El 25 de junio de 2026, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) hizo algo que pocas veces ocurre en el ámbito de la cooperación policial internacional: nombrar, con cifras y sin eufemismos, el mal uso del sistema de notificaciones de INTERPOL como una herramienta de represión transnacional.
Menos de un mes después, el 22 de julio de 2026, INTERPOL publicó la lista de veinte candidatos que se disputarán, en noviembre, los siete asientos de la Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL (CCF), el único órgano capaz de anular una notificación roja abusiva.
No es una coincidencia menor. Son dos aspectos del mismo problema: quién abusa del sistema y quién debe corregirlo. Para un empresario, un banquero o un directivo con exposición internacional, entender ambos frentes ya no es un ejercicio académico. Es información que puede anticipar una detención en un aeropuerto o evitar años de desgaste reputacional.
Lo que Europa advirtió en 2023 y repitió con más fuerza en 2026
Conviene ser precisos con las fechas, porque en un escrito de defensa la precisión cronológica es tan relevante como el argumento mismo. En junio de 2023, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ya había adoptado la Resolución 2509, sobre la base de un informe de Sir Christopher Chope (Reino Unido), advirtiendo sobre el riesgo que la represión transnacional representa para el Estado de derecho. Aquel texto no mencionaba a INTERPOL de forma central.
Tres años después, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea aprobó un nuevo informe, a partir del trabajo del diputado chipriota Constantinos Efstathiou, y el pleno de la Asamblea lo debatió y adoptó el 25 de junio de 2026: la Resolución 2669, titulada «Fighting Back Against Transnational Repression». Es esta Resolución 2669, y no la Resolución 2509, la que resulta directamente relevante para quien enfrenta o teme una notificación de INTERPOL.
Según los primeros análisis especializados que siguieron el debate, la votación se resolvió con 52 votos a favor, 5 en contra (la totalidad de la delegación del partido gobernante turco) y 7 abstenciones. Recomendamos, en cualquier caso, verificar esta cifra directamente contra el acta oficial de resultados en pace.coe.int antes de citarla en un escrito procesal.
Lo que sí resulta consistente entre las fuentes disponibles es el contenido. El nuevo texto de 2026 condena expresamente «el uso indebido de mecanismos legítimos de cooperación jurídica internacional, como el sistema de notificaciones de INTERPOL, las solicitudes de extradición, los marcos de asistencia judicial mutua y las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo». El texto se apoya en datos de Freedom House: al menos 1.375 incidentes documentados de represión transnacional desde 2014, atribuidos a 54 Estados y con víctimas en 107 países de acogida.
Turquía y Rusia figuran entre los Estados más señalados. Rusia, expulsada del Consejo de Europa en 2022, sigue generando preocupación por el levantamiento parcial de las medidas correctivas que el Comité Ejecutivo de INTERPOL le había impuesto.
La Asamblea recomienda además que los Estados miembros rechacen el acuerdo actualmente en discusión para ampliar las inmunidades legales de INTERPOL, y llama a designar puntos focales nacionales contra la represión transnacional.
Esta resolución no llega sola. Le precede la del Parlamento Europeo, aprobada el 13 de noviembre de 2025 por 512 votos a favor, 76 en contra y 52 abstenciones, sobre la protección de defensores de derechos humanos frente a la represión transnacional. Dos instituciones europeas distintas, el Consejo de Europa y la Unión Europea, han llegado a una conclusión convergente en menos de ocho meses.
Conviene ser precisos también sobre el alcance: ninguna de estas resoluciones vincula jurídicamente a la CCF ni ordena la anulación de ninguna notificación. Pero constituyen un elemento de contexto institucional de peso considerable. Cuando un abogado invoca ante la Comisión el artículo 3 de la Constitución de INTERPOL (que prohíbe cualquier intervención en asuntos de carácter político, militar, racial o religioso), ya no argumenta en el vacío. Lo hace respaldado por dos parlamentos europeos que han documentado, con cifras, el patrón de abuso que denuncia.
Siete asientos, veinte candidatos: la elección que decide quién controla su expediente
Los siete mandatos vigentes en la CCF expiran, todos a la vez, el 11 de marzo de 2027. La coincidencia se explica porque los siete miembros actuales fueron elegidos en el mismo ciclo, en 2022; lo habitual es que las renovaciones se escalonen, pero este año no será así. La elección se celebrará en la 94.ª Asamblea General de INTERPOL, en Hong Kong, del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2026.
