

El mundo empresarial ha entrado en una fase nueva. La volatilidad geopolítica, los regímenes de sanciones internacionales, el litigio de carácter activista y las campañas de desprestigio coordinadas han transformado de raíz el mapa de riesgos de las corporaciones multinacionales.

Hoy, la amenaza más grave para una empresa no es únicamente comercial. Es jurídica, reputacional y, cada vez con mayor frecuencia, personal. Un contrato adjudicado en una jurisdicción sensible puede ser impugnado ante un tribunal europeo. Una concesión en un país bajo sanciones puede activar una exposición en Washington. Una operación logística en una zona de conflicto puede quedar sometida al escrutinio simultáneo de múltiples jurisdicciones, reguladores y plataformas mediáticas.

Y lo más determinante: la exposición ya no se limita a la sociedad. Alcanza a sus consejeros, a sus ejecutivos y a quienes toman las decisiones.

Lawfare: cuando el derecho se convierte en arma

El concepto de lawfare —el uso calculado de procedimientos judiciales, marcos regulatorios y mecanismos institucionales para dañar a un rival comercial, desestabilizar una inversión o forzar un resultado político— ha dejado de ser una noción teórica. Es un instrumento operativo que ya afecta a empresas de todos los sectores.

Este fenómeno resulta especialmente visible en zonas de conflicto y territorios en disputa, jurisdicciones sujetas a sanciones de la OFAC, la Unión Europea o el Reino Unido, países en transición política o institucional, y sectores altamente competitivos donde el litigio se emplea para desplazar a un adjudicatario.

Imaginemos una corporación industrial europea, con décadas de trayectoria y una facturación de miles de millones, que resulta adjudicataria preferente de un gran contrato público en otro Estado miembro. En cuestión de semanas, sus competidores interponen recursos administrativos. De forma simultánea, coaliciones de organizaciones no gubernamentales publican informes coordinados alegando complicidad en violaciones del derecho internacional humanitario. Se formulan preguntas parlamentarias. Los inversores institucionales reciben cartas exigiendo la desinversión. El contrato queda suspendido.

La empresa no ha cometido ninguna ilegalidad. Pero no contaba con un dictamen preventivo de derecho penal internacional, ni con un protocolo de respuesta estratégica frente a campañas coordinadas, ni con asesores posicionados con antelación en las jurisdicciones donde se materializaron los ataques.

El resultado: una crisis que habría podido evitarse con la arquitectura jurídica adecuada terminó por paralizar una operación estratégica, dañar la reputación de la compañía y exponer personalmente a sus consejeros.

Lo que está en juego

Los riesgos que ya enfrentan las grandes corporaciones incluyen la exclusión de la contratación pública internacional por presuntas violaciones de derechos humanos, la exposición personal de consejeros y directivos bajo doctrinas de jurisdicción universal, las difusiones rojas de INTERPOL utilizadas como palanca política o comercial, la exposición a sanciones bajo múltiples regímenes simultáneos, y los ataques reputacionales coordinados diseñados para forzar la desinversión o crear las condiciones para una acción regulatoria hostil.

No se trata de un riesgo hipotético. Es la realidad operativa actual. Y lo que distingue a las organizaciones que sobreviven a este tipo de crisis de las que no, es una sola decisión: haber construido su defensa antes de necesitarla.

La respuesta: protección antes de la crisis

Los que comprenden esta realidad no reaccionan ante las crisis. Construyen la arquitectura jurídica necesaria para resistirlas antes de que se produzcan.

VENFORT fue concebida para este entorno. La firma integra dos disciplinas que rara vez operan de forma conjunta pero que resultan imprescindibles cuando la exposición se materializa en varias jurisdicciones de forma simultánea: la defensa penal internacional y la navegación estratégica del derecho internacional de los derechos humanos.

Esa combinación permite a VENFORT ofrecer lo que pocas firmas pueden: dictámenes preventivos que descartan hipótesis de complicidad antes de que se formulen, impugnaciones especializadas ante la Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL, marcos de diligencia debida validados por los mecanismos de la OCDE, estrategias de defensa en procedimientos de extradición ante múltiples jurisdicciones, y coordinación de equipos multijurisdiccionales en asuntos que abarcan simultáneamente Europa, América, Oriente Medio y jurisdicciones offshore.

Nuestro alcance geográfico refleja las jurisdicciones donde surgen los problemas más complejos: España, Venezuela, Colombia, México, Panamá, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Bélgica, Francia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y Singapur.

Reflexión final

El derecho internacional evoluciona más rápido de lo que las estructuras de gobierno corporativo pueden asimilar. Los informes de Naciones Unidas se emplean como prueba en litigios mercantiles. Los marcos de sanciones reconfiguran los sistemas financieros. Las narrativas reputacionales condicionan las decisiones regulatorias.

La pregunta ya no es si su organización se enfrentará a una exposición de esta naturaleza.

La pregunta es si estará preparada cuando eso ocurra.

Consulta confidencial: contacto@venfort.com

VENFORT By Aldana & Abogados · Madrid · Caracas · Presencia en 15 jurisdicciones.

Defensa penal internacional · Extradiciones · INTERPOL · Sanciones · Lawfare corporativo