El Comité Ejecutivo de INTERPOL aprobó veinte candidaturas procedentes de diecisiete países. Cinco de los siete miembros salientes buscan la reelección: la presidenta Teresa McHenry (Estados Unidos), Michel Forst (Francia), Hamza Es Said (Marruecos), Mohamed Kamara (Líbano) y Mohamed Elfadhel Miled (Túnez). Los otros dos miembros actuales, de Bélgica y el Reino Unido, no aparecen en la lista de candidatos. Eso garantiza dos asientos de representación enteramente nueva.
Entre los quince candidatos que hoy no forman parte de la Comisión figuran juristas y especialistas de Georgia, Camerún, Italia, Ucrania, México, Namibia, India, Turquía, los Países Bajos y el Reino Unido, entre otros países. Un dato relevante para la región: Argentina aporta al único candidato latinoamericano de los veinte, Ramiro Anzit Guerrero, director de Inteligencia Criminal de su país y antiguo oficial de la Secretaría General de INTERPOL en Lyon.
Michel Forst es, junto con la presidenta McHenry, uno de los perfiles de mayor proyección internacional entre quienes aspiran a un segundo mandato. Forst es miembro actual por Francia y fue Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
La selección no obedece a cuotas de nacionalidad: ningún país puede tener a más de un nacional en la CCF. Obedece, en cambio, a categorías de especialización exigidas por el Estatuto: cooperación policial internacional, derecho penal internacional, derechos humanos, protección de datos, tratamiento electrónico de información y experiencia judicial o fiscal de alto nivel. Cada categoría corresponde a uno de los siete asientos. El propio detalle de las candidaturas revela cuán desigual es la competencia dentro de cada categoría: solo dos de los veinte candidatos acreditan experiencia específica en protección de datos, la especialidad exigida para un único puesto, mientras que hasta seis candidatos con trayectoria judicial o fiscal senior se disputan la plaza reservada a ese perfil.
Hay un dato que interesa directamente a quien ha presentado, o está considerando presentar, una solicitud ante la CCF. El Estatuto de la Comisión fija mandatos de cinco años, renovables una sola vez por un período adicional de tres años. En la práctica, esto significa que quienes resulten elegidos por primera vez en Hong Kong permanecerán en el cargo hasta 2032, mientras que quienes sean reelegidos, previsiblemente entre ellos la presidenta McHenry, completarán un segundo y último mandato de solo tres años, hasta 2029. La propia arquitectura institucional de la CCF impide así la permanencia indefinida de sus miembros, lo que refuerza su independencia frente a cualquier país.
Un voto de confianza y una tarea pendiente en el eslabón nacional
Los veinte candidatos aprobados por el Comité Ejecutivo no compiten en igualdad de condiciones entre sí: cada uno acredita el perfil específico que exige su categoría: cooperación policial internacional, derecho penal internacional, derechos humanos, protección de datos, tratamiento electrónico de información o experiencia judicial o fiscal senior. Esa exigencia de especialización, asiento por asiento, es en sí misma un voto de confianza hacia la nueva Comisión: quien la integre a partir de marzo de 2027 llegará acreditado precisamente en la materia que le corresponderá juzgar.
Pero la CCF es, por diseño, la última instancia de control. La primera línea de defensa contra el abuso está mucho más atrás: en las Oficinas Centrales Nacionales (OCN) de cada país, que son las que introducen, o deberían rechazar, una solicitud de notificación roja o difusión antes de que esta llegue siquiera a la Secretaría General. Ninguna reforma de la CCF, por sofisticada que sea, sustituye el rigor que debe ejercerse en ese primer filtro.
Aporte personal del autor
Me permito, a título personal y tras más de dos décadas litigando estos casos, formular aquí una recomendación concreta. Las OCN deberían contar con protocolos internos, no solo con declaraciones de principios, para que un funcionario sometido a presión política indebida, dirigida a tramitar una solicitud sin el respaldo de un control judicial previo, pueda reportarlo por un canal interno protegido, sin temor a represalias. Ese reporte debería tener, además, consecuencias disciplinarias reales cuando el abuso se confirme. La formación especializada y ética de quienes deciden qué solicitud sale de un país hacia INTERPOL no es un lujo administrativo: es, a mi juicio, la inversión más rentable que puede hacer cualquier Estado para evitar que sus propias instituciones terminen respondiendo ante el Consejo de Europa.
En paralelo, conviene reforzar algo que ya documentamos en nuestro análisis de las reformas de 2025: desde entonces, la Secretaría General de INTERPOL desempeña un papel más activo en la revisión de conformidad antes de que una notificación se publique y quede visible para 196 países. Ese doble filtro, nacional y central, es en teoría la arquitectura correcta. Lo que exige el momento actual es que ambos eslabones, y no solo el segundo, operen con el mismo estándar de rigor.
La reforma silenciosa: menos plazos incumplidos, más agilidad en lo sencillo
Mientras se decide quién compone la CCF, la propia Comisión ha empezado a cambiar su forma de trabajar. Desde 2026 sustituye sus cuatro sesiones anuales de cinco días por tres sesiones más largas, de aproximadamente dos semanas cada una, distribuidas entre finales de enero, junio y septiembre-octubre. Es un programa piloto que responde a un dato preocupante: en 2024, hasta un 70% de las solicitudes de acceso no llegaron a resolverse dentro del plazo estatutario.
El cambio con mayor impacto práctico es la ampliación de la delegación de facultades al ponente y a la presidencia para los casos «apropiadamente no complejos», combinada con un mayor uso de revisiones remotas entre sesiones plenarias. Un expediente sencillo y bien documentado puede resolverse hoy sin esperar a que los siete miembros se reúnan en pleno. Es el caso, por ejemplo, de una notificación roja manifiestamente contraria al artículo 83 del Reglamento de Tratamiento de Datos de INTERPOL, por derivar de un conflicto administrativo, laboral o mercantil. Los casos complejos, políticamente sensibles o con indicios de persecución, en cambio, seguirán reservados a la deliberación completa de la Comisión.
Esta reforma se suma a la que ya analizamos en nuestro estudio de la 93.ª Asamblea General, celebrada en Marrakech en noviembre de 2025: desde 2024, los miembros de la CCF cuentan con hasta 80 días de trabajo remunerado al año (125 en el caso de la presidencia), frente a los 26 días anteriores. La conclusión práctica es doble. Los expedientes bien construidos, con un dossier técnico sólido desde el primer momento, tienen hoy una vía más rápida hacia una resolución favorable. Los casos complejos seguirán exigiendo paciencia, rigor probatorio y un acompañamiento constante ante la Secretaría de la Comisión.
Una comisión que se juega su propia credibilidad
No siempre fue así. En etapas anteriores, la integridad de la CCF fue objeto de cuestionamientos serios en foros especializados internacionales. Bajo la presidencia de Teresa McHenry, ese capítulo parece superado: según cifras que la propia INTERPOL ha hecho públicas, en 2024 el 40% de los datos examinados por la Comisión resultaron conformes con las normas de la organización, en el marco de una mejora sostenida en la calidad y la celeridad de las decisiones. Ningún país actualmente sujeto a medidas correctivas del Comité Ejecutivo de INTERPOL figura, además, entre los candidatos aprobados para 2026.
En VENFORT hemos representado ante la CCF a empresarios de alto patrimonio y a antiguos altos funcionarios de gobierno señalados mediante notificaciones fabricadas tras un cambio de poder político. Es el patrón clásico del lawfare transfronterizo. Esa experiencia directa ante la Comisión, sesión tras sesión, es la que permite anticipar cómo se leerá un expediente y qué argumentos realmente mueven una decisión, mucho antes de que el caso llegue a Hong Kong o a cualquier otra sede de la Asamblea General.
Es, en ese sentido, una buena noticia tanto para quienes buscan renovar su mandato como para quienes llegan por primera vez. A los cinco miembros que se postulan a la reelección hay que reconocerles algo que no es menor: haber sostenido, durante cinco años, un estándar de trabajo que hoy sirve de referencia para toda la organización. A los quince candidatos nuevos, la oportunidad de incorporar a la Comisión perfiles frescos justo en el momento en que dos parlamentos europeos han examinado, con datos y sin ambigüedad, el uso indebido de los mecanismos que la CCF está llamada a controlar. La experiencia acumulada y la renovación no compiten entre sí: ambas son, en última instancia, lo que sostiene la confianza institucional que un cliente necesita cuando su libertad de movimiento depende de la decisión de siete personas.
Tres preguntas frecuentes sobre su expediente ante la CCF
¿Existe apelación contra una decisión de la CCF que mantiene una notificación roja?
No. El Estatuto de la CCF no prevé una apelación en sentido estricto, sino una revisión (artículo 42) ante la propia Comisión, admisible solo cuando aparece un hecho nuevo que, de haberse conocido en su momento, habría podido cambiar la conclusión. El plazo para solicitarla es de seis meses desde el descubrimiento de ese hecho nuevo, no desde la fecha de la decisión original. En VENFORT recomendamos activar la revisión de inmediato cuando surja un elemento genuinamente nuevo dentro de ese plazo y, cuando no lo haya, valorar con calma si conviene esperar a la renovación de la composición de la Comisión, como la que asumirá funciones en marzo de 2027, antes de reiterar una solicitud sustancialmente idéntica ante los mismos siete miembros que ya la rechazaron.
¿Qué ocurre con los expedientes ya presentados mientras se renueva la composición de la CCF?
No se paralizan ni se reinician. Los siete miembros actuales siguen resolviendo casos hasta el final de su mandato, el 11 de marzo de 2027; a partir de esa fecha, los expedientes pendientes pasan a la nueva composición sin que el cambio, por sí solo, obligue a presentar una nueva solicitud. Distinto es que, ante una Comisión renovada, convenga reforzar el expediente con argumentos o elementos adicionales, algo que en VENFORT evaluamos caso por caso.
¿Toda notificación roja derivada de un conflicto laboral o mercantil es automáticamente inválida?
No de forma automática. El artículo 83 del Reglamento de Tratamiento de Datos de INTERPOL impide usar el sistema de notificaciones para hacer cumplir obligaciones derivadas de contratos privados, pero la Comisión exige que el carácter civil, laboral o mercantil del asunto se acredite caso por caso: no basta con alegarlo, hay que probarlo con el expediente. Es, precisamente, el tipo de caso «no complejo» que, bajo la reforma vigente desde 2026, el ponente o la presidencia pueden resolver sin esperar a que los siete miembros se reúnan en pleno.
Qué significa esto para usted
Para un empresario, un banquero o una familia con exposición internacional, estos dos desarrollos (la condena europea al abuso del sistema de INTERPOL y la renovación total de la CCF) no son noticias distantes. Son la señal de que el entorno en el que está en juego la reputación y la libertad de movimiento está cambiando, y de que quien actúe con anticipación y rigor técnico encontrará, en los próximos meses, una ventana más favorable que en años anteriores.
América Latina es, hoy, la región donde este patrón se repite con mayor frecuencia: cambios de gobierno seguidos de notificaciones fabricadas contra empresarios, banqueros y antiguos funcionarios de la administración saliente. Desde Caracas y Madrid, con una red de despachos aliados en Colombia, Panamá, República Dominicana y el resto de la región, coordinamos la estrategia ante la CCF desde el primer indicio de riesgo, no desde la detención en el aeropuerto. Esa misma arquitectura se extiende hoy hacia otras plazas donde la exposición patrimonial exige idéntica discreción, como el golfo Pérsico, y permite anticipar cómo un expediente será leído tanto por la Secretaría General de INTERPOL como por la nueva composición de la Comisión que asuma funciones en marzo de 2027.
La composición de la CCF cambiará en Hong Kong. Los estándares que exige, no cambiarán. Por eso la recomendación que hacemos a nuestros clientes sigue siendo la misma: actuar antes de que la notificación exista, no después.
Por el Dr. Alan Aldana · Managing Partner de VENFORT Abogados · Abogado acreditado ante la Corte Penal Internacional · Director del Comité Venezolano de la World Compliance Association
Consultation confidentielle: contacto[@]venfort.com
VENFORT By Aldana & Abogados · Madrid · Caracas · Presencia en 15 jurisdicciones Defensa penal internacional · Extradiciones · INTERPOL · Sanciones · Lawfare corporativo
Associé fondateur et Directeur du Département de Droit Pénal International de VENFORT Abogados. Avocat accrédité auprès de la Cour Pénale Internationale, avec plus de vingt ans d'expérience en matière d'extraditions, de procédures devant INTERPOL, de droit pénal économique et de sanctions internationales, il assiste les entrepreneurs, les dirigeants, les institutions et les familles ayant des intérêts en Europe et en Amérique.
